El Tribunal Constitucional acaba de dar un mazazo al Gobierno por partida doble: considera que el confinamiento de la población durante los peores momentos de la pandemia de la COVID–19 no se ajustó a derecho y permite a la derecha rearmarse contra Pedro Sánchez. El fallo del tribunal, que ha provocado un importante malestar en el Ejecutivo, da la razón a Vox, que impulsó un recurso contra el decreto de estado de alarma que ha sido estimado por seis votos frente a cinco en la sentencia redactada por el conservador Pedro González–Trevijano. La decisión no cuestiona las medidas adoptadas, como el confinamiento domiciliario, pero entiende que no se tomaron con la herramienta legal adecuada.
PP y Vox han aprovechado la resolución para cargar contra el Gobierno y pedir de nuevo la dimisión de Sánchez, a pesar de que ambos partidos secundaron la activación de la alarma, un instrumento que también recibió el aval del Consejo de Estado, de sentencias del Supremo, y a cuya ausencia se agarran ahora algunos jueces en su rechazo de restricciones como el toque de queda.
El partido de extrema derecha no ha tardado en lanzarse a la yugular del Ejecutivo arrogándose el éxito de la decisión del Constitucional. Es su primera gran victoria ante ese organismo que lleva tiempo sin fallar a favor de recursos del PP contra políticas progresistas, como la paridad de las listas electorales o la ampliación de los plazos de las instrucciones judiciales, o incluso en su batalla judicial contra el independentismo (avaló, por ejemplo, la candidatura de Carles Puigdemont a las elecciones europeas pese a los recursos de PP y Ciudadanos).
“El Tribunal Constitucional declara ilegal el primer estado de alarma decretado por Pedro Sánchez. Solo Vox votó en contra de un Gobierno que vulneró la Constitución”, se ha apresurado a decir en Twitter el partido de Santiago Abascal, que ha mentido dado que sus diputados secundaron la primera prórroga del estado de alarma que se votó el 25 de marzo de 2020 en el Congreso. Es más, el líder de la extrema derecha instó a Sánchez a decretar el estado de alarma días antes de que el Consejo de Ministros lo hiciera y mostró su total respaldo una vez se aprobó. “Espero de todos los representantes públicos de Vox la máxima colaboración con las medidas anunciadas”, llegó a decir en un tuit en el que también añadía que llegaría el momento de “exigir responsabilidades”.
Vox no tardó en descolgarse del consenso y en la siguiente prórroga del estado de alarma votó en contra, junto a un diputado de ERC y la CUP. Con el paso de las semanas del confinamiento, la extrema derecha fue endureciendo su discurso, alentando las caceroladas contra el Ejecutivo de Sánchez y recurrió el confinamiento ante el Constitucional obligando al PP a desmarcarse también del apoyo mayoritario a la alarma: el 6 de mayo se abstuvo y quince días después pasó al 'no' poniendo la negociación de las prórrogas muy complicadas para Moncloa.
Cruce de reproches entre PP y Vox
Más allá de la baza que un tribunal completamente dividido ha dado a Vox, el fallo recrudece la guerra dentro de la derecha. El partido de Abascal ha aprovechado para enviar una pulla al PP tras su victoria en el tribunal al insistir en la moción de censura que también Ciudadanos quiere ahora que impulse Casado, pese a que los números no les dan para desbancar a la coalición.
PP y Vox se han enzarzado en una batalla en redes sociales a raíz del fallo del Constitucional después de que el número dos de Pablo Casado situara a su jefe de filas como el primero que lo vio. Teodoro García Egea se refería al debate parlamentario de la primera prórroga del estado de alarma en la que el jefe de la oposición habló de “estado de excepción encubierto” por las “competencias extraordinarias” que tenía el Gobierno gracias a la alarma. “Afecta a la limitación de derechos fundamentales que no recoge la Constitución en la figura que hoy aprobamos. Por ese motivo, ni siquiera hemos presentado enmiendas al decreto, no porque no sea mejorable, que lo es y mucho, sino porque ya ha excedido con creces su alcance constitucional”, expresó Casado, que mostró su respaldo “por sentido de Estado y por lealtad institucional”. Duró poco.
“¡Qué poca vergüenza tenéis! Votasteis a favor del estado de alarma y en contra de la moción de censura”, ha respondido Vox desde su cuenta oficial. “Para una vez que votamos lo mismo…”, ha contestado, a su vez, García Egea a los que son sus socios en prácticamente todos los lugares en los que el PP tiene el poder.
Casado ha aprovechado su presencia en un acto en Melilla para reivindicar su posición tanto a favor como en contra del estado de alarma. “Aguantamos las críticas de muchos por decir que retirábamos nuestro apoyo al Estado de alarma. Incluso aguantamos las críticas de muchos por decir que lo apoyábamos, aunque dijimos que sabíamos que desbordaba el marco constitucional; pero que no aguantábamos 1000 muertos diarios”, ha expresado el líder del PP, que ha reivindicado su plan B jurídico en forma de ley de pandemias que no habría servido para encerrar a los ciudadanos en su casa al tratarse de una legislación ordinaria cuando precisamente el Constitucional considera que tendría que haberse hecho mediante el estado de excepción, que es un grado más que el de alarma.
El PP insiste, además, en que esa ley de pandemias permitiría hacer frente a la quinta ola que está afrontando España. Sin embargo, la mayoría de tribunales han rechazado el toque de queda al considerar que la restricción de derechos fundamentales como la movilidad –en este caso en el periodo nocturno– tienen que llevarse a cabo en el marco constitucional de la alarma.
“¡No tenéis vergüenza! [ha insistido Vox en Twitter en respuesta a Casado]. Votasteis a favor de todos los estados de alarma y os abstuvisteis en la prórroga de 6 meses más. ¡Hasta propusisteis una ley nacional para limitar el derecho a la libre circulación de los españoles!”. El partido de extrema derecha ha instigado a los ciudadanos a intentar recuperar el dinero de las multas que se pusieron en el marco del estado de alarma –aunque muchas no se han cobrado o han sido revertidas por los tribunales–. El Constitucional, además, blinda al Estado para que no pueda haber reclamaciones de pérdidas patrimoniales por la inconstitucionalidad de la alarma.
El Gobierno cree que actuó en los “parámetros constitucionales”
En todo caso, para Moncloa el fallo del Constitucional supone un varapalo que da munición a la derecha. El Gobierno no ha ocultado el enfado por la sentencia que considera un fallo “sin precedentes” dado que en todos los países del entorno se usó legislación similar para el inédito confinamiento. Fuentes gubernamentales han mostrado, además, su “sorpresa” por el carácter “inédito” del fallo, que recuerdan que ha salido por un margen estrecho de un solo voto, y se reafirman “en que aquel Real Decreto del Estado de Alarma era absolutamente imprescindible para salvar vidas y conforme a la Constitución y a la ley orgánica del estado de alarma”.
A pesar de que fueron la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el actual ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, los que estuvieron en la letra pequeña de ese decreto excepcional, Moncloa ha dejado en manos de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, las explicaciones oficiales sobre el fallo que, según ha dicho, “el Gobierno respeta pero no comparte”. “El Gobierno respeta el criterio de los seis magistrados que han apoyado la resolución si bien considera que la actuación fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han defendido en esa misma resolución otros cinco magistrados. En esos mismos términos se pronunciaron el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en resoluciones anteriores que se refirieron al estado de alarma”, ha resumido Llop.
“El deber del Gobierno era tomar medidas inmediatas, urgentes y proporcionadas ante la propagación de un virus desconocido –ha expresado en una comparecencia sin presencia de los periodistas ni la posibilidad de formular preguntas–. El confinamiento y la conducta ejemplar de los españoles nos permitió frenar al virus”. Llop ha asegurado que el decreto de alarma “permitió salvar cientos de miles de vidas”.
El PSOE apunta al bloqueo del PP
El PSOE eleva aún más el tono y se revuelve contra la decisión. Fuentes socialistas critican que el tribunal pretenda ser más “invasivo” en los derechos fundamentales con la aplicación del estado de excepción, que es más restrictivo y atribuyen ese posicionamiento a una “mente conservadora” frente al posicionamiento “más proporcionado” que mantuvo, a su juicio, el Gobierno. En todo caso, los socialistas sostienen que el tribunal “no ha cuestionado que la gente se confine sino si lo tenía que hacer con un estado de alarma o de excepción y señalan que el segundo habría tenido al Ejecutivo ”atado de pies y manos“ en esos momentos de propagación descontrolada del virus ya que requiere que se vote en el Congreso antes de aplicarlo –además de que solo se puede mantener un máximo de 60 días frente a los más de 90 que se España tuvo restricciones–. ”El Gobierno actuó como el resto de gobiernos occidentales. No existe ningún ejemplo de país que haya usado el estado de excepción para luchar contra la COVID“, señalan en el PSOE.
Los socialistas también recuerdan que el Constitucional avaló el 30 de abril de 2020 en un fallo el estado de alarma y que el Supremo “declaró que el estado de excepción no está previsto para supuestos como el que nos afecta sino en los que se ve alterado el orden público”. “Es insólito que una sentencia de esta importancia para el país y para luchar contra la pandemia se haya adoptado con posiciones tan alejadas de los magistrados y contra el criterio previo del Constitucional y las dos sentencias del Supremo”, rematan.
“Habría que preguntarse, en este momento que el Constitucional tiene 11 magistrados de los que 8 son conservadores, si es el motivo por el que el PP no quiere renovar los órganos constitucionales”, apuntan los socialistas, que ven “lamentable” que PP y Vox hayan usado el estado de alarma contra el Gobierno tras apoyarlo en el Congreso.