La Junta de Extremadura desahucia familias que habitan viviendas de titularidad pública

La Junta de Extremadura ha abierto desde hace unos meses más de 700 expedientes a familias que habitan viviendas sociales de titularidad pública para exigirles el pago de sus deudas, que oscilan entre 3000 y 9000 euros, si no quieren ser desahuciadas. A estas alturas, han desalojado ya de sus casas a 37 familias, según ha denunciado Víctor Casco, diputado de IU en Extremadura.

La mayor parte de esas familias, ha señalado Castro a eldiario.es, subsisten sin ningún tipo de ingreso: “En el mejor de los casos cobran el subsidio de 426 euros”. “Si se miran las fechas en las que han dejado de pagar, todas se remontan al año 2007, con el estallido de la crisis”, ha apuntado Castro.

De todos los expedientes que ha incoado la Junta, dos se les han abierto a mujeres víctimas de violencia de género. Una de ellas vive con dos nietos, de 10 y 6 años, y sobrevive con unos ingresos mensuales de 150 euros, que gana limpiando hogares, y una ayuda anual de 580 euros que le da su hija, la que corresponde a la “prestación económica por hijo o menor acogido a su cargo”.

Esta mujer adeuda alrededor de 9000 euros y el año pasado la Junta inició los trámites para desahuciarla. Ante esa situación, ella envió una carta a la Consejería de Vivienda en la que formulaba un recurso de alzada, explicaba su situación y se comprometía a pagar desde entonces todas las mensualidades gracias a la ayuda de tres de sus hijos [la carta, al final de esta información]. Decía además que estaba buscando trabajo. La Consejería de Vivienda extremeña desestimó su recurso y concluyó que o pagaba o se quedaba sin vivienda.

Castro ha denunciado además que la Junta no está cumpliendo la paralización de los desahucios que IU y PSOE aprobaron el 26 de julio de este año a través de una iniciativa en la que pedían que se investigara con detalle cada caso. “En breve registraremos otra iniciativa para que se cumpla lo acordado”, ha afirmado el diputado, que además ha advertido que si la Junta continúa con sus intentos se encerrarán con los vecinos para intentar impedir que sean desahuciados.

eldiario.es se ha puesto en contacto con la Junta de Extremadura y la Consejería de Vivienda, sin éxito hasta el momento.

La carta que envió una de las mujeres amenazada de desahucio a la Junta

... ... ... con DNI ... Que habiendo recibido con fecha 8 de abril Resolución del Sr. Director General de Vivienda y Arquitectura de fecha 24 de febrero de 2011 de desahucio de la vivienda que ocupo en régimen de alquiler en la ..., vengo a fomular RECURSO DE ALZADA ante el SR. Consejero por los siguientes motivos:

Que no he podido hacer frente al pago del alquiler no por mala fe sino por imposibilidad económica ya que mis únicos ingresos ascienden a 150 euros que cobro por hacer tareas domésticas.

Que tengo a mi cargo desde seis años a dos nietos, que en la actualidad tienen 9 y 5.

Que ni el padre ni la madre de estos niños me ayudan económicamente.

Que la única ayuda que recibo, porque me lo da su madre, es la “prestación económica por hijo o menor acogido a su cargo” que asciende a 580 euros al año, fraccionado en dos pagas.

Que no tengo propiedad alguna ni ahorros porque el padre de mis cinco hijos me abandonó cuando el mayor contaba 13 años y que nunca me pasó pensión alguna para su manutención y que yo no me atreví a reclamarle por el miedo que le tenía ya que me pegaba cuando estuvimos casados con asiduidad.

Que sobrevivo y le doy a mis nietos una vida normalizada gracias al apoyo económico de 4 de mis hijos.

Que ninguno de mis hijos tiene una vivienda ni condiciones económicas para poder recogernos a mí con mis dos nietos.

Que he intentado encontrar otras casas donde trabajar en el horario escolar de mis nietos pero que debido al exceso de oferta no encuentro nada.

Que me comprometo a pagar a partir de ahora todas las mensualidades de forma regular pues mis tres hijos, en tanto encuentro otro trabajo, haciendo un esfuerzo, me ayudarán a ello.

Por lo anteriormente expuesto solicito tenga a bien dejar sin efecto la Resolución por la que se acuerda la extinción del contrato de arrendamiento suscrito entre la Comunidad Autónoma y la que suscribe.

Badagoz a 14 de abril de 2011.