La comisión sobre la financiación del PP arranca con la oposición en contra de las exigencias del partido de Rajoy
La comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP, constituida el pasado día 11 en el Congreso, va a celebrar la primera reunión formal el próximo miércoles y ya se barrunta bronca entre el PP y los grupos de la oposición para establecer sus reglas internas de funcionamiento.
Los populares solicitaron la semana pasada a la Mesa de la comisión que encargara un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para poder estudiarlo el miércoles, en el que se establezca el ámbito de los trabajos que se van a abordar. Es decir, que los letrados determinen hasta dónde deben acotarse las fechas de la investigación sobre la financiación del PP y qué tipo de documentación podrían solicitar los grupos sobre aquellos contratos que pidan analizar.
A juicio de los conservadores el informe, ademas, debe determinar a qué organismos e instituciones –sede del partido, ayuntamientos, empresas etc–, va a poder reclamarse esa documentación.
“Lo que no pueden pretender el PSOE, Podemos y Ciudadanos es hacer un juicio paralelo sobre algo que ya están investigando los jueces. El Parlamento solo debe centrarse en las responsabilidades políticas, si las hubiera”, aseguran a eldiario.es fuentes de la dirección del Grupo Popular.
Las mismas fuentes estiman que los grupos de la oposición tampoco pueden proponer investigar todo lo que ha ocurrido en los últimos “veinte años o veinticinco” en el PP. “Deben de concretar qué años, qué contratatos van a pedir y por qué, y las motivaciones que les mueven para llamar a comparecer a ciertos dirigentes del partido”, añaden.
Todos los grupos de la oposición están dipuestos a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inaugure la lista de comparecientes en dicha comisión. En el PP han asumido que su testimonio va a ser ineludible pero van a intentar retrasarlo lo más posible.
El presidente del Gobierno ha pedido a su vez que su testimonio en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel sea por videoconferencia la última semana de julio. Y en su partido prefieren esperar a que pase ese primer trago. Sin embargo, la diputada del PP, Beatriz Escudero, vicepresidenta de la comisión de investigación, al finalizar el otro día la primera reunión de la Mesa tras su constitución, no descartó que Rajoy tenga que ir antes al Congreso.
El PP no tiene mayoría en ninguno de estos órganos, dado que el voto es ponderado, por lo que los populares tendrán que aceptar la fecha que programe la Mesa, dependiendo siempre de la agenda del presidente. Escudero, no obstante, recordó que Rajoy “era un vicesecretario general más del partido en 1999”, que es el año de la primera pieza del caso Gürtel.
Preocupación en el PP por los comparecientes
En el PP cunde la preocupación ante la larga lista de cargos y excargos públicos y políticos que van a tener que desfilar por el Congreso. Los principales grupos han adelantado que quieren llamar a testificar también al expresidente José María Aznar, a Esperanza Aguirre y a todos los extesoreros del PP, empezando por Luis Bárcenas, entre otros. A esos nombres puede unirse ahora el de Cristina Cifuentes que también va a dar explicaciones en la Asamblea de Madrid por el caso Lezo y la supuesta financiación irregular del PP madrileño. Todo esto va a suponer un autentico calvario para el PP y para el Gobierno durante los próximos meses.
Por ello algunos dirigentes conservadores han empezado a reclamar “sensatez” a los de Ciudadanos, amenazando con poner en marcha en el Senado la comision en la que se investiguen las finanzas de todos los demás partidos, a la que llamarían a comparecer a los máximos dirigentes de las otras formaciones. Pero los de Rivera, tras el caso de Cifuentes, han decidido entrar en una dinámica de mayor distanciamiento con los conservadores pese a mantener de momento el acuerdo de investidura en Madrid y el apoyo a los Presupuestos en el Congreso.
Los de Rajoy confían también en que el presidente de la comisión, Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, les ayude a paralizar algunas de las propuestas y peticiones que haga la oposición. Recuerdan que fueron ellos los que al fin y al cabo propusieron su nombre aunque desligan ese nombramiento con las negociaciones que están mantenido para atraer el voto del diputado canario a los Presupuestos Generales del Estado, crucial para el Gobierno.
Pero Quevedo ha advertido de que no se va a dejar “mangonear” y que tampoco quiere que la comisión “se convierta en un circo”. A su juicio los trabajos de la comisión deben ser “ágiles” pero a la vez “ transparentes y diáfanos”.
