¿Cuándo se celebra el juicio de Begoña Gómez? Es una pregunta que podrían haberse hecho los que escucharon la entrevista a Alberto Núñez Feijóo en Onda Cero. Dijo más de una vez que la esposa del presidente del Gobierno está “en el banquillo”, como si ya estuviera procesada o a punto de ser juzgada. La afirmación es falsa. Está siendo investigada –por tanto, imputada– en una polémica instrucción judicial que acaba de comenzar.
Carlos Alsina le corrigió para recordar que está siendo investigada, pero dio igual. El PP no está ahora para andarse con miramientos con la ley. Gómez es culpable, además de Pedro Sánchez, Puigdemont, Junqueras y unos cuantos más. El mismo Feijóo dijo hace unos días que “si mi mujer estuviera sentada en el banquillo por corrupción, habría presentado mi dimisión”. Cuando el líder del PP hace una afirmación falsa, lo más probable es que ya la haya dicho antes.
El objetivo es minar a Sánchez a través de su esposa. El responsable del 'late night' del PP, Miguel Tellado, ya tiene otro mote para ella. “Begoña Gómez sólo es el Koldo de esta trama”, dijo. No se le puede negar que se esfuerza por dar titulares. Lo de que sea ingenioso es otro asunto, pero te lo puedes imaginar con una copa de balón en la mano, lo que siempre es gracioso.
Algunos incautos pensaban que se iniciaría una nueva etapa en las relaciones entre el PSOE y el PP después del acuerdo sobre el CGPJ. Quedan pendientes de nombrar algunos cargos que al PP le interesa que salgan adelante, pero la idea de que hay algún tipo de conjunción de intereses entre ambos partidos está muy lejos de la realidad. El PP aspira a que el Gobierno no sobreviva a este año, con lo que no puede bajar la presión.
Una vez que ha dejado de deslegitimar la idea de que era necesario un pacto para cumplir el mandato constitucional de renovar el CGPJ, ahora toca hacer la misma labor de zapa con el Tribunal Constitucional por tener una mayoría progresista. “Tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional”, dijo Feijóo en la entrevista. Nunca dijo eso del CGPJ o del TC cuando gobernaba el PP.
Ahora tiene enfilado a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, a quien la derecha judicial no soporta desde hace años. “Los antecedentes del presidente del Tribunal Constitucional no me tranquilizan”, comentó Feijóo. Conde-Pumpido fue nombrado fiscal general por el Gobierno de Zapatero.
Nunca hay que olvidar que todo lo que beneficia al PP es una contribución al Estado de derecho. Si cree que le perjudica es como lanzar a España por un barranco venezolano.
En términos de independencia, todo depende de la ideología de la persona a la que se elige para el cargo institucional. Feijóo se quejó de que hasta ahora no se había permitido que el PP eligiera a su representante en el TC. Acusó a los socialistas de haber “impedido al principal partido de España proponer un miembro del Tribunal Constitucional que le corresponde de acuerdo con la ley”. Si buscan en la Constitución a cuántos miembros del TC puede elegir el PP u otros partidos, no encontrarán nada.
El puesto del que habla Feijóo debe ser elegido por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, pero no la mayoría reforzada que se exige para la elección. El PP tiende a confundir los partidos con las instituciones.
El elegido por el partido es José María Macías, abogado del bufete Cuatrecasas, magistrado que no ejerce desde hace veinte años y, lo más importante, punta de lanza de los vocales conservadores en el CGPJ que el PP mantuvo prorrogado durante cinco años. Un jurista a quien el Partido Popular quiere mantener en primera línea de la batalla jurídica. Alguien de confianza que hará un marcaje a Conde-Pumpido de esos que dejan marcas indelebles en la rodilla.
A corto plazo, el PP está más interesado en continuar invirtiendo en divisas begoñistas. El martes, se apresuró a rentabilizar una información de El Confidencial, según la cual Gómez recibió una contraprestación por un máster de la Universidad Complutense para directivos en el que trabajó. No es que se hiciera millonaria precisamente. Recibió 6.817 euros. El precio de la matrícula ascendió a 7.000 euros y contó con 14 alumnos (total ingresado por la universidad: 98.000 euros). El artículo se cuida mucho de acusar a Gómez de haber cometido un delito.
Entre las empresas que enviaron a sus directivos al máster están Banco Santander, Iberdrola y CaixaBank, a las que se denomina “grandes empresas de sectores intensamente regulados”. Así todo parece algo sospechoso. ¿Hay algún sector relevante de la economía en el que sus mayores empresas no estén afectadas por leyes o regulaciones? ¿Está sugiriendo el artículo que las principales multinacionales del país soltaron 7.000 euros a Gómez para tener contento al presidente?
El juez Juan Carlos Peinado ha imputado a Gómez por un delito de tráfico de influencias. Hay varias sentencias del Tribunal Supremo que establecen los requisitos para que se pueda hablar de ese delito. Por ejemplo, la sentencia STS 300/2012, del 3 de mayo de 2012, explica que “la influencia consiste en una presión moral eficiente sobre la acción o decisión de otra persona, derivada de la posición o status del influyente”. También dice que es “un delito especial cuyo sujeto activo debe tener la condición de 'autoridad' o 'funcionario público'”.
Es decir, debe haber una presión clara desde una posición de superioridad que sirva para doblegar la voluntad de la persona que está en condiciones de entregar ese beneficio. Sobre esto último, no se ha contado nada concreto ni en las informaciones de El Confidencial ni en las acusaciones del PP.
Cuando declaró ante el juez como testigo el director de El Confidencial, Nacho Cardero, el fiscal le preguntó por la posible existencia de presiones. La respuesta fue que “no han constatado ningún tipo de presión en las personas adjudicatarias de los contratos”. Mira que no es raro que un testigo se deje llevar por la especulación con la intención de fundamentar unas sospechas y ya decidirá el juez lo que le interesa de su declaración. Pues en este caso ni eso. Y sin presión, no puede haber tráfico de influencias.
Mientras tanto, los medios de comunicación que han escrito sobre los tres delitos, dos de ellos fiscales, cometidos por el novio de Isabel Díaz Ayuso y reconocidos por él, recibieron a cambio las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez y acusaciones del PP de Madrid de estar colaborando con el Gobierno, a lo que hay que sumar la exigencia del partido de que dimita el fiscal general por haber desmentido en un comunicado un bulo puesto en circulación por Rodríguez.
Está claro que el PP está necesitado de que Peinado aporte más materia prima con su instrucción. El juez es consciente y tira por todo lo alto. Ha informado a la defensa de que investiga “todos los actos, conductas y comportamientos” de Begoña Gómez desde que Sánchez es presidente del Gobierno que aparecen en la denuncia inicial del grupo ultra Manos Limpias.
El viernes, Gómez tendrá que declarar por primera vez en el juzgado. Debe tomar la decisión de decidir si le interesa responder a las preguntas de las acusaciones o del juez. Colaborar con Peinado no le va a quitar la condición de imputada durante mucho tiempo, probablemente tanto como el que pase su marido en Moncloa.
Siempre puede tomar la decisión revolucionaria de dejar que sean otros los que tengan que probar su culpabilidad, en vez de ser ella quien demuestre su inocencia. A lo loco con el Estado de derecho.