El préstamo millonario que recibió Vox por parte de un banco húngaro y los 100.000 euros de dinero negro que cobró Alvise Pérez, impulsor de Se Acabó La Fiesta (SALF), han agravado las sospechas sobre la financiación de las dos principales agrupaciones de la extrema derecha española y, en concreto, sobre cómo sufragaron las campañas del último ciclo electoral que concluyó con las europeas de junio.
Pese a presentarse desde sus inicios como 'outsiders' de la política frente a los partidos tradicionales que consideran “del sistema” y utilizar como una de sus grandes banderas para recabar votos la lucha contra la corrupción, ambos han encontrado distintos atajos que bordean la ley de partidos para recaudar importantes sumas de dinero que financien sus respectivos partidos políticos.
Vox nació cargando contra los “chiringuitos”, término con el que la formación de extrema derecha se refiere tanto a los organismos públicos que no son de su interés, como a asociaciones que reciben financiación pública para promover el feminismo, la igualdad LGTBI o los derechos humanos, entre otros fines. El rechazo a las subvenciones públicas a partidos políticos, sindicatos u organizaciones patronales es, además, una de sus principales banderas.
Abascal acuñó ese discurso aunque solo unos años antes de la fundación de Vox sí aceptó encabezar la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio de la Comunidad de Madrid, creado expresamente para él por Esperanza Aguirre, por el que cobró 82.000 euros anuales de dinero público y que después él mismo reconoció que no era un organismo necesario. Y ahora, pese a sus mensajes, el dinero público es la principal fuente de financiación de su partido: representa un 82% de sus ingresos, según sus últimas cuentas, las de 2023.
Precisamente en ese ejercicio Vox recibió un préstamo de nueve millones de euros de un banco húngaro con el objetivo de financiar las distintas campañas electorales de ese año: autonómicas, municipales y las generales anticipadas. Aunque en un inicio el partido de extrema derecha evitó concretar de dónde procedía ese dinero, el pasado 26 de septiembre el medio de investigación Vsquare señaló directamente a una entidad financiera: MBH Bank.
Se trata, según ese mismo medio, de “un gigante financiero formado a partir de la fusión de tres entidades” y que en parte “es propiedad de LÅ‘rinc Mészáros, el empresario más rico de Hungría y amigo de la infancia de Orbán”. Además, según desveló elDiario.es el pasado lunes, el banco húngaro tiene como mayor accionista a Corvinus International Investment, una firma de inversión controlada al 100% por el Estado magiar presidido por Viktor Orbán. Y es, además, de una de las firmas que estuvieron detrás de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Magyar Vagon sobre el fabricante de trenes Talgo, que el Gobierno vetó por razones de “seguridad nacional”.
“Ante la imposibilidad de obtener ese préstamo, que obtienen todos los partidos políticos sobre todo en época electoral y ante el retraso, no sabemos si deliberado o no, de la Administración General del Estado con esos gastos electorales que le corresponden a cualquier partido político y la imposibilidad, puesto que ningún banco se abrió a prestárnoslo, pues acudimos a un banco húngaro”, reconocía esta misma semana Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, que no quiso entrar a hacer valoraciones sobre la propiedad de la entidad.
La legislación española en vigor –en concreto, el artículo 7 de la ley de partidos– establece, sin embargo, que “los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”. El propio Vox ha admitido que ha sido financiado, a través de ese préstamo de nueve millones, por parte de un banco que tiene como primer accionista al Estado húngaro.
En manos de la Fiscalía del Supremo
A la espera de que esa actuación pueda ser valorada por la Justicia, quien sí está siendo investigado por los tribunales es Alvise Pérez, el eurodiputado de SALF que siempre ha basado su discurso en la lucha contra la supuesta corrupción generalizada de los partidos tradicionales. Justo antes de las europeas en las que el proyecto ultra obtuvo 800.000 votos y tres escaños, Pérez cobró 100.000 euros de dinero negro de Álvaro Romilla, fundador de Madeira Invest Club (MIC).
Se trata una oficina de inversión especializada en criptomonedas apadrinada por el propio Alvise y que cerró de forma sorpresiva en septiembre habiéndose llevado el dinero de los inversores. Este viernes el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admitía a trámite tres denuncias presentadas contra los responsables de Madeira Invest Club al considerar que se trata de “una supuesta estafa piramidal”.
El 24 de septiembre la Fiscalía General del Estado remitió a la representación del Ministerio Público en el Tribunal Supremo –Pérez está aforado ante el alto tribunal por su condición de eurodiputado– el escrito, desvelado por elDiario.es, en el que Romilla reconoció haber pagado esos 100.000 euros en mano al fundador de SALF al constatar la existencia de indicios de delito en ese cobro en efectivo.
Mensajes y audios desvelados por este mismo diario mostraron cómo Alvise reconoció haber recibido ese dinero en mayo, en plena campaña de las europeas. En sus conversaciones con Romilla, el dirigente ultra le explicó que esos 100.000 euros –“100.000 gracias”, le llegó a decir– le venían muy bien para financiar la campaña. Y días antes, en abril, Alvise le había trasladado sus “necesidades”, entre las que citaba “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para pagar mítines, publicidad y actos de campaña.
El objetivo de Alvise, según relató él mismo a su interlocutor, era recaudar “entre 300.000 y 360.000 euros” para hacer frente a la campaña electoral y pagar a los “proveedores” con los que iba contactando. También aludió a la necesidad de conseguir “fondos para el partido” que, lamentaba, no podía pagar de su bolsillo por los límites de la normativa de financiación de partidos políticos. Pero también, según dijo, para poder lidiar económicamente con la promesa electoral de sortear su sueldo y con las “multas” que, afirma, tiene que pagar por “revelación de secretos”.
Diversos mensajes aportados a la Fiscalía muestran que Alvise quería el dinero, al menos en parte, para financiar su camino a Bruselas. “Nos urgen fondos para la campaña; digital, físico, audiovisual, propaganda, logística, etc”. “Como voy a renunciar al 100% de sueldo público, me viene bien también eso para financiar la aventura política”, agregó, en ese intercambio con el empresario de criptomonedas.
Tras el escándalo revelado por elDiario.es Alvise publicó un mensaje en sus redes sociales que grabó en vídeo confesando el cobro de ese dinero en negro. “Acepté, y es verdad, cobrar esos honorarios privados sin factura para poder tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerme con mi actividad política”, dijo. “No voy a esperar a ningún juicio porque no necesito ningún juez, soy culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saquea más de la mitad”, añadió.
La ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones anónimas y establece que los partidos políticos no pueden aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales, ni tampoco donaciones procedentes de personas jurídicas. Además, todas las donaciones superiores a 25.000 euros deben notificarse al Tribunal de Cuentas por el partido político en el plazo de tres meses desde su aceptación.
Los precedentes
Estos escándalos vinculados a la extrema derecha se suman a los conocidos en los últimos meses respecto a la financiación de Vox que, desde hace años, transfiere millones de euros, la mayoría procedente de fondos públicos, a una fundación, Disenso, que preside el propio Santiago Abascal. Aunque en 2023 el partido perdió dos millones de euros en ingresos el partido continuó haciendo las transferencias a esa fundación –principalmente para aumentar salarios– a la que desde 2021 destina 2,5 millones de euros anuales.
El año pasado, Disenso, que cuenta con solo 26 trabajadores, dispuso de 2,8 millones de euros. Los 2,5 millones que le pasó el partido más dos subvenciones públicas de 150.000 euros y un pequeño excedente del año anterior. Y, desde su creación, Disenso ha recibido nueve millones de euros del partido, una cantidad que supera con creces lo que suelen ingresar las fundaciones de otras formaciones políticas.
En cuanto a Alvise Pérez, el escándalo del cobro en negro de 100.00 euros se suma a sus condenas civiles por difamar a Ana Pastor y Manuela Carmena y las múltiples investigaciones penales abiertas por revelación de secretos a través de sus redes sociales, dedicadas en exclusiva a lanzar bulos e informaciones falseadas sobre sus rivales políticos.