Nuevo giro de timón. Alberto Núñez Feijóo quiere volver a encarnar al personaje moderado y con la vitola de buen gestor que aterrizó en Madrid en abril de 2022. Dos años y medio después, tras coquetear con el populismo xenófobo de relacionar migración y delincuencia, el PP quiere recuperar las banderas sociales y alejarse de la extrema derecha. Y, al calor de las encuestas, la primera iniciativa será la propuesta de ley de conciliación que registrarán los populares este mismo martes en el Congreso, aunque no todos en el partido están de acuerdo.
“La oposición no solo es oponerse al Gobierno, sino que también es ofrecer una alternativa. Y es lo que queremos hacer a lo largo de este periodo de sesiones con especial intensidad”. Así explicó el nuevo “giro social” del PP su portavoz nacional, Borja Sémper, este mismo lunes. El dirigente aseguró que la estrategia seguirá durante todo el periodo de sesiones“, que concluye con el parón navideño.
El PP quiere así dejar de confrontar con el Gobierno por la cuestión territorial. O, al menos, no convertir en eje de su oposición las críticas a la amnistía. El PP de Pablo Casado ya intentó hacer de los indultos a los líderes del procés el eje de su discurso contra Pedro Sánchez, y fracasó. Como luego Feijóo con esa misma estrategia.
La idea ahora es mostrar algo más que un rechazo frontal a la política de “reconciliación” que ha impulsado Sánchez en Catalunya a fuerza de su debilidad parlamentaria. “Nuestra alternativa a este Gobierno, sometido al independentismo, se plasman en las propuestas que hacemos a los ciudadanos”, dijo este lunes Sémper. Es decir, no solo se critica la dependencia de Junts, ERC o EH Bildu, sino que se plantean leyes de pretendido corte “social” para evidenciar la parálisis legislativa del Gobierno que denuncian los de Feijóo.
Los sondeos apuntan a que la amnistía no es un asunto que mueva voto. La investidura como president de la Generalitat del socialista Salvador Illa apunta también a una desinflamación del problema y, por tanto, a su desaparición de los principales medios y tertulias. Así lo explicó Sémper este lunes: “Los españoles están hartos de los intereses partidistas y de un Gobierno que es un desgobierno. Quieren soluciones a sus problemas”.
El cambio del PP es más discursivo que de contenido. Las políticas que proponen en vivienda, conciliación o inmigración no han cambiado, pero el mismo Sémper ha pasado de tener que justificar que su jefe de filas relacionara directamente a las personas que vienen de fuera de España con la delincuencia, a lamentar los naufragios en el Atlántico de los cayucos que intentan arribar a Canarias.
Críticas del sector duro también a las políticas
La revuelta a la moderación del PP coincide con un alejamiento de Vox provocado por el propio partido ultra, que este verano optó por romper los gobiernos autonómicos que compartía con los de Feijóo. Los de Santiago Abascal quieren marcar distancia a su vez con la derecha, con la esperanza de subirse a la ola europea antiinmigración que ha impulsado los triunfos ultras a diferentes niveles en Francia, Austria o Alemania.
El PP justificó durante meses su alianza con Vox, y mantiene el respaldo a los gobiernos municipales de coalición. Pero la ruptura de Abascal le ha permitido a los de Feijóo soltar amarras de sus aliados y marcar distancias.
Lo hizo el propio Sémper en la semana pasada en el programa de TVE 59 segundos. Preguntado si prefería a Abascal o a Pedro Sánchez, el portavoz del PP respondió tras unos segundos de duda: “Con ninguno de los dos”.
La réplica le llegó vía Twitter de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. “Así nos va”, dijo la hoy tertuliana. Pero también desde dentro. El líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, sí replicó al portavoz nacional de su propio partido: “Yo soy de Reagan y Thatcher, ni de Trump, ni de Abascal. Pero les prefiero mil veces a Sánchez y Yolanda. Cero dudas al respecto”.
No ha sido la única crítica del sector duro del PP de estos días. La semana pasada, Feijóo planteó que su partido podría estar a favor de implementar medidas encaminadas a reducir el número de días a trabajar en un año, e incluso abrió la puerta a apoyar reducciones de la jornada laboral. Eso sí, fuera de la ley y solo en el marco de las negociaciones entre empresa y trabajadores.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid salió 'ipso facto' a marcar su posición. El portavoz del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso dijo en una rueda de prensa que desconocía la posición de la dirección nacional del PP, pero que el Gobierno de Ayuso estaba “totalmente en contra” de cualquier medida de este tipo.
Precisamente otro tuit de Esperanza Aguirre anticipó la posición del PP de Madrid. Ante algunos titulares que anticipaban el cambio estratégico de la dirección de Feijóo, la exlideresa sentenció: “Error”.