“Puede haber fuegos provocados por descuidos, pero un día como el de ayer no es resultado de la casualidad”. La frase la pronunció Alberto Núñez Feijóo en 2017. Una oleada de incendios forestales asolaba Galicia y el entonces presidente de la Xunta sentía la presión pública, que le exigía responsabilidades políticas por la, según denunció la oposición, falta de previsión en los servicios de prevención y extinción. Feijóo incluso habló de “terrorismo incendiario”. “Es algo que no se produce por casualidad. Esto ha sido provocado”, dijo el hoy presidente del PP.
Pese a que entonces la teoría del ataque coordinado quedó desmontada incluso por el Parlamento de Galicia, donde su partido contaba con mayoría absoluta, esta semana el PP ha recuperado la tesis de la conspiración ante la oleada de incendios de arrasan España desde hace semanas en el que ya es el peor año en superficie quemada en casi tres décadas.
El argumento es utilizado por distintos gobiernos de los populares para eludir sus responsabilidades, e incluso por uno de los más afectados por los fuegos esta semana, el de Castila y León, donde el PP gobierna en coalición con Vox. Este lunes, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, llegaba a responsabilizar de los incendios al ecologismo. “El tipo de territorio ha cambiado, las nuevas modas del ecologismo con los ríos... El ecologismo extremo no es la causa, pero sí uno de los elementos que hay que trabajar. Todos somos responsables del cuidado de los bosques”, aseguró, en una entrevista en la Cadena Ser.
“En la mayoría de los casos hay incendios porque la gente los provoca”, dijo este martes el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán. El dirigente del partido de Feijóo planteó “redoblar” los esfuerzos “para detener a los incendiarios, a los pirómanos”. “Y endurecer el Código Penal”, apuntó.
No fue su única propuesta, aunque todas apuntaban en el mismo sentido. Rollán, quien hasta que llegó Isabel Díaz Ayuso ocupó importantes cargos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid (incluso fue presidente accidental), reclamó la “presencia de policía en los montes para disuadir” a los supuestos pirómanos. El dirigente del PP concluyó con otra petición: movilizar al Ejército de Tierra para reforzar a la Unidad Militar de Emergencia.
Preguntado por las pruebas que tiene el PP sobre la intencionalidad en la propagación de los incendios, Rollán no concretó. “Lo que nos hace pensar y refrendar que hay una parte muy importante que son provocados o proceden de negligencias, es que tienen lugar cuando las temperaturas son muy elevadas, la humedad es muy baja, hay una presencia de vientos en ocasiones con diferentes ocasiones, y que no tienen lugar a cualquier hora del día, sino con el ocaso”, dijo, para añadir: “Es decir, cuando empieza a ponerse el sol. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la principal herramienta para combatir los incendios forestales son los medios aéreos, y a lo largo de la noche no pueden trabajar”.
La reflexión, prosiguió, está “basada en contactos y en la propia experiencia”. Rollán aseguró que siendo él presidente de Madrid la región “importó” un fuego desde Castilla-La Mancha, e insistió: “En base a la experiencia, los técnicos y la información que nos facilitan es por lo que determinamos” la intencionalidad en los incendios.
Hace un lustro, Feijóo ya reclamó una investigación similar. Entonces, pagó con dinero público páginas de periódicos para amplificar su teoría del “terrorismo” y el por entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aludió en una visita a Galicia a una supuesta acción coordinada como causa de los siniestros.
Un mes después de aquella oleada de fuegos en Galicia, que provocó cuatro muertos, ni un solo informe de la Guardia Civil o la Policía respaldaron las denuncias de Feijóo sobre hipotéticas acciones coordinadas o la existencia de una trama delictiva en el origen de los incendios. Tres personas fueron detenidas, bien por imprudencia en la quema de rastrojos, bien por prender un neumático.
A Feijóo no debió de sorprenderle la conclusión porque en 2006, siendo líder de la oposición, fue él mismo quien 'negó la existencia de tramas o motivos económicos tras otra oleada de incendios que asoló Galicia durante el Gobierno bipartito del PSOE y del BNG.
Pero hubo (otro) plot twist en la carrera de Feijóo. Tan sonada fue la campaña de la Xunta, con su presidente a la cabeza, sobre el “terrorismo incendiario” que el por entonces fiscal delegado de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, desmintió públicamente la existencia de indicios que permitieran inferir que había una trama detrás de los incendios. Cinco años después, Ortiz ha sido designado fiscal general del Estado en sustitución de Dolores Delgado.
Pese a que el nombramiento llevará la firma de Pedro Sánchez, García Ortiz conoce más a Feijóo. Tras las declaraciones del fiscal desmontando las teorías del presidente gallego, la respuesta llegó en forma de campaña por participar en una mesa redonda organizada por el PSOE sobre una de sus especialidades, precisamente los incendios forestales, y en la que también participaron catedráticos de la universidad.
El PP y sus medios afines llegaron a decir entonces que Ortiz había participado en un mitin socialista. Algo que han vuelto a repetir ahora con su ascenso a la cúspide del escalafón de la Fiscalía española. El partido de Feijóo arremetió contra el Ortiz de hace tres años apenas cuatro días después de contar en sus cursos de verano con el fiscal de sala del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza. Las jornadas versaban sobre la conformación de una “alternativa” en España al Gobierno de coalición.
Diluir responsabilidades
La derivada del discurso de Feijóo en 2017 (y siguientes) era clara: la lucha contra el fuego era una cosa de todos. Literalmente, el por entonces presidente de la Xunta dijo que el descontrol de los incendios era responsabilidad “de todas las administraciones”. Y en ese contexto, su propia responsabilidad sería menor. O compartida.
Este martes, Pedro Rollán replicaba el discurso al reclamar “coordinación” y “trabajar juntos para apagar cuanto antes”. Para el PP, que dedicó la reunión de su Comité de Dirección de la semana “casi de forma monográfica” a la situación de los incendios, estamos ante un “problema global” que exige una “respuesta excepcional nacional”.
El vicesecretario también reclamó “altura de miras y responsabilidad”, para inmediatamente señalar a Pedro Sánchez por un “posado” ante un terreno calcinado en Extremadura que no fue tal.
Pero, como en su momento Feijóo, el PP apunta a una gestión nacional para sacar el foco de las actuaciones individuales de sus gobiernos. “No puede ser que en un sitio los incendios sean culpa de la gestión de los gobierno autonómicos y en otros sea únicamente del cambio climático”, ironizó Rollán.
Y es que Castilla y León está siendo una de las comunidades más afectadas por los incendios de las últimas semanas. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado a Sánchez que convoque una Conferencia de Presidentes para “reflexionar” sobre la “anomalía climática”. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, también se refirió recientemente a los “riesgos climáticos” para diluir responsabilidades y este lunes optaba por culpar de los incendios a los ecologistas y sus “nuevas modas”.
Se da la circunstancia de que el PP gobierna en coalición en Castilla y León con la ultraderecha negacionista del cambio climático. Vox, cuyos diputados en Madrid han dicho que la solución ante la ola de calor es “meterse en un centro comercial” o en “una iglesia”, se sienta en el Consejo de Gobierno de la Junta. “Como toda secta, la climática tiene sus gurúes, sus versiones apocalípticas y sus fieles enfervorizados”, dijo Santiago Abascal mientras las llamas arrasaban reservas naturales como Monfragüe o la Sierra de la Culebra.
Pero también el PP tiene negacionistas entre sus filas. El último en sumarse fue el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Enrique López, quien acusó de “frívolos” a quienes señalan la relación entre el cambio climático y los incendios de las últimas semanas: “Los muertos son por las llamas”.
Los de Feijóo han propuesto soluciones punitivas: policías, Ejército y endurecimiento del Código Penal. Pero por la necesidad de reforzar los medios personales y materiales que luchan contra las llamas, según denuncian los profesionales,
Feijóo apenas ha pasado de puntillas. Este jueves, el presidente del PP reconocía en una declaración en Valencia: “No tenemos medios para luchar contra los incendios”. Pero, inmediatamente, apelaba al Gobierno central para reiterar la tesis de la acción humana premeditada: “Hay incendios naturales, pero también incendios provocados por la mano del hombre. Hay que ser implacable. Cualquier aviso, cualquier movimiento extraño, cualquier coche o moto que se mete en bosques a horas en las que ya no pueden operar los aviones y helicópteros deben ser puestos en conocimiento de autoridades policiales y Guardia Civil”.
El mismo día, el grupo parlamentario que dirige la número dos de Feijóo, Cuca Gamarra, registró una proposición no de ley a cuenta de la oleada de fuegos en la que no se mencionan las condiciones de los brigadistas que combaten las llamas. Un servicio que está transferido a las comunidades autónomas.
La hemeroteca no ayuda al PP en este sentido. El propio consejero de Medio Ambiente de Castilla y León es un buen ejemplo. “Mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro”, dijo en 2018 en una entrevista a El Diario de Valladolid. La temporada comienza el 1 de julio, y es cuando el Gobierno autonómico pone sus dispositivos al 100%. Pero si ocurre como este mes de junio en Zamora, cuando una tormenta eléctrica provocó un tremendo incendio forestal, el servicio no estará a pleno rendimiento ante el peor fuego en la historia de la región y que ha puesto en evidencia la falta de medios. Un mes después ha vuelto a batirse el récord del peor incendio también en Zamora, con dos muertos y entre críticas por falta de prevención. Hasta ahora, el mayor fuego en la comunidad que gobierna Mañueco se había producido en Ávila del año pasado. La ausencia de medios materiales y humanos quedó también patente entonces.
Tras el primer fuego de la Sierra de la Culebra, el PP y Vox rechazaron una moción en las Cortes que reclamaba mantener un operativo antiincendios durante todo el año. No era una ley, tan solo una moción que conminaba a la Junta a considerarlo. A pesar de ello, la rechazaron.
Castilla y León no es la única comunidad que ha sufrido incendios este verano. En Andalucía, el presidente Juan Manuel Moreno se ha encontrado con las críticas de los brigadistas por las condiciones materiales en las que afrontan las tareas de extinción. En Galicia ya suman casi 20.000 hectáreas arrasadas. Las tres están gobernadas por el PP. Entre las gobernadas por el PSOE que están sufriendo también incendios destaca Extremadura, donde se ha visto afectado el Parque Nacional de Monfragüe.
El cambio climático es un factor de riesgo para los incendios forestales. Y hay fuegos provocados, bien por personas que buscan un beneficio económico o por quienes ignoran las normas básicas en el control de los pastos o en las áreas recreativas. El último ejemplo se ha visto esta misma semana en Ateca (Zaragoza), donde los trabajos de una empresa dedicada a la reforestación están en la causa de un fuego que ha calcinado 14.000 hectáreas. Lo que está todavía sin demostrar es que exista alguna suerte de grupo criminal organizado detrás de ellos. Ni ahora, ni en 2017.