Más sobre Grande-Marlaska: fue aupado por el PP al Consejo General del Poder Judicial, archivó el caso del Yak-42, defendió que en los CIE “no se vulneran derechos fundamentales” y es señalado por haber ignorado por sistema las denuncias de torturas. Puedes leer más en el perfil del nuevo ministro del Interior que hemos publicado en eldiario.es
Al nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le han recordado sus decisiones en su etapa como juez de la Audiencia Nacional desde que se conoció su nombramiento. Entre éstas están que cerrase la causa del Yak-42 (decisión que le corrigió la Sala de lo Penal), que dijese que en los CIE “no se vulneran los derechos fundamentales” o que apoyase el nombramiento de un juez homófobo. Pero una de las cuestiones que se le reprochan, y que en las últimas horas ha aparecido en medios y ha sido comentada por líderes políticos como Pablo Iglesias, no se corresponde con la realidad: Grande-Marlaska no fue el juez que ordenó el secuestro de la revista satírica El Jueves en julio de 2007 por una portada en la que aparecían los entonces príncipes, Felipe y Letizia.
Quien lo hizo fue su compañero Juan del Olmo, que fue el instructor de la causa y emitió el auto para que se retirase la revista de los kioskos el 20 de julio de hace 11 años. El escrito del juez del Olmo contra El Jueves por su número del 18 de julio de 2007, donde aceptaba la denuncia de la Fiscalía por injurias a la Corona, así lo prueba.
El nuevo ministro sí estuvo vinculado a esa causa, pero no fue el impulsor del secuestro motivado por la viñeta de Manel Fontdevila y Guillermo Torres con dibujos de los ahora reyes desnudos. El papel de Grande-Marlaska en el caso se limitó a llevar a cabo el trámite de la apertura del juicio oral.
Para dictar auto de apertura de juicio oral solo se necesitan dos requisitos: que haya escrito de acusación, de la Fiscalía o de las acusaciones populares, y que no concurran ninguna de las circunstancias que obligan al archivo. Estas son que no haya indicios de un delito recogido en el Código Penal o que el acusado esté exento de responsabilidad penal, algo que ocurre en el caso de los menores de 14 años.
Si se dan estas circunstancias, el juez instructor está obligado a dictar auto de apertura de juicio oral. En el mismo, se incluyen las peticiones de las partes y los acusados no pueden recurrirlo. La apertura se dicta cuando ya está finalizada la investigación judicial, esto es, la instrucción. En ese momento, Del Olmo estaba de vacaciones y Grande-Marlaska le sustituía, por lo que tuvo que ser él quien diese esa orden.
Quien puso la primera denuncia contra la publicación satírica fue la Fiscalía, que alegó ante la Audiencia que se podrían haber cometido los delitos contra la Corona recogidos en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal. El Ministerio Público pidió como medida cautelar que se retirase y se prohibiese la difusión de la revista, a la que acusó de mostrar a los príncipes “en actitud claramente denigrante y objetivamente infamante”. También alegó que “la imagen y diálogos atribuidos a sus altezas provocan un grave menoscabo del prestigio de la Corona”.
El entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró el 21 de julio de 2007 que el dibujo y las expresiones atribuidas en la viñeta a los príncipes eran “innecesarias” e “incurrían manifiestamente en hecho delictivo”. Conde-Pumpido dijo también que el secuestro servía para “restaurar el orden jurídico perturbado”.
Por esta causa fueron procesados Manel Fontdevila y Guillermo, que fueron condenados por la Audiencia Nacional a pagar 3.000 euros de multa por cometer un delito de injurias a la Corona. Sus recursos llegaron hasta el Tribunal Constitucional, que los rechazó y confirmó así la condena. La revista se hizo cargo de las sanciones y las pagó en lugar de sus dibujantes.