El expolítico del PP Rodrigo de Santos será juzgado en septiembre por agredir sexualmente a dos hombres en una ONG

La Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid juzgará los próximos 20, 21 y 22 de septiembre al expolítico del PP Rodrigo de Santos por agredir sexualmente a dos reclusos mientras disfrutaban de permisos en las casas de acogida de la ONG Horizontes Abiertos-Padre Garralda, en la que el exteniente de alcalde Palma fue contratado tras salir de prisión, según el caso que desveló elDiario.es en julio de 2018. 

La Fiscalía pide 20 años de cárcel para De Santos, 15 por un delito de agresión sexual continuada a uno de los reclusos y otros cinco por otra agresión sexual a un segundo. Una de las acusaciones particulares eleva su petición a 94 años de cárcel. De Santos fue contratado en Horizontes Abiertos, próxima al PP, pese a sus antecedentes por delitos sexuales.

Rodrigo de Santos llegó a Horizontes Abiertos en septiembre de 2014, seis meses después de salir en tercer grado. Había pasado cinco años en la cárcel por abusar de dos menores, amigos de sus hijos, y por gastarse 50.000 euros del Ayuntamiento de Palma en cocaína y prostitución masculina mientras exhibía militancia ultracatólica. 

A los pocos meses pasó de voluntario a contratado en la ONG y terminó ascendido a responsable de una de las casas de acogida en abril de 2017, esto último con la también política del PP María Dolores Navarro como presidenta de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos. Navarro tuvo que dimitir tras la detención de Rodrigo de Santos, que tuvo lugar en diciembre de 2017. Exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Lola Navarro fue diputada en autonómica en el primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero se quedó fuera de las listas para las elecciones del pasado 4 de mayo. En los últimos días ha estado recogiendo firmas contra los indultos del procés en el distrito madrileño de Arganzuela, donde sigue ejerciendo como presidenta del PP bajo el lema 'Indultos, no. Justicia, sí'.

El relato de la Fiscalía explica cómo entre los meses de febrero y julio de 2017, Benjamín (nombre supuesto), que entonces tenía 29 años, estuvo residiendo durante sus permisos penitenciarios en las casas Javier I y Javier II que la ONG fundada por el Padre Garralda, ya fallecido, tiene en Madrid. Los presos que no tienen arraigo son acogidos por la ONG para que puedan disfrutar de las salidas y ésta informa a Prisiones de su comportamiento durante las mismas. 

Durante la estancia de Benjamín en las casas, Rodrigo de Santos “le obligó en siete ocasiones, sin que puedan concretarse las fechas, a mantener relaciones sexuales con él”, escribe el fiscal. Según consta en las actuaciones, De Santos practicaba felaciones a la víctima para que luego éste le realizara penetraciones anales. Rodrigo de Santos, añade, lo hacía bajo “la amenaza de retirarle el aval por parte de la Fundación, imprescindible para poder disfrutar de los permisos penitenciarios”. 

De la segunda víctima, la Fiscalía concluye que sufrió dos delitos de agresión sexual con la agravante de reincidencia por tocamientos realizados en el domicilio de De Santos, a donde llevó a Rachid (también nombre ficticio) en uno de los permisos penitenciarios del joven. La Fiscalía suma a los veinte años años de cárcel que Rodrigo de Santos no se pueda acercar a sus víctimas a menos de 500 metros durante otros veinte años en el caso de Benjamín y 10 en el de Rachid. También solicita la libertad vigilada cuando salga de la cárcel y que participe en programas de educación sexual. 

Tanto el Ministerio Público como la acusación particular solicitan que la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, en el ámbito de cuya actividad se produjeron las presuntas agresiones sexuales, sea condenada como responsable civil subsidiario para que atienda las multas e indemnizaciones a las que pueda condenarse a De Santos si este se declara insolvente.

La Fundación Padre Garralda, con un patronato vinculado al PP, intentó personarse como acusación popular contra De Santos dos años después de que el antiguo concejal de Urbanismo de Palma fuera detenido, tiempo en el que la ONG se desentendió de los jóvenes presuntas víctimas del depredador sexual. El juez Escalonilla rechazó la pretensión de Horizontes Abiertos y declaró su responsabilidad civil subsidiaria. La acusación particular señala en su escrito de acusación que De Santos fue contratado tras salir de la cárcel “por afinidad ideológica”.

Cuando se produjeron los hechos, el Patronato de la fundación estaba integrado por dos exconsejeros de Esperanza Aguirre, Regina Plañiol y Luis Perales, así como por el exsecretario de Estado de Comercio con Rajoy, Jaime García-Legaz, quien se marchó por la gestión del caso de la entonces presidenta, Lola Navarro, y volvió después como vicepresidente. Todos pertenecen a la corriente más conservadora en asuntos de moral dentro del PP. En la actualidad solo tres personas componen el patronato: su presidenta, María Matos González de Careaga, el propio García Legaz y Celia Ordoñez.