El falso cura que asaltó la casa de Bárcenas: ¿solo o a las órdenes de otros?

Enrique Olivares García se lleva a la tumba la verdad sobre su asalto a la casa de la familia Bárcenas, armado con un revólver y disfrazado de cura. ¿Actuó en solitario, fruto de la enajenación, o lo hizo a las órdenes de alguien? En libertad vigilada, Olivares falleció el 15 de enero en su Cuenca natal cuando aún está pendiente que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el futuro de la investigación del suceso con la apariencia más rocambolesca de cuantos se han investigado en el caso Kitchen.

El juez Manuel García Castellón decretó el fin de la instrucción de toda la pieza en julio pasado, pero la Fiscalía Anticorrupción recurrió al considerar que no se ha profundizado lo suficiente en varios aspectos de la trama: la participación de la cúpula del Partido Popular en el espionaje a su extesorero y la existencia de una segunda fase dentro de la cárcel donde ingresó Bárcenas en 2013. En su escrito, la Fiscalía también pide ahondar en la acción del falso cura, para aclarar si Olivares actuó por cuenta propia o a las órdenes de algún “servicio de la seguridad del Estado”, tal y como menciona Anticorrupción en su escrito. 

Los fiscales reconocen que la hipótesis de la operación encubierta se sostiene “en indicios de carácter ciertamente livianos”, pero recuerdan, en clara alusión al propio juez instructor, que dicha hipótesis “marcó una línea de investigación” dentro de la causa, consistente en dilucidar si “más allá de un hecho aislado llevado a cabo por un individuo, [el asalto] constituía un episodio más del plan criminal ejecutado en el marco de la operación Kitchen”.

Hay tres indicios que llevan a los fiscales a incluir el caso del falso cura en su recurso ante la Sala de lo Penal. El primero trata de los medios con los que contó para defenderse Enrique Olivares, un individuo casi en la indigencia y miembro de una humilde familia, que sin embargo contó para su defensa con un abogado que le proporcionó alguien cuya identidad continúa en secreto. El segundo interrogante se refiere a sus ingresos estando en la cárcel: ¿Quién cebaba continuamente la cuenta del preso en la cárcel? Y por último, ¿quiénes son y qué querían los policías que visitaron en prisión a Olivares el 1 de diciembre de 2015, apenas unos días después de que aparecieran las primeras informaciones publicadas sobre la operación Kitchen?

La decisión definitiva sobre la reapertura de la investigación depende de la Audiencia Nacional. Una nueva rectificación de la Sala de lo Penal a García Castellón abriría la puerta a indagar si hubo un solo espionaje a Bárcenas, protagonizado por los mandos que están imputados de la Policía Nacional, o si otros servicios de Información se pusieron al servicio de los intereses del partido entonces en el Gobierno. Y en este contexto, surge la siguiente pregunta respecto al falso cura: ¿Alguno de esos servicios se habría atrevido a introducir en la casa de Bárcenas a un individuo tan inestable, armado con un viejo revólver, para recuperar la información comprometedora para el PP?

El trasiego de abogados

Andrés Ruiz Cubero es el abogado que llevó el caso de Enrique Olivares hasta el Tribunal Supremo. Ruiz Cubero cuenta que fue un cliente del despacho que tiene en Cuenca -cuenta con otra sede en Madrid- quien le pidió el favor de que defendiera a Enrique Olivares. Como gesto hacia su cliente, Ruiz Cubero asegura que no cobró. El abogado preserva la identidad de la persona que le pidió ese favor. Al preguntarle si está relacionado con la política o las Fuerzas de Seguridad, el abogado ríe y añade: “No, no, nada de eso”. Ruiz Cubero, que defendió a Olivares en el juicio, reflexiona: “Enrique estaba trastornado. ¿A quién se le podría haber ocurrido utilizarlo para algo así?”.

El abogado Andrés Ruiz Cubero es hermano del ex funcionario de prisiones Javier Ruiz Cubero, imputado en la pieza del caso Villarejo que investiga el intento de venta de información del comisario desde la cárcel. Javier Ruiz Cubero está condenado por atracar bancos y coincidió en el módulo de funcionarios de Estremera con José Manuel Villarejo. Sobre él pesa ahora la imputación de aprovechar los permisos penitenciarios para poner la mercancía de Villarejo en el mercado. Respecto a que Javier sea el hermano del abogado que defendió gratis al falso cura, los fiscales dicen en su escrito que “no parece una simple casualidad”. El abogado Andrés Ruiz Cubero niega taxativamente cualquier relación entre su hermano y el hecho de que él ejerciera la defensa del falso cura.

La documentación remitida por Instituciones Penitenciarias a la Audiencia Nacional en enero de 2019 recoge todas las visitas que recibió en la cárcel Olivares. Los papeles parecen el resultado de introducir en una aplicación informática el nombre de Enrique Olivares García. Sin contexto, el contenido resulta a simple vista desconcertante. De su estudio puede deducirse que al menos cinco letrados visitaron puntualmente a Olivares en prisión y que ninguno tenía vinculación con el despacho de Ruiz Cubero. Junto a las visitas de esos cinco letrados sobre los que se interrogan los fiscales aparece una casilla en la que se lee: “Expresamente llamados”. Se entiende que por Olivares.

elDiario.es ha logrado ponerse en contacto con cuatro de esos cinco abogados y coinciden en señalar que le atendieron porque clientes suyos coincidieron en prisión con Enrique y le recomendaron sus servicios. Estos letrados aprovecharon algunas de las visitas a sus defendidos para entrevistarse con el falso cura en las prisiones madrileñas de Valdemoro y Estremera, pero todos rechazaron hacerse cargo de su representación. 

Entre esos abogados algunos no recuerdan bien la entrevista, apenas unos minutos en un locutorio hace cinco o más años, pero los que sí retienen aquellos encuentros coinciden en que era una persona con las facultades mentales alteradas. La letrada María Fernández Pérez-Revuelta, que se entrevistó con él en noviembre de 2014, al mes siguiente de ser detenido, asegura que ya entonces el interés de Olivares era “la prensa”. Lo confirma el abogado Miguel García Pajuelo, quien explica que rechazó asistir a Olivares porque éste no quería asistencia jurídica sino otra “a nivel mediático”. García Pajuelo había sido requerido por el falso cura casi dos años después de que el Tribunal Supremo ratificara la condena a 22 años de cárcel impuesta por la Audiencia de Madrid.

Para añadir más confusión, el documento de Instituciones Penitenciarias recoge en el apartado de visitas de Olivares el nombre de infinidad de presos que coincidieron supuestamente con él en las dos cárceles. Entre ellos hay uno que a la postre se convertiría en protagonista de la operación Kitchen con el último levantamiento del secreto del sumario. ¿Por qué aparecen en la lista de visitas esos internos? elDiario.es no ha logrado recabar una explicación oficial de Instituciones Penitencias, pero una fuente de ese ámbito explica que el Colegio de Abogados presta un Servicio de Orientación Jurídica, gratuito, consistente en que uno de sus letrados se desplace a la cárcel y atienda las dudas de decenas de internos en una sola jornada. Todos esos reclusos que aparecen como visitas de Enrique Olivares serían, según esta explicación, internos que pidieron asesorarse en la misma jornada con idéntico abogado.

A falta de aclaración formal, eso explicaría que en el apartado de visitas a Olivares en Estremera, correspondiente al 2 de abril de 2015, aparezca Isidro Sánchez Suárez, el preso colombiano experto en informática que se ofreció a Bárcenas para descargar en un permiso archivos de la nube con conversaciones comprometedoras para Mariano Rajoy y que luego habría sido reclutado por los policías de la Kitchen como confidente. Antes de coincidir con Bárcenas en Soto del Real, Isidro Sánchez compartió el módulo 1 de Estremera con Enrique Olivares, según consta en documentación penitenciaria, ajena al sumario, que ha podido consultar este medio. 

La visita intempestiva de dos policías

El documento aportado por Instituciones Penitenciarias al juzgado recoge otro dato todavía por aclarar, al que también se refiere Anticorrupción en su recurso contra el cierre de la investigación. El 1 de diciembre de 2015, dos policías nacionales se presentan en Estremera pidiendo ver a Enrique Olivares. Aparecen sus números de identificación profesionales, aunque quedan reflejados como si fueran “pasaportes”. La visita se produjo apenas una semana después de que El Español publicara las primeras informaciones que aludían a la Operación Kitchen, así como parte de la documentación incautada durante la misma, que bautizó como 'los papeles de Rosalía’.

elDiario.es ha obtenido un dato desconocido hasta ahora: los agentes que visitaron en prisión a Enrique Olivares son un subinspector, que responde a las iniciales C. T. S. D, y un policía raso, A. V. R., destinados en la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) durante aquel invierno de 2015. ¿Por qué visitaron dos agentes de una unidad ajena a la investigación al falso cura dos años después de que fuera juzgado y condenado? ¿Buscaban información de otro caso o su visita estaba relacionada con el asalto a casa de los Bárcenas? La Dirección General de la Policía rechaza confirmar o desmentir la visita porque si fuera privada no tendría nada que añadir y si se hubiera producido en el marco de una investigación alega que éstas son secretas.

No es la primera vez que la UDEV aparece en el sumario del caso Kitchen sin que quede claro el motivo de su participación. Un policía amigo de Sergio Ríos, el chófer infiltrado al que luego se facilitó el acceso al Cuerpo, declaró a los agentes de Asuntos Internos que unos agentes de la citada unidad habían intentado recabar información del topo que se había colocado en la familia del tesorero durante 2013, el año que concentra el grueso de la operación Kitchen. 

El dinero del falso cura en prisión

“Perteneciendo a una familia sin recursos, Enrique Olivares recibía sistemáticamente ingresos en su cuenta penitenciaria de peculio, cuyo origen puede coadyuvar a demostrar que no habría actuado de modo aislado y autónomo”. La afirmación aparece en el escrito de la Fiscalía que está pendiente de resolución por la Sala de lo Penal.

Otra vez la documentación de Instituciones Penitenciarias es difícil de traducir y además está incompleta. Olivares ingresó como preventivo en octubre de 2013, pero los primeros datos son de febrero de 2015, diez meses después de que fuera condenado, y arrancan con su traslado a Estremera. La lista de gastos e ingresos se interrumpe, además, en enero de 2018, estando ya en la cárcel de Cuenca. El 1 de febrero de 2017, el interno Enrique Olivares García sumaba en su cuenta del peculio 4.751,28 euros, la cifra más alta de cuantas aparecen en la libreta que también ha tenido saldos de menos de 1.500 euros.

De ese documento se deduce que Olivares gozaba de una pensión de 368 euros y que la Tesorería General de la Seguridad Social, ya fuera por atrasos u otro concepto, le llegó a ingresar cifras más altas a esa en dos ocasiones. También tenía ingresos periódicos de 250 euros sin identificar su procedencia, según recuerda el fiscal, a excepción de uno de ellos, realizado por su madre. En su auto de procesamiento del caso Kitchen, el juez asegura que dicha documentación acredita los ingresos y la identidad de quien los hizo, al igual que da por buena la información sobre las visitas recibidas por el preso. 

El juez acusa a los fiscales de falta de “seriedad”

En el mismo auto, de 29 de julio pasado, García Castellón arremete contra las diligencias solicitadas por los fiscales. Les acusa de ignorar el resultado de las practicadas hasta ahora para esclarecer los hechos y añade: “No se ha recabado ningún indicio que permita sostener, con la seriedad que un proceso penal de esta naturaleza reclama, que el asalto al domicilio del señor Bárcenas estuviera directamente relacionado con la operación Kitchen, que es el objeto de investigación de la presente pieza separada”.

La pieza separada se abrió en 2018 y, durante más de dos años, el juez García Castellón impulsó la investigación al cura pese a que algunos de los indicios que le presentaban los fiscales procedían de “fuentes abiertas”, tales como una información de Okdiario en la que se aseguraba que los policías de la Kitchen habían pagado 10.000 euros al falso cura procedentes de los fondos reservados. O un reportaje de El Mundo publicado en diciembre de 2018 en el que se recogían unas declaraciones de la madre de Olivares, ya fallecida: “No ha confesado a la policía la verdad ni lo va a hacer. Pero al principio a mí me dijo que no estaba solo. Que le pagaron para entrar en esa casa. Y que había más gente detrás de lo que hizo”.

Dos meses después de aquella publicación agentes de Asuntos Internos tomaron declaración como testigo a Adoración García Cañada y pusieron por escrito que la mujer aseguraba desconocer “ninguna circunstancia relacionada con ese hecho [el asalto] ni con ningún otro”. “Su hijo nunca le ha contado nada en relación a los hechos en los que se encontrase vinculado, si bien es cierto que la declarante manifiesta que en reiteradas ocasiones intentó sonsacar a su hijo alguna información relacionada con ese hecho, obteniendo siempre como respuesta una negativa por parte de su hijo Enrique”, escribieron los policías en su informe. 

La salud mental de Olivares

A Olivares le constan cuatro antecedentes por robo entre los 17 y los 18 años, otro por pequeño tráfico de drogas cuando tenía 31 y uno más por estragos ya con 50, lo que dibuja una vida vinculada al delito. Una detención en Argentina en 2002 por no portar documentación acredita que pasó una parte de vida en Latinoamérica. De hecho, se casó y tiene hijos en México. 

A mediados de 2017, ya en la prisión de Cuenca, Enrique Olivares sufrió un ictus que afectó gravemente a su movilidad y capacidad para expresarse. elDiario.es reveló este hecho en diciembre de 2018, así como que el interno había sido trasladado a la cárcel de Aranjuez, un centro con mayor accesibilidad. Contra pronóstico, el preso recuperó facultades y comenzó a interactuar, sobre todo con un interno de acompañamiento que le fue asignado. Los fiscales han pedido, hasta ahora sin éxito, que se llame a declarar al citado recluso que interpretaba lo que quería decir Olivares.

La información sobre su recuperación motivó que el juez se pusiera al frente de una comisión que visitó en secreto a Olivares en Aranjuez. Acompañaron a García Castellón los fiscales del caso, el secretario del juzgado y una forense de la Audiencia Nacional. Allí comprobaron las dificultades de Olivares para expresarse, pero quedó pendiente el informe que redactara la forense para acordar su citación. Fuentes del caso aseguran que la facultativa se decantaba por la citación, ya que Olivares tenía capacidad para posicionarse sobre las preguntas que se le realizaran con ayuda del preso que le acompañaba. Pero la médico cayó gravemente enferma, llegó la pandemia y el informe nunca fue entregado.

En octubre de 2020, García Castellón hizo que trasladaran a Olivares hasta la Audiencia Nacional y allí lo reconoció otro forense, quien determinó que no reunía las “condiciones físicas y psíquicas” para declarar. El juez decidió entonces archivar la causa contra él en el marco del caso Kitchen.

El 9 de abril de 2014 se había celebrado el juicio por el asalto a la casa de Bárcenas. Olivares arrancó su declaración ante el fiscal asegurando: “Vengo con la mente clara y el corazón limpió”. Reconoció que la mentira del disfraz de cura le permitió acceder a casa de los Bárcenas, pero ahí se detuvo. Pidió un vaso de agua y se tomó una pastilla. A continuación, se echó las manos de la cabeza y comenzó a gritar: “¡Sáquenme estas voces de mi cabeza, por favor (…) yo les firmo 20 años, pero que estas voces salgan!”. El tribunal ordenó interrumpir la sesión, llamó al forense y este dictaminó que estaba fingiendo. La defensa del falso cura pedía la absolución por su estado mental. Enrique Olivares acabó condenado a 22 años de cárcel por tres delitos de secuestro, amenazas y posesión de armas. 

El domingo 16 de enero, eldiadigital.com informó de que Enrique Olivares García había fallecido la víspera en su Cuenca natal. Tenía 72 años y cumplía su condena en el domicilio familiar bajo control telemático por su deteriorado estado de salud.