El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, considera que en el debate sobre la reducción del número de aforados “hay mucha demagogia” y se está utilizando “para no hacer reformas que realmente puedan atajar los casos de corrupción”.
En una entrevista con Efe, Calparsoro afirma que le parece “bien” la propuesta del Gobierno de reducir el número de personas con la condición de aforados, que considera “justificada en muchos casos”, y cree que habría que ir analizando caso por caso para determinar en qué cargos puede ser eliminada esa condición.
En cualquier caso, aclara, “no es un privilegio”, ni significa que esa persona pueda eludir ser juzgada si ha cometido un delito.
Calparsoro ha defendido que se mantenga “para jueces y fiscales, en algunos niveles” y para “el núcleo duro” de los cargos políticos, mientras que defendería su supresión, “por ejemplo, para los parlamentarios autonómicos”.
Ha insistido en que, si el Estado pretende luchar contra la corrupción, debería articular leyes para exigir mayor transparencia en todos los ámbitos de la administración, en el cumplimiento de sus contratos y exigir también un control a los altos cargos.
El fiscal ha valorado que se hayan parado algunas reformas en la Administración de Justicia que había iniciado Alberto Ruiz Gallardón, al frente del Ministerio de Justicia, en aras “a lograr el mayor consenso con todos los profesionales e intereses afectados”.
“Me parece muy positivo” que se haya parado la anunciada reforma de la ley reguladora de Justicia Gratuita, después de haber escuchado la posición contraria de abogados y procuradores, y que se intente lograr un acuerdo, ha expresado.
Por otra parte, Calparsoro manifiesta su convicción de que en Euskadi no se han producido casos “de la magnitud” del que investiga la fortuna del expresidente catalán Jordi Pujol, ni tan complejos como la corrupción denunciada en Baleares o Andalucía.
En una entrevista con Efe, Calparsoro ha confiado en que Euskadi cuente antes de seis meses con la nueva figura del delegado de la Fiscalía anticorrupción, para facilitar la investigación de ese tipo de casos porque “los ciudadanos demandan y se merecen más rigor y efectividad en la persecución de esos delitos”.
A su juicio, “sería muy osado decir que en Euskadi ha podido ocurrir lo mismo que en Cataluña” -en referencia a las investigaciones al expresidente catalán y su familia por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal-.
Ese tipo de tramas “pueden salir en cualquier lado, pero el caso Pujol es muy particular” porque se produce “después de veinte años al frente del gobierno de la Comunidad autónoma” y puede tener “ramificaciones” de corrupción “en todo su ámbito familiar y cercano”.
“Confío en que en Euskadi no haya habido casos de esa gravedad porque sería la demostración de un fracaso”, ha dicho Calparsoro.
Según ha insistido, “aunque también haya habido casos en otras Comunidades autónomas, como Cataluña, Baleares, Valencia y Andalucía, yo creo que en Euskadi no ha habido corrupción” a esa escala o con “esa magnitud o trascendencia”.
En cualquier caso, “no se puede excluir” que se vayan descubrir también en esta comunidad “casos de hace tiempo”, ha advertido.