Los cambios que introdujo la ley del 'solo sí es sí' en el Código Penal y los delitos sexuales serán sometidos a nuevos cambios. Así lo ha anunciado el PSOE, con una propuesta sujeta a modificaciones y que aboga por elevar las condenas mínimas de las agresiones sexuales pero sin volver a diferenciar entre violaciones y abusos. A falta de conocer el contenido concreto y definitivo del texto, expertas en Derecho Penal consultadas por elDiario.es inciden en que ninguna reforma conseguirá frenar el goteo de revisiones a la baja de estas condenas en base a delitos sexuales cometidos o enjuiciados con la ley del 'solo sí es sí' en vigor.
Paz Lloria es catedrática de la Universitat de València y considera que “mientras esté en vigor esta ley, la norma que se va a aplicar es esa”. Incluso con la futura reforma en vigor, si un delito sexual se cometió antes de ese cambio, se seguirá aplicando la ley del 'solo sí es sí'. Ella está en contra de introducir cambios en este sentido. “No se puede hacer nada y no soy partidaria de modificarla. El principio de legalidad nos obliga y si vamos cambiando la norma según nos viene el viento, estamos perturbando la seguridad jurídica. Si no nos convence cómo queda y la volvemos a cambiar en función de los intereses que uno tenga... El derecho penal no es un juguete”, concluye.
En conversación con elDiario.es, la catedrática entiende que las revisiones a la baja de condenas no justifican este cambio y que el foco debería estar en otros aspectos de la norma y el actual Código Penal. “No es el momento de realizar ningún cambio, no creo que las rebajas de pena sean tan elevadas. Poner el foco en que, como se rebaja la pena, está muy mal, yo creo que no. Las penas que tienen estos delitos se solapaban muchas veces con las del homicidio y puede haber problemas, en ese sentido, de proporcionalidad”, analiza.
El legislador, explica, no elige las condenas “porque sí”, sino que los castigos obedecen “a criterios técnicos y a la proporcionalidad de pena al hecho cometido”. “No hay una desproporción en estos momentos y considero que tocar esto es un error”, añade. Lloria invita a analizar las cuestiones relativas a la prevención de los delitos sexuales, algo que “no tiene nada que ver con la pena, sino con otras medidas de la ley que son muy importantes y no se han puesto el foco: las educativas y de prevención, detección y acompañamiento de las víctimas. Esas son las importantes”.
El origen de la controversia, entiende, está en la unificación de los delitos de agresión y abusos sexuales. “Si todo es agresión, evidentemente desde un punto de vista sociológico parece que todo deba merecer mucha pena y este es uno de los fracasos de esta norma. Esto hace que el marco penal deba ser amplio”, explica. Esta catedrática, que afirma que siempre ha sido “muy crítica” con la parte de la reforma que modificó el articulado del Código Penal, entiende que subir las penas podría ser “una solución a futuro” pero con un precio a pagar desde el punto de vista de la seguridad jurídica: “¿Dónde queda la motivación de la reforma, para qué hemos hecho esto? Todo el fundamento de cómo y por qué se castiga lo tendríamos que reducir a un ámbito electoralista y las normas penales no están para eso”, zanja.
Los jueces, afirma, tienen que tener “libertad, dentro de los criterios y normas, para valorar cada caso, y cada caso es un mundo y desde mi punto de vista sería dar un paso atrás en las garantías y derecho de un estado democrático, limitaría el principio de retroactividad de la norma”, añade.
“No creo que la solución sea agravar la pena”
María Acale es catedrática de derecho penal en la Universidad de Cádiz y participó en la redacción del primer anteproyecto de la norma. En conversación telefónica con elDiario.es, entiende que la actual ley del 'solo sí es sí' no necesita cambios para aumentar las condenas mínimas de las agresiones sexuales y explica, al igual que Lloria, que un cambio en ese sentido no frenaría las revisiones a la baja que se están produciendo en todo el país: “Cualquier reforma que se produzca para endurecer la regulación no puede aplicarse retroactivamente. De llevarse a cabo, es de cara al futuro”.
La catedrática considera que ha existido un problema en la aplicación de la nueva norma por parte de algunos tribunales porque varios jueces se han limitado a “hacer matemáticas” sin examinar todas las herramientas que recoge la nueva norma. “No creo que la solución sea agravar la pena, pasa por asegurarnos de que el tiempo que están en prisión no estén cruzados de brazos”, explica.
Todas las leyes, dice, son “mejorables” pero entiende que la controversia en torno a la ley del 'solo sí es sí' está relacionada con su interpretación y no con su contenido literal: “La situación en la que estamos no depende ya de la tenor literal de un precepto, sino que está dependiendo de la aplicación que se está llevando a cabo por parte de los tribunales”. Después de “aquellos primeros días en los que se hizo una suerte de matemática de primero de la ESO” para comparar una ley con otra y firmar rebajas, apunta, “las últimas resoluciones, por fin, empiezan a tomarse en serio el contenido de la reforma”.
Para esta experta en Derecho Penal de la Universidad de Cádiz la norma no necesita cambios para evitar rebajas porque ya contiene herramientas suficientes que, según destaca, están siendo ignoradas por algunos tribunales y juzgados. “La pena establecida se va a imponer sin perjuicio de la pena que le pudiera corresponder por los actos de violencia o intimidación”, explica al entender que según la nueva ley cualquier violencia que use un violador para conseguir su objetivo debería llevar a una condena adicional de cárcel. “Esa previsión ha sido ignorada por muchísimos de los autos que tenemos por delante”, afirma.
“La ley tenía instrumentos suficientes”
Acale reprocha a muchas de estas resoluciones judiciales que se hayan hecho “matemáticas puras y simples”, algo que “está dando lugar a muchas injusticias”. Autos en los que, por ejemplo, una Audiencia Provincial razona que si la nueva condena mínima de un delito es más baja que la condena mínima que se impuso a un violador, su condena debe adaptarse a la baja. “Sin siquiera repetir los hechos, saber lo que pasó, si se empleó violencia, intimidación… se están ignorando materialmente los hechos”, lamenta.
A su juicio, “la ley tenía instrumentos suficientes para haber contenido esta situación”, y cita por ejemplo las nuevas posibilidades para agravar una condena por delito sexual o la obligación de demostrar el progreso de un pedófilo condenado en los cursos de recuperación para poder obtener el tercer grado penitenciario. El análisis que se está haciendo, entiende, es “muy superficial” cuando en España, añade, “la víctima está protegida, hay un paquete penológico que las acompaña”.
Finalmente, Acale se muestra abiertamente contraria a una reforma que apueste por elevar las penas. “¿Vamos a modificar en un momento pre electoral, en el que no existe tranquilidad para ponerse a legislar, una reforma de una ley que no ha sido ni siquiera desarrollada? ¿No estamos poniendo los parches antes de la herida?”, se pregunta. “Esto va a llevarnos a un embrutecimiento del Código Penal”, lamenta mientras recuerda la aprobación de 1995, cuando se redujo la condena del delito de violación “porque había una desproporción enorme”, con penas que superaban al homicidio, afirma. “La reducción de penas que se produjo entonces que fue muy elevada y no dio lugar a un incremento de la delincuencia sexual. ¿Alguien se ha creído que el delincuente sexual hace un análisis económico de la pena del delito?”, pregunta.
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