Madrid, 26 jun (EFE).- El fiscal de sala jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, José Ramón Noreña, considera “preocupante” la implantación en la costa mediterránea, y especialmente en la Costa del Sol, de organizaciones criminales extranjeras, de Francia Italia, Holanda, Marruecos y los países bálticos.
En declaraciones distribuidas a los medios por la Fiscalía con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, Noreña enmarca esas redes en un panorama cada vez más complejo de tráfico de drogas en España.
Entre las actividades “tradicionales” destaca la importación de hachís desde Marruecos; de cocaína desde Sudamérica, tanto por vía marítima -contenedores y embarcaciones dedicadas específicamente al tráfico ilegal-, como aérea -contenedores y pasajeros-; y de heroína, fundamentalmente por carretera desde Holanda.
Junta a esa actividad, explica, en territorio nacional hay un auge de nuevas sustancias, con un “incremento notable” de las plantaciones de cannabis y el uso de internet para las transacciones, con envíos de mensajería.
Según apunta, con la pandemia se ha detectado una reducción de los transportes de hachís por carretera y también de pasajeros de líneas aéreas desde Iberoamérica, pero la llegada de contenedores no se ha visto afectada.
Cádiz se ha convertido en la única provincia en España con tres fiscales antidroga: Cádiz-Ceuta, Algeciras y Jerez de la Frontera.
La delegada de Cádiz-Ceuta es además la “delegada autonómica”, una figura que Noreña plantea extender a otras comunidades, como Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana.
El fiscal antidroga subraya también la actividad internacional de su departamento, una cooperación judicial que, aunque ralentizada por la pandemia, se ha mantenido constante a través de la tramitación de órdenes europeas de detención y entrega, expedientes de extradición, comisiones rogatorias o reconocimiento y ejecución de sentencias extrajeras.
Noreña subraya la importancia de esa cooperación internacional para, por ejemplo, identificar a organizaciones y grupos criminales radicados en España.
Y en este contexto apunta a dos grupos de países clave: los europeos, especialmente Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña, y los iberoamericanos, fundamentalmente Colombia, pero también Brasil, Argentina y Perú.