La fianza millonaria solicitada el miércoles por Anticorrupción para Iñaki Urdangarin y Diego Torres y cuyas líneas maestras adelantó el martes este diario devuelve al primer plano, aunque de forma implícita, a Cristina de Borbón. En su escrito la Fiscalía sostiene que Aizoon SL, cuya titularidad comparten al 50% el duque de Palma y su esposa, debe ser considerada responsable civil directa a la hora de satisfacer los 8,189 millones de fianza, y no solo si los dos imputados carecen de medios de pago o bienes susceptibles de embargo, como ocurre con los responsables subsidiarios.
El fiscal hace extensiva a las restantes empresas de la trama la petición de responsabilidad civil directa que formula para Aizoon. Y argumenta así el porqué: “Son las directamente beneficiadas por el fraude al haberse desviado las cantidades recibidas por Instituto Nóos hacia dichas entidades a través de facturas simuladas”. Entre 2004 y 2007, y según los documentos de Hacienda incorporados al sumario, Instituto Nóos abonó a Aizoon SL no menos de 747.000 euros. Se correspondían con supuestos servicios a cuya veracidad no concede el menor crédito la Fiscalía.
Anticorrupción cita de forma expresa el artículo del Código Penal según el cual quien “por título lucrativo hubiese participado en los efectos de un delito o falta está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño”. En otras palabras, está obligado a devolver el dinero con que se lucró. Pero eso no significa que la Fiscalía considere que la infanta Cristina participó en ninguno de los delitos que se investigan y que, presumiblemente, llevarán al banquillo a Urdangarin y su antiguo profesor en Esade. Simplemente, la fianza civil, si finalmente se impone en los términos propuestos, afectará a sus intereses como copropietaria de Aizoon SL.
Al igual que hace en lo relativo a Urdangarin y Torres, el fiscal, Pedro Horrach, reclama al juez del caso, José Castro, que acuerde “simultáneamente el embargo de los bienes” de las sociedades del grupo hasta alcanzar los 8,189 millones de la fianza. Las dos empresas nucleares del entramado, Nóos Consultoría Estratética SL y Aizoon SL, poseen distintos inmuebles: Nóos Consultoría Estratégica SL, en la que Urdangarin participó al 50% con Torres oficialmente hasta mediados de 2006, tiene tres pisos en una zona céntrica de Palma de Mallorca. Aizoon, otros dos en esa misma ciudad y uno más en Terrassa. En 2011, la sociedad de los duques reflejó en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil inversiones inmobiliarias por 564.224 euros.
Además de los bienes de Aizoon, el palacete de Pedralbes también se encuentra ya bajo la espada de Damocles del embargo. Si el juez fija finalmente fianza y los obligados a satisfacerla no pueden afrontar su pago o aportar avales bancarios por 8,189 millones, no será posible el embargo del 100% de la residencia oficial de los duques de Palma. Pero sí el de la mitad que posee Urdangarin. Y eso implicaría el automático bloqueo de una hipotética venta del inmueble, amén de un mazazo simbólico. La fianza civil busca asegurar el depósito de los fondos a cuya devolución definitiva podría obligar una eventual sentencia condenatoria.
Por el momento, a Urdangarin y Torres se les atribuye blanqueo de capitales, malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración. Ambos se arriesgan a ir a prisión: solo la malversación, de la que los dos exsocios serían cooperadores necesarios, acarrea hasta seis años de cárcel.
Algunos juristas albergan dudas sobre si la acusación de blanqueo se mantendrá finalmente, dado que la jurisprudencia es contradictoria sobre si ese delito puede aplicarse simultáneamente con el de malversación. Y quedan también dudas sobre si al ramillete se incorporará el delito fiscal: el juez está a la espera del informe de Hacienda que debe dilucidar esa cuestión. Aguarda también el resultado de las comisiones rogatorias lanzadas a Suiza y Luxemburgo para seguir el rastro del dinero que, presuntamente, ocultan allí los dos antiguos jefes de Instituto Nóos.
“Atentado frontal” a la legalidad
Pero, en cualquier caso, la petición de fianza constituye, por su contenido, un verdadero anticipo del futuro escrito de acusación con el que arrancará formalmente la cuenta atrás hacia el juicio. Es un punto sin retorno. Un documento de casi 200 páginas en el que Horrach muestra un panorama desolador. Un escenario en el que, por parte de los responsables públicos de Baleares y Valencia, y “de común acuerdo con los representantes del Instituto Nóos, se tomaron decisiones administrativas arbitrarias e injustas”.
En resumen, dice Horrach en referencia a uno de los convenios, se perpetró “un atentado frontal” contra la legalidad, una “vulneración reiterada y flagrante”. Y todo ello con el único objetivo de “beneficiar a personas concretas” –Urdangarin y Torres- y a una entidad –Instituto Nóos- “al margen de cualquier consideración de utilidad o necesidad pública”.
Los convenios de colaboración que reportaron a Instituto Nóos 5,8 millones de fondos públicos en Baleares y Valencia (el resto, hasta 6,1 millones, salió de contratos mercantiles con empresas de la trama) fueron “fruto de una actividad delictiva premeditada”, concluye el fiscal. Ni Instituto Nóos era una ONG sin ánimo de lucro, arguye Anticorrupción, ni los convenios fueron otra cosa que suculentos contratos ilegales a medida y pactados previamente. Es por ese doble factor que la Fiscalía reclama la devolución de todo el dinero público pagado a cambio de aquellas cumbres turístico-deportivas que, impulsadas mediante convenio, costaron a Baleares 2,3 millones y 3,5 a Valencia.
Anticipándose al más que seguro recurso de los abogados de Urdangarin y Torres, el fiscal Horrach enumera una a una las facturas falsas aportadas por Instituto Nóos para justificar las cantidades millonarias recibidas de Valencia y Baleares. En el supuesto de que el juez del caso aceptara la petición del fiscal pero que la Audiencia de Palma entendiera luego que el duque y su exsocio no deben devolver todo el dinero público, es ese rosario de justificantes que desgrana el fiscal el que marcha un suelo difícil de bajar: 5,9 millones, cifra equivalente a la suma de facturas falsas más el tercio de incremento forzado por ley.
Una vez presentado el escrito del fiscal, el juez dio ayer 20 días hábiles de plazo a Urdangarin y Torres para que aleguen lo que consideren oportuno. El letrado del duque de Palma, Mario Pascual, ya ha divulgado que la cifra pedida por Anticorrupción le parece “exagerada”. En tanto se cumplen esos 20 días, Urdangarin y Torres tienen aún la oportunidad teórica de devolver el dinero por iniciativa propia para obtener la atenuante de resarcimiento del daño.
Por el momento, nadie se atreve a descartar ninguna hipótesis, aunque algunas fuentes subrayan que quien más se juega en cuestiones de imagen pública, el yerno del rey, ha tenido casi un año para dar un paso de ese tenor y no lo ha dado. También constituye una incógnita qué hará Diego Torres, que en dos ocasiones ha amagado con revelar al juez datos cruciales desconocidos para luego dar marcha atrás.