Feijóo pasa de rechazar pactos de Estado con Sánchez a apropiarse de todos los de la democracia

“Hemos vivido durante 45 años gracias a los pactos de Estado. Empezando por la Transición, siguiendo con la Constitución, los Pactos de la Moncloa, los pactos antiterroristas. Hemos construido un país basado en pactos y ahora no quieren un solo pacto salvo con aquellos que quieren destruir el país. Son pactos antiEstado”. Así se revolvió este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la negativa exprés que Pedro Sánchez le dio a su plan de que el PSOE le permita gobernar dos años ante el previsible fiasco de investidura. Un nuevo giro en quien toleró el “que te vote Txapote” y prometió que no iba a volver a pactar con Sánchez. Y una apropiación de los acuerdos que han cimentado la democracia española y que su partido rechazó o ninguneó en su momento.

Feijóo se reunió el miércoles con el secretario general del PSOE, al que rogó el apoyo en su investidura y a quien ofreció seis “pactos de Estado” meramente enunciados en un breve documento cuya portada estaba dominada por una fotografía en blanco y negro. Una imagen del siglo pasado: una mesa llena de hombres de avanzada edad, fumando y rodeados de otros hombres. Se trata de la firma de los Pactos de la Moncloa, unos acuerdos sellados por partidos políticos, sindicatos y empresarios en 1977 con el objetivo de adoptar medidas consensuadas ante la crisis económica y social en un país que salía de una dictadura.

En la negociación estuvo representada la Alianza Popular fundada por Manuel Fraga y varios exministros franquistas. Pero el partido predecesor del PP no firmó la totalidad de los Pactos de la Moncloa. Sí rubricó la parte económica, pero no el documento social, precursor de las líneas generales de la Constitución, que se aprobó un año después. Como recordaba en elDiario.es un destacado miembro de CCOO por aquel entonces, Joan Coscubiela, “reforzó la libertad de expresión y específicamente la de prensa, amplió el derecho de reunión y manifestación y consolidó el de asociación política”.

No es la primera vez que Feijóo utiliza los acuerdos de la Transición como arma política para, cuando son rechazados, lanzarlos contra PSOE, Sumar o el resto de partidos. Porque tanto los socialistas como el PCE (hoy parte de la coalición que lidera Yolanda Díaz) firmaron aquellos pactos. Ambos. Pero no AP, pese a que el líder del PP intenta situar siempre a su partido como garante, entonces y ahora, de unos pactos que sus antepasados políticos negociaron, pero que no firmaron ni asumieron por completo.

No ocurrió solo con la parte social de los Pactos de la Moncloa. La propia Constitución de un año después partió a la derecha heredera del franquismo. Una vez más, Alianza Popular participó en el proceso y su por entonces líder, Manuel Fraga, ha pasado a la historia como uno de los ponentes del texto.

Pero llegado el momento de la votación en las Cortes, el grupo parlamentario se partió en dos. La mitad de los diputados, entre los que estaba Fraga, votaron ‘sí’. La otra mitad, se dividieron entre la abstención y el ‘no’. Llegado el momento del referéndum, AP adoptó un perfil bajo en la campaña, según dejó escrito Pilar del Castillo, catedrática de Ciencias Políticas, exministra de José María Aznar y hoy eurodiputada del PP.

Una década después, en 1986, la Alianza Popular de Fraga pidió la abstención en el referéndum convocado por el Gobierno de Felipe González para la plena integración de España en la OTAN. Fraga no quería alinearse ni con el PSOE, favorable al ‘sí’, ni con el PCE, que lideró el ‘no’. Hoy, el PP es el adalid del atlantismo y obvia lo que hizo en el pasado.

Los pactos actuales: no, pero sí (y luego no)

La relación del PP con los pactos de Estado ha sido similar a la de su predecesor orgánico. Tras la refundación capitaneada por Aznar, la derecha logró el poder en 1996. El PSOE no comenzó a armar un proyecto alternativo hasta casi un lustro después, ya con José Luis Rodríguez Zapatero como líder.

Una de sus primeras propuestas fue la de proponer un pacto de Estado al PP y al Gobierno de Aznar para sacar al terrorismo de la arena política y aunar fuerzas contra ETA. Cualquiera que escuche hoy a los dirigentes de la derecha pensaría que el denominado Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, conocido como Pacto Antiterrorista, fue una idea del PP que, tras una ardua negociación, logró imponer al resto de fuerzas parlamentarias.

Pero no. La reacción inicial fue la de ridiculizar el planteamiento socialista. El entonces vicepresidente Mariano Rajoy aseguró en noviembre del año 2000 que la propuesta de Zapatero era como “sacar un conejo de la chistera” y que el documento planteado por el PSOE no aportaba “absolutamente nada”. Un mes después, Aznar, Zapatero y el entonces secretario general del PP, Javier Arenas, firmaron el acuerdo. Tras siete años, Rajoy insistió con la idea del conejo y la chistera.

Años después, ya con Rajoy en la Moncloa y un casi recién llegado Pedro Sánchez al frente del PSOE, ambos firmaron el conocido como “Pacto Antiyihadista” promovido por el Ejecutivo del PP sin el más mínimo problema.

Ocurrió lo mismo con el Pacto Antitransfuguismo. Promovido por el Gobierno de José María Aznar en 1998, su gestación fue bien recibida por el resto de partidos, que lo firmaron. La intención era impedir que las formaciones se aprovecharan, sobre todo a nivel municipal, del trasvase de concejales de un grupo a otro. Movimientos detrás de los cuáles no pocas veces se escondían pagos y favores a cambio de apoyar decisiones polémicas e incluso contrarias al sentir de los municipios, muchas veces al calor de la reforma de la ley del suelo.

Pero el PP abandonó este pacto de Estado en 2021, después del intento de moción de censura en Murcia que Fernando López Miras impidió precisamente cooptando a miembros de otros partidos a los que acabó colocando en su Gobierno. La comisión de seguimiento del pacto tildó de “tránsfugas” a los exmiembros de Ciudadanos que cambiaron de caballo después de haber firmado dicha moción.

El por entonces líder del PP, Pablo Casado, anunció que su partido abandonaba el pacto. Y Alberto Núñez Feijóo todavía no ha decidido el regreso del partido.

Poder Judicial, no; con el PSOE, tampoco

Desde su aterrizaje en Madrid, en abril de 2022, Feijóo ha hecho de la propuesta de pactos de Estado una cotidianidad. Pedro Sánchez le recibió ese mismo mes en el Palacio de la Moncloa, y allí ya planteó algunos.

Lo ha hecho luego, sin éxito, en muchas ocasiones. Pero lo que tampoco ha hecho nunca Feijóo es avenirse a pactar él con el Gobierno. Ni siquiera para renovar el Consejo General del Poder Judicial, camino de cumplir los cinco años de bloqueo por parte de la derecha.

De hecho, tras la ruptura de aquellas negociaciones por la presión mediática y política promovida por el ala derecha de su propio partido, Feijóo dijo: “Los pactos de Estado llegarán con otro PSOE”. 

El líder del PP cerraba así en octubre de 2022 la puerta a negociar con el PSOE. Comenzaba a fraguarse la estrategia de “derogar el sanchismo” y el “que te vote Txapote” que tantos réditos le dio en las municipales y autonómicas del pasado mes de mayo, pero que no cuajó tanto en las generales de julio.

Entre medias, Feijóo todavía ha renegado de sus propias palabras y ha intentado recuperar esa imagen presidenciable que ha aparecido y desaparecido a lo largo de su mandato al frente del PP. En enero de 2023, y con todo el boato que su equipo fue capaz de darle, presentó en Cádiz una batería de pactos de regeneración que ni su partido defendió en bloque y que, en realidad, tenía como objetivo abundar en la idea de “que gobierne la lista más votada” que el propio PP incumplió de forma reiterada tras los comicios del 28 de mayo, pero que ahora ha recuperado con fuerza.

Feijóo volvió a insistir otra vez en la campaña de las generales de julio y planteó unos nuevos “Pactos de la Moncloa” que, básicamente, son los mismos que entregó esta semana a Pedro Sánchez en su breve reunión del miércoles pasado. Al mismo Pedro Sánchez al que quería derogar, con el que prometió no volver a negociar y al que ahora ha pedido que le permita gobernar aunque sea dos años.