Familias, cine o desperdicio alimentario: las leyes frustradas por el adelanto electoral

El adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno tras el batacazo electoral del 28M implica la inmediata disolución de Las Cortes. Y, en consecuencia, la imposibilidad de que se aprueben proyectos legislativos que se estaban tramitando. Así, se quedarán en el cajón iniciativas relevantes para el Ejecutivo de coalición, como la ley de familias o la ley del cine. Todos estos proyectos decaen automáticamente tras la disolución del Parlamento y su tramitación tendrían que empezar de cero en la próxima legislatura si así lo decide la futura mayoría que arrojen las urnas. 

Estas son las principales leyes que el adelanto electoral dejará sin aprobar:

Ley de familias. El proyecto fue aprobado en segunda vuelta en el Consejo de Ministros el pasado marzo y ya se había iniciado su tramitación en el Congreso. El texto que ya no verá la luz en esta legislatura introduce tres tipos de permisos remunerados para cuidar a los hijos, a familiares y convivientes, y amplía el número de beneficiarias del cheque de 100 euros para madres con hijos de 0 a 3 años (era solo para las madres trabajadoras y ahora iba a incluir también a las madres en paro). También prevé que las familias monomarentales tengan los mismos beneficios y derechos que las numerosas. 

Ley del desperdicio alimentario. En este caso, le quedaba un paso, el del Senado, donde esta semana comenzaba su tramitación en Comisión. Con ella, España hubiera sido el tercer país de la Unión Europea que intentaba legislar para evitar que más de 1.300 millones de kilos de comida acaben cada año en la basura. No solo en los hogares de los ciudadanos, sino también en los distintos eslabones de la cadena de producción, que tendrán que elaborar planes específicos de prevención para evitar el desperdicio.

Ley del cine y la cultura audiovisual. Era una de las iniciativas cuya tramitación estaba más avanzada, a falta de completar el paso por el Senado. Una de sus claves era la entrada de las series, lo que abría la posibilidad de que estas pudieran recibir ayudas para su producción. La introducción de las series provocaba que las plataformas tuvieran que ser transparentes con sus datos de visionado, algo que hasta ahora no ocurría.

Ley del mecenazgo. Con la disolución de las cámaras también decae la ley que pretendía equiparar la fiscalidad de todas las confesiones religiosas. El objetivo era que la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, los mormones y los testigos de Jehová disfrutaran de los mismos beneficios que la Iglesia Católica, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica.

Ley de enseñanzas artísticas. A pesar de que se estaba tramitando en el Parlamento por la vía de urgencia, la disolución de Las Cortes acaba también con una normativa que dividía a las facultades de Bellas Artes, que rechazaban el proyecto de ley, con los centros superiores, que lo apoyaban.

Ley de bomberos forestales. Tampoco verá la luz esta legislatura la ley que pretendía asegurar unas condiciones laborales y profesionales equivalentes a los bomberos forestales y agentes medioambientales en todo el país. Hasta ahora, las comunidades autónomas regulan ambas figuras conforme a sus competencias y esto provoca desigualdades entre los trabajadores.

Ley de movilidad sostenible. Tampoco se aprobará esta norma que, entre otras medidas, contempla la puesta en marcha de peajes en el centro de las ciudades para reducir las emisiones contaminantes. Hace unas semanas, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se mostraba confiada en una entrevista con elDiario.es en que la ley se aprobase antes de que acabase la legislatura, porque las enmiendas avanzaban positivamente. Ya no será posible. 

Ley de función pública. El texto presentado por el Gobierno se encontraba pendiente de su tramitación en el Congreso y tenía a los sindicatos del sector público pendientes. Entre otras cosas, incluye la mejora de las carreras profesionales, nuevas exigencias para los altos cargos o sistemas para medir la productividad apoyados en suplementos salariales.

Ley del defensor del cliente financiero. A falta de tramitación en el Senado queda la ley que buscaba aumentar la protección de los ciudadanos, y planteaba la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes, mediante una autoridad con autonomía e independencia, que pudiera tomar decisiones vinculantes. Incluía los servicios bancarios y de pagos, la comercialización de seguros, los fondos de pensiones y otros instrumentos de ahorro y la actividad de los fondos de inversión y otros agentes de mercados de capitales, incluyendo los criptoactivos.

Ley de la Fundación del Teatro Real. El Consejo  de Ministros acordó remitirlo al Congreso la semana pasada. La norma pretendía equiparar el Teatro Real a otras grandes instituciones del país que ya cuentan con ley propia, como el Museo Nacional del Prado, el Reina Sofía, la Biblioteca Nacional y la Filmoteca. Su objetivo es regular las peculiaridades propias del organismo y gestionar de manera más óptima la Fundación; así como consolidar su papel innovador e investigador y tecnológico.

Agencia de Salud Pública. El Consejo de Ministros aprobó en febrero, cuando todavía era Ministra Carolina Darias, y que tenía que ser el organismo que estuviera preparado para coordinar la acción frente a una nueva amenaza a la salud como la pandemia. De sanidad también se quedan pendientes el Plan Antitabaco y la regulación del cannabis medicinal. 

Ayudas a los agricultores por la sequía e Interrail. El Congreso tenían pendiente convalidar este jueves el decreto que incluye ayudas directas a los agricultores, como el complemento de hasta un 70% en la financiación de las pólizas por sequía o los 355 millones dedicados a cubrir la necesidad de usar más piensos. Ahora, el trámite queda en manos de la Diputación Permanente. En ese real decreto también se incluyó la rebaja del Interrail y el descuento del 90% para jóvenes que viajen en tren o bus por España. 

Subsidios de paro asistenciales. Es una de las normas comprometidas dentro del Plan Europeo para la Recuperación y Resiliencia tras la pandemia. Tenía que haberse aprobado en 2022, pero lleva cierto retraso. Como se preveía una aprobación por real decreto-ley, y está dentro de los compromisos con Bruselas, en principio podría salir adelante y que fuera ratificada por la diputación permanente en el Congreso.

Medidas anticrisis. También está pendiente la prórroga del decreto de ayudas frente a la inflación y las consecuencias de la guerra de Ucrania. Aunque las rebajas fiscales para la factura de la luz estaban contempladas hasta final de año, quedan algunas cosas en el aire como la rebaja del IVA a los alimentos. El Ejecutivo todavía no ha anunciado una decisión sobre su prórroga pero tendrían capacidad para hacerlo a través de real decreto, según apuntan fuentes del Ministerio de Hacienda. 

Medidas energéticas. El Ministerio para la Transición Ecológica tiene pendiente desde hace meses aprobar el real decreto para cambiar el sistema de cálculo de la tarifa regulada de electricidad. España lo comprometió con Bruselas a cambio de aprobar la excepción ibérica y debía de estar en vigor en enero, pero Competencia pidió aplazarlo. El pasado viernes, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, prometió que el nuevo PVPC estaría en vigor en junio. Otro aspecto pendiente es el decreto que debe regular las comunidades energéticas de energía. Y también el 30 de junio expira el plazo que da Bruselas a los Estados miembros para actualizar sus planes nacionales de energía y clima, el conocido como PNIEC en España. 

Con información de Marta Borraz, Natalia Chientaroli, Cristina G. Bolinches, Laura García Higueras, Diego Larrouy, Antonio M. Vélez, Laura Olías, Daniel Yebra, Javier Zurro y Elena Herrera.