Feijóo blinda a Tellado pese a los agujeros en la versión del “engaño” en la ley que convalida penas

“No se espera ninguna medida efectista. Ni ahora ni a futuro”. Así zanja la dirección del PP las preguntas sobre las posibles responsabilidades políticas ante el “error generalizado” e “injustificado” que llevó al partido a apoyar una reforma legal que, en último término, podría beneficiar a presos de ETA que puedan acumular penas cumplidas en otros países de la UE. No habrá destituciones ni se admitirán dimisiones. Alberto Núñez Feijóo ha ordenado señalar que todo ocurrió por un “engaño”, una “trampa” del Gobierno. Pese a que a esta versión le empiezan a salir algunos agujeros.

Feijóo aterrizó en Madrid hace más de dos años con el equipo de fieles que le había acompañado en sus años en Galicia, tanto en el partido como en el Gobierno. Entre ellos, su mano derecha en el PPdG, Miguel Tellado, quien asumió el rol de fontanero mayor para atar en corto a los territorios, claves en la defenestración de Pablo Casado.

Tras el 23J, asumió un nuevo papel: controlar el grupo parlamentario, que también fue un agujero en el liderazgo de su predecesor en el cargo. Tellado se ha puesto a la cabeza de la cada vez más virulenta oposición a Pedro Sánchez, y es el nexo de unión de la dirección con el ala más ultra. Su relación es muy fluida con Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta, y con el equipo más próximo a Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Pero esta semana sus aspavientos han escalado de intensidad. Todo a cuenta de la reforma que, según la versión oficial, el Gobierno les “coló” usando como “artimaña” una enmienda de Sumar a una ley que pasó durante meses por la Comisión de Justicia, el Pleno del Congreso y el Senado. En la primera Cámara, el PP es la fuerza mayoritaria con 137 diputados. En la segunda, tiene la mayoría absoluta.

El máximo responsable del grupo parlamentario es el propio Tellado. De él dependen en última instancia los equipos, y él determinó el reparto del trabajo y el flujo de información con la sede nacional, donde el PP tiene también diferentes grupos de trabajo que habitualmente han funcionado en paralelo al del Congreso o el Senado. 

Junto a Tellado, otro miembro de los ‘gallegos’, como los llaman dentro del propio PP, es Álvaro Pérez, diputado y coordinador parlamentario. Completan el grupo que se formó en los años de Feijóo al frente de la Xunta Mar Sánchez, máxima responsable de comunicación del partido, y Marta Varela, jefa de gabinete del líder. Todos ellos tienen acta en el Congreso y ejercen el liderazgo y la dirección en la actividad.

Ya el pasado lunes, cuando se desveló el fiasco de, supuestamente, no percatarse de la existencia de la enmienda, el PP salió a señalar al Gobierno. Pero su portavoz nacional, Borja Sémper, aseguró que se trataba de un “error generalizado de todo el Congreso”.

Al día siguiente la tormenta se desató sobre el PP, no tanto sobre el Gobierno, porque en sus propias filas no daban crédito a lo ocurrido. Mucho menos entre las víctimas del terrorismo. Feijóo ofreció una breve declaración, sin preguntas, en la que dijo que “el PSOE será el único responsable ante la historia”. El líder del PP se ha escondido de los periodistas durante toda la semana: ha entrado y salido del Congreso por puertas que no son las habituales, no ha respondido a las cuestiones que se le han lanzado e incluso envió desde Varsovia, Polonia, un videcomunicado para buscar espacio en televisión por las últimas revelaciones del ‘caso Koldo’ sin tener que ponerse delante de los informadores.

Tellado fue mucho más allá que su jefe de filas. Más allá que nadie. “Bildu tiene a Pedro Sánchez encañonado”, dijo en la sala de prensa del Congreso. Él sí respondió preguntas, pocas, dijo “asumir el error” y defendió el trabajo del grupo parlamentario que lidera. En la sala de prensa, una silente Cayetana Álvarez de Toledo quien, tras la comparecencia, evitó cualquier interlocución con los periodistas. 

Para entonces los cuchillos habían comenzado a volar dentro del PP, con una concatenación de filtraciones sobre quién tiene la responsabilidad directa sobre el fallo. Un cruce de acusaciones entre los equipos que lideran en el Congreso Álvarez de Toledo y Cuca Gamarra, teórica ‘número dos’ del partido. Aunque también se disparó contra el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, de quien dependen los asuntos relacionados con la justicia. Se mencionaron nombres como el de Ana Belén Vázquez o María Jesús Moro.

Esa misma tarde, Tellado aseguró en Onda Cero que los diputados que habían participado directamente en la ponencia de la ley en la Comisión de Justicia habían puesto su cargo a disposición del grupo, y que él había rechazado su dimisión. Unos minutos antes, Vox había hecho una declaración similar ya que el partido ultra también apoyó la modificación en la votación final. 

El portavoz cortocircuitó así cualquier opción de que las responsabilidades escalaran hasta él y al sistema de trabajo que ha implantado. Y el miércoles, el PP pasó a la ofensiva. En el Pleno en el que Pedro Sánchez compareció para hablar de inmigración precisamente a petición de la oposición, Feijóo apenas mencionó el asunto. En plena intervención del presidente, entró en el Hemiciclo la senadora y diputada de la Asamblea de Madrid Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco. Interrumpió al orador y se sentó a la derecha del líder del PP entre los aplausos de la bancada de la derecha.

Después Tellado sacó un cartel con imágenes de militantes socialistas asesinados por ETA. Y, entre otros, mencionaron la memoria de Gregorio Ordóñez. La respuesta de parte de las víctimas no tardó en llegar y desataron su furia contra el portavoz del PP por usar de forma partidista la memoria de sus familiares. Entre ellos, la propia hermana de Gregorio Ordóñez.

Tras la ‘performance’, fuentes de Génova zanjaron que Tellado era intocable para Feijóo.

Dos versiones, una votación

El ruido desatado por la cúpula de Feijóo no ha impedido que, con el paso de los días, la versión inicial del “engaño” del Gobierno se haya debilitado. Tellado esquivó el martes la responsabilidad al señalar que habían “actuado en los parámetros y en la creencia que el resto de grupos se atenían a la cuestión”. Una falsedad ya que, literalmente, la ley tiene expresamente que ver con “el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea,

Pero es que un día antes, la diputada Ana Belén Vázquez, ponente de dicha ley (es decir, la persona directamente encargada de redactar y negociar los documentos parlamentarios), ya apuntó en un programa de Cuatro a una versión diferente. Sí, sabían del contenido de la enmienda. Tanto, que se posicionaron en contra en las reuniones preliminares, aunque luego finalmente votaron a favor del dictamen que la incluía.

Esta parte de la historia la confirman otras fuentes parlamentaria consultadas por elDiario.es. Uno de los ponentes de la norma asegura que él mismo habló con los representantes del PP sobre la enmienda que, además, venía a corregir una modificación previa hecha por el propio PP en 2014. Otros lo han dicho en público. El presidente del PNV, Andoni Ortúzar, declaró este viernes: “El PP lo sabía. Sus juristas serán lo que sean, pero tontos no son”.

La diputada ourensana explicó en el programa de televisión que luego apoyaron la reforma legal porque proviene de una directiva europea a favor de la que habían votado en Bruselas el PP en pleno. Entre otros, por ejemplo, el exlíder del partido en el País Vasco, Carlos Iturgaiz.

Es decir, que desde el lunes ya hay quien apunta en el PP a que conocían la enmienda. En Cuatro, Vázquez dijo que lo que no sabían era que podía afectar a presos de ETA. Algo que la diputada ha corroborado en conversación con elDiario.es. “De eso nos enteramos por El Confidencial”, dice, sobre la llamada de comprobación que hizo el medio que publicó la primera información.

Vázquez asegura que nadie, a nivel interno, advirtió de la posibilidad de que la norma pudiera beneficiar a etarras presos, aunque ella misma en Cuatro apuntó a que la reforma venía a cubrir un agujero que ya está tapado en toda Europa y que en España lo estaban haciendo los jueces a petición de los abogados de los presos y, precisamente, por orden de la justicia comunitaria.

Es el caso de Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote’. El veterano dirigente de ETA tiene uno de los expedientes más sangrientos de la banda terrorista y cumple condena por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pese a que su nombre ha sido esgrimido toda la semana contra el Gobierno fue en realidad la Audiencia Nacional la que ya le acumuló en su día las penas. En el PP lo saben, pero ningún dirigente o portavoz ha dicho nada al respecto.