La Fiscalía ha solicitado hoy cinco años de cárcel para la alcaldesa de Telde (Gran Canaria), María del Carmen Castellano (PP), por malversación, fraude, falsedad y blanqueo en el caso “Faycán”, y seis años para uno de sus antecesores, Francisco Agustín Valido (PP), por cohecho.
El Ministerio Fiscal pide que se abra juicio oral ante la Audiencia de Las Palmas contra las 29 personas para las que presenta cargos: políticos en ejercicio, exconcejales y técnicos municipales a los que acusa de haber participado en “un sistema de obtención ilícito de fondos” prevaliéndose de sus cargos públicos, con la colaboración de varios empresarios que se pagaban sobornos.
La Fiscalía subraya que ese entramado tenía como finalidad aparente “financiar al Partido Popular de Telde”, si bien eso “solo era un pretexto” -matiza-, porque el objetivo real era obtener beneficios para el patrimonio personal de una serie de acusados que dirigían la concesión de contratos de obras y servicios en el Ayuntamiento durante el mandato del PP y Ciuca entre 2003 y 2007.
La acusación sitúa en el centro de esa trama a la concejal de Contratación, María Antonia Torres (PP), que se suicidó durante la instrucción; a su esposo, el interventor municipal, Enrique Orts; al entonces alcalde, Francisco Agustín Valido (PP); y a su concejal de Hacienda, Carmelo Julián Oliva Betancourth.
Su sistema de conseguir fondos consistía en exigir comisiones ilícitas, que en algunos casos llegaban al 20 por ciento, a las empresas que pretendían conseguir algún contrato con el Consistorio o que simplemente pedían cobrar sus deudas atrasadas.
La Fiscalía relata, así, que empresas de todo tipo, desde una ferretería local que se convirtió en proveedora casi exclusiva del Consistorio, hasta una constructora de implantación nacional, como Dragados, pagaron comisiones en diferentes operaciones por más de medio millón de euros, casi siempre a la persona que ejercía como intermediario de la trama: Francisco Gordillo Suárez.
La actual alcaldesa de Telde, que entonces era concejal de Desarrollo Local y presidenta local del PP, se enfrenta a una doble acusación: la de haber blanqueado esos capitales obtenidos ilícitamente y la de haber falsificado una serie de facturas para que unas obras de reforma en la sede de su partido fueran pagadas por el Ayuntamiento, con cantidades “infladas”, simulando que eran gastos de las escuelas taller y de un programa de empleo.