El cierre de la investigación abierta por IU de Madrid (IUCM) sobre el uso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid no es suficiente para algunas federaciones de la coalición. Desde el pasado viernes, cuando IUCM zanjó el asunto y señaló como único responsable político al actual diputado regional Antero Ruiz, se han sucedido las resoluciones oficiales que apuntan a la necesidad de evitar que se cierre en falso y que apoyan que la dirección federal no permita que esto suceda.
La más contundente es la aprobada por la Presidencia regional de IU de las Islas Baleares (EUIB), ya que no se circunscribe al periodo que la Fiscalía Anticorrupción investiga, entre 2003 y 2012, sino a los últimos 29 años.
EUIB valora las decisiones tomadas en IU de Madrid pero asegura que “parece claro que los coordinadores” de IUCM “no se opusieron –por acción u omisión– a las prácticas fraudulentas, clientelares, especulativas y antisociales” de Caja Madrid y Bankia. Además, pide que la comisión de transparencia federal, creada para ayudar a la madrileña, “investigue las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre el dinero que Caja Madrid/Bankia destinó a la Fundación Fundeste”.
Tal y como publicó eldiario.es, Fundeste recibió 373.888 euros entre 2009 y 2011 de una forma que el Tribunal de Cuentas consideró contraria a la ley.
La resolución prosigue: “Entendemos que debe suspenderse cautelarmente de militancia a los coordinadores de IUCM durante la etapa en la que sucedieron los hechos que condenamos”, así como “a todos los miembros que han sido o son en la actualidad miembros de la dirección de la Fundación”.
Entre ellos estarían el actual número dos de IU, Miguel Reneses, así como el actual portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y presidente durante muchos años del Patronato de Fundeste, Ángel Pérez, y el actual presidente del grupo parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo.
Un día antes, el domingo, fue el Consejo Político Regional de Castilla y León el órgano que aprobó una resolución que exige “responsabilidades políticas más allá de la legalidad de dichas acciones”. El órgano también destaca “las subvenciones a fundaciones fantasma” y asegura que “dentro de Izquierda Unida ha habido cómplices de la élites económicas que han sucumbido a los cantos de sirena del sistema capitalista, han olvidado los fines de nuestra organización y se han puesto al servicio del poder”.
IU de Castilla y León confía en la voluntad de la federación madrileña, pero pide a la comisión federal que “en ningún caso se frustre la investigación de la Comisión de Investigación de IU Madrid” y que analice “la realidad de todas las cajas de ahorro donde IU haya tenido presencia por si se hubieran dado situaciones similares a las conocidas”.
La primera de las resoluciones la aprobó el Comité Federal del PCE el pasado sábado 18. El máximo órgano comunista condena el uso de las tarjetas opacas, pide que se devuelva “inmediatamente el dinero gastado” y que “las organizaciones a las que representaban estos consejeros” abran una investigación, “suspendiendo cautelarmente la militancia, abriendo expediente sancionador y poniendo a disposición de la justicia la información recabada”.
El texto, aprobado por 67 votos a favor y cuatro abstenciones, considera que la responsabilidad “va más allá de los consejeros implicados”. Y pide que dimitan “aquellos/as que tienen responsabilidades políticas por acción u omisión”.
El PCE resuelve “apoyar la investigación de la comisión de IUCM” y “no consentir” que se pueda “cerrar en falso”. En este sentido, el Comité Federal aprobó apoyar la Comisión de Transparencia creada por IU federal para exigir responsabilidades políticas, “caiga quien caiga”. Dicha comisión arranca sus trabajos este mismo miércoles. Además, el PCE creará una comisión de investigación propia a la que da un “plazo de 21 días” para que presente sus conclusiones.
Consulta íntegra la resolución de la Presidencia de IU de Baleares.