El empresario Alberto González Amador disparó sus ingresos en pandemia. Ganó cerca de dos millones de euros haciendo de intermediario con una empresa sin empleados, y cuando tuvo que pagar impuestos, ideó un sistema de facturas falsas y empresas pantalla para engañar a Hacienda. Esos son los hechos que han conducido a que la Fiscalía presente contra él una denuncia por dos delitos fiscales y otros de falsificación documental. Después de ese pelotazo en la pandemia, se compró el piso en el que vive con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Cuándo empieza la investigación?
La Agencia Tributaria comenzó a investigar a Alberto González Amador en mayo de 2022, cuando detectó movimientos sospechosos en las sociedades del novio de la presidenta de Madrid por su enriquecimiento durante la pandemia.
¿Qué detectó Hacienda?
La empresa de Alberto González Amador, Maxwel Cremona, incrementó enormemente su facturación durante la pandemia. Sus ingresos se multiplicaron por más de seis, hasta más de 2,3 millones, según sus cuentas anuales. Pese a ello, ante Hacienda declaró solo 8.400 euros de beneficio.
A la par, sus gastos también se dispararon. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha detectado que 1.748.580,63 euros corresponden a facturas presuntamente falsas por trabajos no realizados. Es decir, que intentó que a ojos de Hacienda, su beneficio fuese menor aparentando gastos que no se habían producido, para así pagar menos impuestos.
Además de recurrir a terceros, la pareja de la presidenta madrileña también utilizó una empresa pantalla —“mera sociedad interpuesta” la llama la Agencia Tributaria—, que adquirió a finales de 2020. Facturó en ella trabajos realizados con su empresa principal, a pesar de que esta no tenía trabajadores ni medios, y obtuvo una “ventaja fiscal inadmisible” para crear “de forma artificial, unas bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros”
¿Cómo sabe Hacienda que son facturas falsas?
La investigación ha detectado que esas facturas se emiten por empresas sin apenas actividad, muchas sin trabajadores, por conceptos genéricos y sin que se hayan acreditado los trabajos por los que supuestamente pagó.
¿Quién emitió esas facturas falsas?
La investigación de la Agencia Tributaria señala que Alberto González Amador buscó la colaboración de cuatro empresarios, propietarios en total de ocho empresas. Las del supuesto empresario mexicano Maximiliano Niederer –a quien la Agencia Tributaria acusa de ser un testaferro– emitieron dos facturas por 1.542.585 euros. Tres empresarios andaluces emitieron hasta 13 facturas por trabajos no realizados.
¿Cuánto ha defraudado?
La denuncia de la Fiscalía atribuye a Alberto González Amador un fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. En total, dejó de pagar 350.951 en impuestos.
¿De dónde vienen esos ingresos?
González Amador facturó con Maxwel Cremona 2.330.111,85 euros en 2020 y 1.376.024,98 en 2021. En total, 3,7 millones de euros en esos dos ejercicios. La principal fuente de ingresos es una comisión de 1.973.000 euros por mediar en un contrato de suministro de mascarillas y guantes en el contexto de la pandemia. Además, otros 997.453,83 euros los facturó a quien la Fiscalía señala como su “principal cliente”, el grupo empresarial Quirón Salud. El resto proviene de trabajos de consultoría.
¿Alberto González niega la deuda con Hacienda, como dice Ayuso?
No. Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo “es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros”, lo cierto es que hace más de un mes que su pareja había reconocido los delitos –“Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, consta en el email de su abogado– y se había ofrecido a pagar la deuda.
“Mi pareja no está en ninguna trama, está sufriendo una investigación salvaje de Hacienda sacada de quicio que se ha orquestado para dañarme a mí”. Él no piensa lo mismo: “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert (sic) González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal”. El empresario no ve una persecución, sino un proceso penal en el que, efectivamente, ha cometido unos delitos.
Ayuso también dijo que no había sociedades pantalla, ¿es cierto?
No. El informe de la Agencia Tributaria define como una “mera sociedad interpuesta” a Masterman and Whitaker, otra de las empresas de González Amador. Según Hacienda, la pareja de Ayuso la utilizó para “simular” que era esta sociedad la que había realizado un trabajo para el grupo de sanidad privada Quirón, su cliente habitual desde al menos 2017. Todo, con la intención de obtener una “ventaja fiscal inadmisible” al crear “de forma artificial unas bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros”. Además, González Amador tuvo hasta 2022 una empresa en Panamá creada por Fernando Camino, actual directivo de Quirón. Panamá es un territorio incluido en la última lista de paraísos fiscales de la UE.
¿Qué tiene que ver el piso en el que vive Ayuso con todo esto?
González Amador compró una lujosa vivienda en el centro de Madrid en el verano de 2022, después de defraudar más de 350.000 euros a Hacienda. Es la casa en la que convive desde hace meses con la presidenta. Además, ambos disfrutan de una segunda vivienda, un ático situado justo encima. Esta propiedad está a nombre de una sociedad que administra el abogado que representó a González Amador durante la inspección fiscal. En total, el domicilio familiar ocupa dos plantas y suma 387 metros cuadrados más la plaza de garaje.
¿De qué delitos le acusa la Fiscalía?
La Fiscalía considera que González Amador cometió dos delitos fiscales previstos en el artículo 305.1 del Código Penal relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios de 2020 y de 2021. Ese artículo castiga con penas de uno a cinco años de cárcel a quien eluda el pago de impuestos disfrutando “indebidamente” de beneficios fiscales. El delito contra la Hacienda Pública lleva aparejado también una pena de multa, que puede ir de la mera cuantía defraudada a multiplicar por seis esa cantidad.
Además, la denuncia también apunta a la existencia de un delito de falsedad documental porque, según los investigadores, para defraudar más de 350.000 euros necesitó la elaboración de hasta 15 facturas falsas para deducirse gastos y servicios que nunca existieron. Este delito está penado con penas de cárcel de entre seis meses y tres años, además de multas con cuotas de hasta 12 meses. No obstante, en estos casos se suelen castigar los delitos en concurso, por lo que las condenas son menores que las que se impondrían por ambos delitos por separado.
¿Qué puede pasar ahora?
La denuncia fue presentada en el juzgado por la Fiscalía el pasado 5 de marzo. Tras un procedimiento aleatorio de reparto, el caso ha recaído en el juzgado de instrucción número 19 de la Plaza de Castilla de Madrid. Ahora el juez tendrá que decidir si admite a trámite la denuncia o si la archiva.
En caso de que decida abrir una causa tendrá que pronunciarse sobre las diligencias que solicitó la Fiscalía en su denuncia, que reclamó tomar declaración a González Amador y el resto de implicados en calidad de imputados y como peritos a las inspectoras de Hacienda que hicieron los informes en los que se basa la investigación. Además, está sobre la mesa la propuesta de pacto por parte de González Amador para evitar la cárcel. Para ello, tendrá que reconocer los delitos cometidos y pagar las multas y el dinero que debe a las arcas públicas.
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