Alberto Núñez Feijóo cumplirá año y medio como presidente del Partido Popular dentro de unos pocos días. Un mandato en el que la formación política ha seguido llevando leyes e iniciativas del Gobierno ante el Constitucional, y en el que ha sufrido duros reveses en dos de sus grandes luchas ideológicas: el aborto y la eutanasia. El tribunal de garantías ha rechazado esta semana el recurso que el PP interpuso contra una ley de eutanasia que el propio Feijóo se comprometió a revisar y que ahora tiene el aval del máximo intérprete de la Constitución española.
El aborto y la eutanasia, con más o menos intensidad, han sido dos caballos de batalla del Partido Popular a los que, en los últimos años, también se ha subido la ultraderecha de Vox. En su último programa electoral para las elecciones generales, Feijóo se comprometía a “revisar” la ley de eutanasia y a obligar a las menores de edad a obtener el permiso de sus padres para abortar. En una intervención en El Hormiguero en plena campaña, Feijóo mostró su inquietud por lo que pasaría con las personas que solicitan la eutanasia y cambian de opinión una semana después, algo que ya está incluido en la norma.
Para cuando el presidente del PP mostró su desconocimiento de la ley con Pablo Motos en horario de máxima audiencia, el recurso de su partido llevaba un año tramitándose en los pasillos del Tribunal Constitucional. Un recurso presentado cuando Pablo Casado estaba al frente de la formación y que denunciaba que la norma atentaba contra una decena de derechos constitucionales: el derecho a la vida pero también a la dignidad, la igualdad o la libertad religiosa.
La respuesta que ha recibido el partido de Alberto Núñez Feijóo se parece mucho a la que recibió en su momento el partido de Santiago Abascal tras haber presentado dos recursos muy similares. La eutanasia no ataca el derecho a la vida de quien decide acabar con su vida, ha repetido esta semana el Tribunal Constitucional, porque ese derecho no impone “la obligación de mantenerse con vida”.
Las únicas alegaciones con las que el PP se diferenciaba de Vox tampoco han prosperado. En una de ellas, el partido de Núñez Feijóo pretendía que la posibilidad de objetar se extendiera de los sanitarios a las personas jurídicas. Es decir, que no sea solo un facultativo el que pueda negarse a participar en un proceso de eutanasia sino que pueda hacerlo, por ejemplo, un hospital como entidad. El Constitucional explica que las intenciones del PP, en la práctica, comprometerían el acceso a la eutanasia: “Pondría en riesgo la efectividad de la propia prestación sanitaria”.
El fracaso del recurso contra el aborto
El rechazo del Tribunal Constitucional al recurso del PP contra la ley de eutanasia ha sido el segundo gran revés que ha sufrido el partido en la calle Domenico Scarlatti desde que Núñez Feijóo es presidente. El segundo llegó en febrero de este año cuando el tribunal de garantías desestimó las alegaciones del partido contra la ley del aborto del año 2010, interpuesto cuando Mariano Rajoy estaba al frente del partido.
El derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo es una pelea ideológica del Partido Popular que arranca en los años 80, con su recurso contra la primera norma que despenalizó el aborto, y se agudizó cuando el ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo la ley de plazos que, con algunas modificaciones, se mantiene hasta el día de hoy. El partido conservador ha ido pivotando su postura hasta el punto de proponer la vuelta a la primera norma del ejecutivo de Felipe González.
El PP, entonces bajo la batuta de Mariano Rajoy, encabezó manifestaciones contra una ley que no modificó cuando tuvo mayoría absoluta para hacerlo sin contar con nadie más. Una ley que, además, había recurrido ante el Constitucional con unas alegaciones que estuvieron más de una década en el cajón de los magistrados hasta que fueron definitivamente rechazadas en febrero.
Representantes del PP han seguido acudiendo a protestas contra el aborto. En 2019, por ejemplo, dirigentes del partido acudieron a una manifestación en Madrid convocada por Sí a la Vida para protestar contra “la cultura de la muerte”. Pero el discurso político fue bajando de intensidad a medida que se acercaba la derrota.
El programa electoral del partido en 2011 prometía cambiar la ley del aborto. En 2015 la palabra aborto desaparecía y el PP se limitaba a afirmar su “compromiso con el derecho a la vida”. En 2019 Javier Maroto reconocía abiertamente que no se harían más propuestas al respecto hasta que su recurso no tuviera una respuesta. Después de que la respuesta fuera negativa, el propio Alberto Núñez Feijóo fue el encargado de sumir a su partido en la ambigüedad sobre esta batalla perdida: “El aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley y no voy a cambiar de opinión”, afirmó.
Lo cierto es que unos días antes la mayoría del Tribunal Constitucional había dado carpetazo a la eterna alegación del PP de que el derecho a abortar era incompatible con el derecho a la vida, sino que más bien forma parte de él. Interrumpir un embarazo es una manifestación del derecho de una mujer a “adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, coacción ni discriminación, con respeto a su propio cuerpo y proyecto de vida”, explicó el Constitucional al PP. Ni siquiera la ponencia rechazada del conservador Enrique Arnaldo era favorable al grueso del recurso del partido.
La tercera derrota judicial, esta vez ante los tribunales ordinarios, está camino del número 13 de la calle Génova de Madrid. Esta semana el Tribunal Supremo ha anunciado su rechazo a recursos de Vox y parlamentarios de Ciudadanos contra los indultos de dos condenados del procés, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La decisión marca el camino a los recursos que presentó el propio Partido Popular ya que el motivo de la inadmisión es que los jueces consideran que un partido político no está legitimado para recurrir un indulto.
Futuras batallas en el Constitucional
El tribunal de garantías todavía tiene una lista larga de recursos del Partido Popular contra normas aprobadas en la última legislatura. Una de ellas es la conocida como ley trans, recurrida por el partido cuando Núñez Feijóo ya era presidente y a rebufo de otro recurso similar de la ultraderecha de Vox.
El PP recurrió cinco artículos de la norma impulsada por Igualdad y que entró en vigor el pasado mes de marzo. Por ejemplo, el artículo que permite iniciar prácticas de modificación genital en menores de entre 12 y 16 años si lo consienten de manera informada. También el que permite a los mayores de 16 años solicitar la rectificación ante el Registro Civil sin permiso de nadie, y a los menores de entre 14 y 16 años hacerlo asistidos por sus representantes legales.
Parte del recurso del PP contra la ley también ataca el artículo que califica como infracción grave que exista una cláusula contra la discriminación de las personas trans. “Es mucho más fácil cambiarse de sexo que aprobar la selectividad”, llegó a decir Feijóo poco antes de las últimas elecciones generales. “Hay un colectivo trans que tiene sus derechos y los vamos a regular, pero esta ley no”. Su programa electoral prometía legislar “con la máxima prudencia”.