El expresidente Felipe González se ha erigido en el portavoz de quienes, desde dentro del PSOE, critican que el Gobierno vaya a indultar a los condenados por el procés. “No debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta las leyes que lo hacen posible”, dijo el miércoles en una entrevista en El Hormiguero en prime time, donde afirmó también que para esa medida de gracia es imprescindible el arrepentimiento, un requisito que la ley no contempla.
González refleja así el sentir de varios cargos socialistas, entre ellos algunos barones y miembros de la vieja guardia, que no ven con buenos ojos que el Gobierno vaya a conceder un indulto que se da por hecho. “En la Constitución no está la revancha ni la venganza, están el diálogo, el respeto, y la vocación por superar fracturas y reencontrarnos”, dijo Sánchez el martes, preguntado por este asunto, y anticipando cuál será la decisión final del Ejecutivo, que ya tiene sobre la mesa los informes de Fiscalía y Supremo, ambos contrarios al perdón gubernamental.
Las palabras de González reflejan un cambio en su postura sobre los indultos, una medida que no dudó en reclamar cuando los condenados eran sus subordinados. El expresidente del Gobierno llegó a firmar un escrito dirigido al Gobierno de José María Aznar para reclamar el “indulto total” de Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de González y condenado primero por el secuestro de Segundo Marey y luego por malversación de fondos reservados.
Vera y José Barrionuevo, ministro del Interior en los gobiernos de González, fueron condenados por primera vez por el Tribunal Supremo en julio de 1998 a diez años de cárcel por el secuestro del empresario francés Segundo Marey, al que tres mercenarios de los GAL confundieron con un líder de ETA en plena guerra sucia contra el terrorismo. Los jueces señalaron a Vera y Barrionuevo como organizadores y financiadores del secuestro y les situaron como impulsores de los GAL.
El Supremo ordenó su entrada en prisión en septiembre de 1998, un acto que el PSOE convirtió en una demostración de apoyo a ambos condenados. La cúpula del partido y 7.000 personas desplazadas desde distintos punto del país (especialmente de Extremadura y Andalucía) se plantaron a las puertas de la cárcel de Guadalajara.
Allí se juntaron Felipe González, Josep Borrell, Alfonso Guerra, Ramón Rubial, Manuel Chaves, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o José Bono, entre otros. González fue el último en despedirles con un abrazo a las puertas de la prisión; Almunia les prometió que el partido trabajaría para que salieran pronto de prisión. Y así lo hicieron.
González volvió a visitarles a la cárcel unos meses después, en diciembre: “Los que no somos familia pero nos sentimos de la familia, lo que queremos es libertad ya”. Añadió que si no se les indultaba continuarían las manifestaciones a las puertas de la prisión y dijo que sería incomprensible que no se les concediera antes de Navidad. Ese día también acompañaron al expresidente otros cargos socialistas, como Juan Alberto Belloch, ministro de Justicia con el PSOE, que reclamó a Aznar el perdón si tenía “un mínimo de sensibilidad democrática”.
La concentración de altos cargos socialistas ese día en la cárcel no era una casualidad: acudieron justo después de que el Supremo hiciera público su informe favorable al indulto de Vera y Barrionuevo. En un acto en Murcia, Almunia pidió el indulto por “criterios humanitarios y de oportunidad política”.
El Supremo avaló un indulto que González pedía pese a que ninguno de los condenados se había arrepentido de los hechos, una condición que el expresidente del Gobierno considera ahora imprescindible para perdonar las penas de los presos independentistas. Es más, Vera y Barrionuevo renegaron por carta de la petición de indulto que habían presentado unos cargos del PSOE al Tribunal: “Nos queda nuestra dignidad y no la perderemos pidiendo el indulto”.
Ese indulto por parte del Gobierno de José María Aznar solo tardó unos días. El Gobierno se acogió al informe del Supremo y les rebajó dos tercios la condena, lo que les permitió acceder a un régimen abierto. El 24 de diciembre abandonaron la prisión de Guadalajara. El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, justificó la decisión por “altura de miras”; el PSOE criticó que solo fuera un indulto parcial.
El Constitucional confirmó sus penas años más tarde, lo que en la práctica les obligaba a volver a prisión a cumplir con el tiempo que les restaba de condena. Vera, Barrionuevo y el resto de condenados se presentaron en distintos centros penitenciarios el 30 de mayo de 2001. Tan solo unas horas después les fue concedido a todos un tercer grado especial que les libró de la obligación de dormir en la cárcel, que abandonaron pasadas unas diez horas.
El problema para Vera fue que otra causa, una investigación por haber malversado fondos reservados —se habría quedado con 141 millones de pesetas—, le acarreó en 2004 otra condena, esta vez a siete años de prisión. González encabezó de nuevo la petición de indulto y firmó una carta junto a Barrionuevo y José Luis Corcuera, exministro del Interior del PSOE, en la que pedía al Gobierno de Aznar un “indulto total”.
Aquella vez el Gobierno de Aznar no accedió. Vera ingresó en prisión en febrero de 2005 pese a que la condena se había producido meses antes. El Supremo accedió a retrasar su entrada en la cárcel a después de las fiestas de Navidad. Vera, esta vez sí, pidió el indulto él mismo, aunque se le denegó. En agosto del año 2006 obtuvo el tercer grado.
Tanto Vera como Barrionuevo se han mostrado contrarios a que los líderes del procés se acojan al mismo perdón que ellos. Barrionuevo ha considerado que ambas situaciones se parecen “como un huevo a una castaña”; y Vera ha apostado por llegar a un acuerdo con el PP antes de aplicar el indulto.