“Esto es racismo”. Así lo considera Diego García, tío de Eleazar García, el joven con discapacidad cerebral grave que fue detenido y golpeado a las puertas del estadio El Molinón de Gijón el 8 de septiembre de 2019. Pocos minutos después de la detención, falleció de un ataque cardíaco. Han pasado más de 500 días desde su muerte; hay ocho vigilantes jurados y cinco policías locales investigados y “mucha injusticia”, en palabras de García, portavoz de la familia. A su entender, las instituciones han tratado de silenciar este caso “desde el comienzo”. “Es como si aquí no hubiera pasado nada, como si se quisiera echar tierra encima”, añade García. “Somos gitanos, pero tenemos los mismos derechos que cualquier otro”.
La jueza ha concluido la investigación. Considera que hay indicios de delito y propone que se juzgue a los 13 acusados. La Fiscalía, sin embargo, ha pedido el sobreseimiento de la causa al considerar que no ha habido ningún tipo de violencia por parte de los vigilantes o los policías locales y que se trata de una muerte natural. La familia García sí considera que hubo algún tipo de actividad delictiva en su muerte y pide lo que lleva haciendo desde hace más de un año: “justicia para Eleazar”.
Los hechos se remontan al 8 de septiembre de 2019. Eleazar había asistido junto a su padre y un amigo al partido de la Selección Española de Fútbol contra Islas Feroe en El Molinón. Tenía una discapacidad del 75% y 34 años de edad. “Era un niño grande”, como explica su tío. Sufría una parálisis cerebral grave y así se aprecia en el vídeo que comparte su padre minutos antes de que Eleazar dejase su asiento. Desorientado, se pierde, sale del estadio e intenta volver, pero no tiene la entrada que guardaba su padre. Los guardias de seguridad le impiden el paso, así lo recoge la investigación de la Policía Nacional y de la jueza a cargo del caso, Belén García Iglesias. Desde ese momento, se desencadena “una serie de desgraciadas desdichas”. Así define García una actuación que desemboca en un “final trágico”: la muerte de su sobrino.
Borracho, ultra o yihadista
“Fue como una jauría desatada”, explica García. Ocho vigilantes de la empresa Prosegur reducen a Eleazar, lo inmovilizan contra una valla, lo tiran al suelo y le colocan unas esposas. Así lo recoge el informe de la titular del juzgado de instrucción número 2 de Gijón. También recoge que Eleazar estaba alterado y muy nervioso y que no supo explicar a los vigilantes que quería reunirse con su padre. En un forcejeo agredió a una guardia de seguridad, que fue atendida por la Cruz Roja.
Que Eleazar debía de estar “borracho o drogado”; que podía ser un “ultra de un equipo de fútbol” o un “terrorista yihadista”, incluso. Eso fue lo que explicaron algunos vigilantes ante la jueza, que ha ido desmontando todas estas hipótesis. “¿Por qué todas estas teorías?”, se pregunta el portavoz de la familia García. “Para tratar de justificar una acción desproporcionada y violenta”, concluye. Los testigos señalaron que en ese momento se apreciaba que era un joven con discapacidad, que estaba desorientado, pero no borracho. Los informes posteriores así lo corroboran.
“Fueron detrás de él para agredirle”, cuenta García. Eleazar desiste y abandona el estadio, salen tras él los vigilantes y cinco agentes de la policía municipal de Gijón, que habían sido avisados del incidente. El joven es detenido por atentado a un agente de la autoridad y dos testigos aseguran que, en dicho acto, los guardias de seguridad le propinan una paliza. El informe forense también lo corrobora.
Ante las lesiones, la policía municipal lo lleva al centro de salud del Parque-Somió, el más cercano, donde lo vuelven a reducir porque sigue muy alterado. En ese instante el joven muere de un ataque cardíaco. “Mi sobrino perdió la vida en manos de quienes se la tenían que haber protegido”, explica Diego García. “Que se diriman responsabilidades”.
“En aquel momento no creo que fuera racismo, pero ahora sí”, comenta el portavoz de la familia de Eleazar. “No se entiende el trato que hemos recibido desde las autoridades. Parece que como mi sobrino era gitano y discapacitado no tiene tanta relevancia social. Es lo que sentimos desde el principio”, añade.
Para la familia García, “el último capítulo de esta tragedia” es el informe presentado por la Fiscalía en el que pide sobreseer la causa al considerar que el fallecimiento se produjo por causas naturales y no existió violencia en la intervención. El Ministerio Público pide eximir de cualquier responsabilidad a los cinco policías locales y los ocho vigilantes investigados. “Eleazar no sufría ningún tipo de patología cardíaca”, asegura su familia, quien, a través de su abogado, Marcos García-Montes, ha recurrido el informe fiscal. “Queremos que se tengan en cuenta a los testigos oculares que dieron su versión”. Y concluye García, “si unos policías y guardias han actuado mal, tendrán que dar cuenta de ello”.
Tras las investigación, la jueza ve indicios de criminalidad y ha procesado a 13 acusados. A los ocho guardias de seguridad les atribuye indiciariamente presuntos delitos de homicidio imprudente o delito leve de lesiones, así como delitos contra la integridad moral. Estos mismos delitos —aunque a título de comisión por omisión— imputa a los cinco policías municipales implicados, a los que también atribuye presuntos delitos de detención ilegal, según el auto dictado el pasado 10 de diciembre. Serán los tribunales quienes decidan.