El expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos es el candidato menos idóneo de la terna presentada por España para aportar un nuevo miembro al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Así lo ha valorado una comisión de diez miembros del Consejo de Europa que entrevistó a los tres candidatos españoles y que calificó con un cero a Pérez de los Cobos, han informado a eldiario.es fuentes del organismo europeo.
Este informe de la comisión especializada no es vinculante para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que elige este martes en pleno al español que sustituirá a Luis López Guerra y que integrará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta 2026.
Junto a Pérez de los Cobos, España ha presentado en una terna obligatoria al director de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Martín y Pérez de Nanclares, y a la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, María Elósegui. Martín y Pérez de Nanclares ha sido el más valorado, obteniendo siete votos; mientras que Elósegui se hizo con los tres restantes, de los 10 en juego.
La calificación de Pérez de los Cobos, militante del PP entre 2008 y 2011, supone un revés para las aspiraciones del Gobierno de Mariano Rajoy, que aupó al magistrado conservador a presidente del Tribunal Constitucional, un puesto que ocupó hasta el año pasado.
Fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es consideran a los otros dos aspirantes como “candidatos de paja” que no podrían competir ante los miembros del Consejo de Europa con todo un expresidente del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la calificación de Pérez de los Cobos ante la comisión deja en el aire el apoyo parlamentario de la Asamblea y lo fía todo a la capacidad del PP para maniobrar en su seno a favor de un candidato con 0 votos de valoración.
Pérez de los Cobos, en un francés “bastante correcto”
La comisión de diez miembros entrevistó el 12 de enero a los tres candidatos y después emitió sus calificaciones, de las que ha informado al presidente de cada grupo para que sus miembros las tengan en consideración. Pérez de los Cobos se expresó en un francés “bastante correcto” durante la prueba del tribunal.
La Asamblea del Consejo de Europa está compuesta por 324 miembros y otros 324 suplentes que se reparten en siete grupos políticos. España tiene 12 representantes y otros tantos suplentes, entre diputados y senadores. De los representantes, la mitad pertenecen al Partido Popular, tres al PSOE, uno a Unidos Podemos, otro a Ciudadanos y uno más al PNV. Entre los suplentes figura Jordi Xuclà, el único de los representantes del Estado español que integró la comisión que calificó a los tres candidatos.
El empeño del Gobierno del PP por ubicar a Pérez de los Cobos en el TEDH se remonta a enero del pasado año, según fuentes progresistas de la judicatura. Fue entonces cuando el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que establecía en 61 años el máximo de edad para aspirar a la plaza española en el Tribunal Europeo. Las mismas fuentes atribuyen esa modificación a sacar de la pugna a María Emilia Casas, también expresidenta del Tribunal Constitucional y con aspiraciones en aquel momento a integrar el TEDH.
El argumento para ubicar ese límite de edad era que los magistrados pueden estar un máximo de nueve años en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que la jubilación que establece éste se sitúa en los 70. Pero Jueces para la Democracia recurrió el acuerdo ante el Tribunal Supremo por motivos de discriminación -no solo de edad, también de género, ya que las mujeres habían tenido acceso a la judicatura más tarde que los hombres en España-, y la sección de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal le dio la razón, anulando dicho acuerdo.
Para cuando el Tribunal falló, María Emilia Casas había decidido no concurrir a la plaza y el camino quedaba despejado para Pérez de los Cobos, que se ha visto acompañado por dos candidatos con un currículum sobresaliente, pero siempre menos destacado que el del expresidente del tribunal que interpreta la norma fundamental española.