Félix Martín (Valladolid, 1975) acaba de ser elegido presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la segunda organización profesional en representación en la carrera. Toma el testigo de su predecesor, Jesús Arteaga, en un momento extremadamente convulso en el Ministerio Público, con su máximo representante, Álvaro García Ortiz, imputado por la supuesta filtración de un email relacionado con la investigación por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una causa que, a su juicio, “no es más que humo prefabricado por oscuros intereses” y que enmarca en un “asfixiante intento de instrumentalización política de la Fiscalía por determinados sectores que persiguen otros fines y que no les importa debilitar la Justicia y la democracia”.
¿Qué le parece la causa abierta contra el fiscal general del Estado? ¿Cree que había base para investigarle por un delito de revelación de secretos?
No había una base jurídica, pero es importante explicar el contexto. Y lo primero que ocurre es que aparecen determinadas informaciones sesgadas que cuestionan la profesionalidad de la Fiscalía insistiendo en el mantra de que respondemos a órdenes políticas. Todo, porque el asunto tiene relación con un allegado de una política relevante y a pesar de que el compañero que empezó a trabajar este asunto ni siquiera conocía ese vínculo. Después, aparecen nuevas informaciones que evidencian que las primeras noticias no habían contado toda la secuencia de hechos.
Ante esto, no motu proprio, la Fiscalía Provincial de Madrid, que tiene amparo legal para hacerlo, hace una nota de prensa para explicar lo que ha sucedido y disipar cualquier duda de actuación parcial con el visto bueno del fiscal general. La nota de prensa no desveló nada que no fuera conocido y era necesaria y legítima aclarar que la intervención de los fiscales había sido técnico-jurídica y no política.
El Supremo no reprocha nada de la nota de prensa. Pero ante la posibilidad de que esos correos [entre el fiscal del caso y la defensa de Alberto González Amador] hayan sido desvelados por la fiscal jefe provincial de Madrid y el fiscal general del Estado entiende que es suficiente para abrir un procedimiento. Es una decisión que nos deja estupefactos, pues no hay precedentes aplicando su propia jurisprudencia. No solo no hay indicios, sino que ni siquiera hay sospechas. Nos movemos en la especulación o en la elucubración. Tal y como ustedes han desvelado en sus artículos hay múltiples posibilidades teóricas de quién ha podido revelar [los correos] y sólo se ha abierto una causa contra dos personas.
Precisamente en el marco de esa investigación, el Tribunal Supremo ordenó clonar los ordenadores y el teléfono móvil del fiscal general. ¿Le parece proporcionado?
Es algo que nos preocupa enormemente. Aplicando los parámetros jurisprudenciales consideramos que no era imprescindible. ¿Por qué no se reclamó la entrega de esos correos electrónicos al fiscal general? ¿Por qué no se estudió la posibilidad de obtenerlos de otra manera? ¿Es proporcionado a la gravedad del delito, que es un delito menos grave? ¿Es proporcionada la extensión de la medida? ¿Se han buscado medios menos invasivos? La fiscal jefe provincial de Madrid y el fiscal general del Estado no están despojados de sus derechos fundamentales por desempeñar sus funciones profesionales.
Se ha provocado la entrada a una institución que tiene relevancia constitucional y que tiene como función defender la independencia de los tribunales. Además, la responsabilidad que ostentan tanto el fiscal general del Estado como la fiscal jefa provincial de Madrid les hace depositarios de información relevante, sensible e importante que, de esta forma queda expuesta. Ojalá no veamos el día de mañana que alguna de esas informaciones se acaba filtrando.
¿Cree que esta situación tendrá consecuencias para la carrera?
Me preocupa mucho que el lector de esta entrevista piense que aquí está un fiscal defendiendo a personas importantes. No. En la UPF nos preocupa la posición de debilidad en que esta situación nos deja para el futuro a todos los jueces y fiscales españoles ante delincuentes que tengan capacidad de intoxicación mediática. ¿Nos exponemos a que nos invadan nuestros despachos o nuestras casas? Con estas decisiones se está dando un aval judicial a un proceso claro de deslegitimación del Ministerio Fiscal como institución fundamental para el funcionamiento de la justicia democrática.
Las consecuencias pueden ser devastadoras porque aunque confiamos y no tenemos ninguna duda en que el procedimiento judicial acabará demostrando que no había más que un humo prefabricado por oscuros intereses, el daño ya está hecho y puede que sea difícilmente reversible. Vivimos un asfixiante intento de instrumentalización política de la Fiscalía por determinados sectores que persiguen otros fines y que no les importa debilitar la Justicia y la democracia. Pero no nos vamos a quedar callados. Entre otras cosas, vamos a pedir próximamente reunirnos con los principales grupos parlamentarios.
¿Se puede poner nombre a esos sectores de los que habla?
No. No, porque son variados y distintos.
Antes decía que sus dispositivos pueden alojar información sensible que ahora queda expuesta. ¿Considera que se debería haber adoptado alguna cautela para proteger su confidencialidad?
Se deberían haber intentado usar otras medidas menos lesivas. La mejor manera de evitar males mayores es una medida que no haga correr el riesgo de que ese mal se pueda producir. Es evidente que el fiscal general o cualquier fiscal jefe va a tener información sensible sobre causas que están en objeto de conocimiento.
La UPF es la única asociación que ha defendido la actuación del fiscal general, que fue afiliado hasta que fue nombrado. ¿Cree que se han quedado solos?
Respetamos todas las opiniones de los compañeros, cada uno tiene que defender sus argumentos. Pero a nosotros lo que nos preocupa es que la sociedad perciba que esto es algo ajeno cuando no lo es y va a repercutir en algo tan importante como la Justicia del día a día.
Salvo la UPF, todas las asociaciones han pedido la dimisión del fiscal general. El CGPJ lo declaró “no idóneo” y tachó de “deficiente” su gestión. ¿Cómo valora estas resistencias?
Creo que, junto al de seleccionador de fútbol, no hay puesto más sometido a la crítica en España que el de fiscal general del Estado. Que se someta a crítica su figura es absolutamente legítimo. Pero el límite es que a través de esa crítica pública se ataque a su honorabilidad personal o se deslegitime a la institución del Ministerio Fiscal.
Uno de los términos que ha formado parte de la agenda los últimos meses es el lawfare. Muchos de sus compañeros niegan incluso su existencia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Existen esos abusos en la práctica judicial?
Creo en las instituciones democráticas; en el Estado de Derecho español, que es sólido y fuerte; en los mecanismos y contrapesos que se establecen en nuestro sistema jurídico. Nuestros pilares son sólidos, tenemos casi 50 años de experiencia y hemos pasado pruebas muy difíciles. Ahora bien, sí hay maniobras claras para debilitar estos pilares. Y esas maniobras pueden intentar introducir el lawfare en España de dos formas: o acabando con la independencia de los jueces, que ha habido algunos intentos; o deslegitimando al Ministerio Fiscal. La sociedad parece que solo se queda con la primera y olvida la segunda, que es la que se está produciendo de una manera muy importante ahora. Para que no haya lawfare es imprescindible un Ministerio Fiscal fuerte.
¿Está de acuerdo con el actual sistema de elección de vocales del CGPJ? ¿Haría algún cambio?
En la UPF siempre hemos defendido que tiene que haber un control parlamentario porque el CGPJ es un poder del Estado, que tiene funciones que van mucho más allá de ser un colegio profesional. Es muy importante cómo se concrete eso y qué mecanismos se establezcan para vencer la pereza —con muchas comillas— de los políticos, que es inadmisible. Animamos a que se hagan conclusiones muy interesantes para que se consigan esos objetivos en base a los principios que le he comentado.
La UPF es partidaria de la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal. Es una medida contenida en la lecrim que el Gobierno sigue sin tramitar. ¿Le decepciona?
Yo aprobé las oposiciones en el año 2005. Entonces, cuando fui a la escuela de fiscales ya decían que nos iban a dar la investigación, que era inminente. Han pasado veinte años y es imprescindible. No porque seamos más listos que los jueces, por supuesto que no, sino porque como estamos especializados podemos dar una respuesta más eficiente a una delincuencia cada vez más compleja. Pero no avanzamos porque los políticos —y en esto somos muy severos contra todos— dicen una cosa cuando están en la oposición y otra cuando están en el Gobierno y parece que solo se quedan con la forma de designación del fiscal general. Nosotros demandamos como algo imperioso la autonomía organizativa, funcional, formativa y presupuestaria para poder estar en vanguardia para la sociedad y no decepcionarles porque estamos capacitados en dar una respuesta muy eficiente a la criminalidad.
Tenemos referentes como Bartolomé Vargas en seguridad vial, Teresa Peramato en violencia de género, Miguel Ángel Aguilar en delitos de odio… Ya estamos propiciando avances para la sociedad y todavía no nos han dado la investigación. Si para conseguirlo es necesario que se cambie la designación del fiscal general y se designe por el Parlamento, aplaudimos. La culpa de que esto no se haga no la tiene ni este fiscal general ni los 16 anteriores, la tienen los políticos que lo pueden cambiar.
¿Para ello se debería blindar antes su autonomía del Gobierno?
Es importante que la sociedad entienda que el hecho de que al fiscal general lo designe el Poder Ejecutivo no quiere decir que no seamos autónomos. Las causas del cese del fiscal general son tasadas. Una vez que el Gobierno nombra a un fiscal general, está blindado. Frases como “la Fiscalía de quién depende” o “el Gobierno debería cesar al fiscal general” —por poner dos ejemplos de distinto signo político— demuestran que las personas que las han dicho no conocen la ley y nos hacen un flaco favor. Otra cosa es que queramos que se refuerce nuestra autonomía. Pero no nos equivoquemos porque el de la autonomía es el argumento que usan siempre para justificar no darnos la investigación.
Desde algunos sectores se critica la politización de la Fiscalía. ¿Debería impedirse por ley que alguien que ha sido diputado o alto cargo pueda ser nombrado fiscal general del Estado por ese partido si llega al Gobierno?
Es una decisión que tiene que tomar el Parlamento. Pero cualquier decisión en el sentido de reforzar nuestra autonomía a través de la apariencia de imparcialidad del fiscal general va a ser bien recibida por los compañeros y nosotros estaríamos encantados. Pero la reforma debe ir más allá: medios materiales y profesionales, una oficina fiscal que no responda a estructuras decimonónicas…
Antes de su actual puesto, usted trabajó en las fiscalías de Sabadell y Cerdanyola del Vallés en la especialidad de Violencia sobre la Mujer, entre otras. ¿Falla algo desde el ámbito judicial para que siga habiendo tantas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas?
Empecé a ser fiscal en 2005, recién entrada en vigor la ley de violencia de género, y el cambio que hemos vivido ha sido espectacular. Se ha hecho un esfuerzo muy grande en formarnos y en sensibilizarnos, pero hay que hacer más. Hay que entender [a las víctimas] de manera más rápida, más sensible, más empática. Hay que evitar discursos negacionistas, no hay que banalizar. Hay que animar a denunciar. Hay que visibilizar socialmente que la violencia tiene muchas intensidades, no solo es la agresión física… No vamos a cansarnos de mejorar. Pero la justicia, desgraciadamente, no puede borrar la maldad humana.
El Gobierno aprobó esta semana la creación de dos nuevas fiscalías especializadas en delitos económicos y contra la administración pública. ¿Cree que son necesarias teniendo en cuenta que ya existe la Fiscalía Anticorrupción?
Anticorrupción tiene competencias en Hacienda Pública, Seguridad Social, delitos cometidos por funcionarios públicos, delitos cometidos en grupos de delincuencia organizada… Imagine el grado de complejidad. Tener delitos económicos, delitos contra administración pública y Anticorrupción va a suponer más especialización —que es una de nuestras banderas— y más medios personales. Además, mejoraremos la respuesta penal, porque el que nos encontremos con estas dos fiscalías implica unificar criterios, reuniones de especialistas, conclusiones, coordinación... El resultado tiene que ser, sí o sí, como el de las demás especialidades que se han creado: más eficacia y más eficiencia. Y esa es la respuesta que debe dar la Fiscalía del siglo XXI.
También se ha anunciado la creación de 79 nuevas plazas de fiscales. ¿Son suficientes?
No. Es una cifra palmariamente insuficiente. No nos podemos conformar con eso. Además, implica que nunca se nos da una autonomía propia, una agenda propia. Es decir, la creación de plazas de Fiscalía siempre va ligada a la creación de órganos judiciales. La sociedad tiene que entender que para lograr una mayor eficiencia económica y social tenemos que exigir más plazas. Y no porque nosotros tengamos más trabajo, sino porque los intereses particulares de los ciudadanos a lo mejor en vez de resolverse en dos años tardan cinco y eso no puede ser.
Ya ha relatado antes algunas, en relación a la situación del fiscal general. ¿Qué otras conclusiones deja el Congreso de la UPF?
Además de demostrar nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos, sí constatamos que se empiezan a cuestionar cosas que pensábamos que eran incuestionables desde la II Guerra Mundial. Es muy preocupante lo que está pasando en Gaza o decisiones como la del Parlamento de Israel con la prohibición de la UNRWA.
¿Cuáles son sus objetivos como presidente?
Mi principal objetivo es que mis compañeros se sientan representados y, este momento que estamos viviendo de deslegitimación del Ministerio Fiscal, acercarnos a la sociedad. La UPF tiene la cosa bonita de que conecta reivindicaciones profesionales con la defensa de ideales de derechos humanos, de defensa de una justicia democrática, de calidad. Asumo el compromiso de acercar un poco la figura del fiscal a la sociedad, de que los ciudadanos vean que estamos a su servicio, que nos tienen como defensores y valedores de la justicia y de la democracia, como los primeros soldados.