“Los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado. Yo también créanme. Estoy seguro de que llegarán con este PP y con otro PSOE”. Así ha cerrado Alberto Núñez Feijóo cualquier posibilidad de retomar las conversaciones con el Gobierno de coalición para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, después de que este jueves por la tarde diera por suspendidas las negociaciones con la excusa esta vez de la futura y no escrita reforma del delito de sedición. Según ha señalado el líder de la derecha en un acto informativo del periódico El Correo, esas conversaciones no se recuperarán al menos en lo que resta de legislatura.
En un discurso ante una amplia representación del empresariado vasco durante el acto, celebrado en Vitoria, Feijóo ha recuperado sus habituales loas a la Transición para señalar que la “deslegitimación del Estado era la piedra angular del independentismo radical, que decía que la Transición era una continuación del franquismo y que el Estado debía ser demolido o socavado poco a poco”. Y ha concluido: “Esa idea ha sido adoptada por el Gobierno central. Ignoro si esta extraña conversión se deben a una convicción profunda o es un mero oportunismo por la necesidad imperiosa de mantenerse en el Gobierno”.
Así, apenas siete meses de asumir la Presidencia del PP tras el golpe de mano de los barones autonómicos contra Pablo Casado con la intención declarada de recuperar “la centralidad” y mostrarse como un hombre “de Estado”, Feijóo da por dinamitados definitivamente los puentes con el Gobierno. Y no tiene intención de reconstruirlos, a tenor de sus palabras. En las últimas semanas, además, fuentes de la dirección del PP señalaban a los periodistas que si se cerraba la ventana de oportunidad para el acuerdo no se volvería a abrir. “O sale ya o no sale”, dijeron.
Y no salió. “Me opongo a compartir los criterio del independentismo sobre el Estado o la Justicia”, ha dicho Feijóo en Vitoria. “Desde siempre, sobre todo a raíz de la sedición [del 1 de octubre de 2017], se ha querido cuestionar el poder judicial independiente. Ahora es el Gobierno el que erosiona la división de poderes mediante cambios competenciales arbitrarios, indultos que estaba comprometidos no hacer y mediante modificaciones de delitos tan graves como la sedición, sin que los independentistas planteen ninguna concesión por su parte”, ha añadido.
Rehacer el discurso
Feijóo además ha rehecho su propio discurso de las últimas semanas. Primero, al asegurar que el acuerdo con el Gobierno estaba pendiente de un último fleco. “Faltaba el documento por escrito de que los jueces elijan a los jueces. Ese asunto era muy determinante. Teníamos que cerrarla en una reunión con el presidente”, ha dicho. Es decir, que el PP pone hoy sobre la mesa su idea inicial de que los 12 vocales del CGPJ de extracción judicial sean seleccionados por sus pares, algo que ya no figuraba en el documento del mes de julio utilizado como base para la negociación y que él mismo había rebajado en declaraciones públicas en los últimos días.
El PP vuelve así a las posiciones maximalistas que han dominado estos casi cuatro años de bloqueo del Poder Judicial, primero con Pablo Casado y ahora con Feijóo. Pese a que la propia número dos del partido, Cuca Gamarra, dijera el martes que las reformas del delito de sedición y el desbloqueo del CGPJ eran dos negociaciones paralelas, desligadas, esa ha sido la excusa elegida para romper las conversaciones.
Este viernes, Feijóo ha asegurado que “durante los tres últimos días empezó a salir en los medios que el Gobierno estaba negociando la reforma del delito de sedición” y que desde el PP se comunicó “inquietud al interlocutor del Gobierno, y nos trasladó que eso no estaba encima de la mesa”.
Pero el Gobierno y ERC hablan de la reforma del Código Penal no desde hace tres días, sino desde hace tres años. Y en las últimas semanas, a cuenta de las negociaciones para los Presupuestos Generales, el asunto ha vuelto a recuperar actualidad y ponerse encima de la mesa. Hace una semana, de hecho, el propio Sánchez dijo que su intención era reformar el delito de sedición, pero que no había una “mayoría suficiente” para hacerlo. Es decir, que no había un acuerdo sobre qué reforma hacer.
Pero esta semana el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cambió el tono y señaló que sí existía dicha mayoría, lo cual indicaba que los republicanos están dispuestos a renunciar a eliminar el delito y se conforma con modificarlo. El trámite de un proyecto así no es corto y, por mucho que se quiera acelerar, llevaría varios meses concluirlo.