Álvaro García Ortiz ha criticado este jueves en el Congreso el duro dictamen con el que el bloque conservador del caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó declararlo idóneo para el cargo de fiscal general del Estado. García Ortiz ha afirmado que ocho vocales elegidos en su día a propuesta del Partido Popular le sometieron a un “tribunal de honor” al suscribir un informe que aludía a la “falta de transparencia y coherencia” en sus nombramientos o le atribuía una supuesta “sintonía” con los “promotores” de “campaña de desprestigio” a los miembros de la carrera judicial en relación al ‘lawfare’.
Unas afirmaciones del “diezmado” CGPJ que, según García Ortiz, suponen un “exceso”, una “inaceptable injerencia” en la labor de la Fiscalía y “un inadmisible ataque a la autonomía de todos los fiscales”. García Ortiz ha hecho estas declaraciones durante su intervención ante la Comisión de Justicia, encargada de valorar sus méritos e idoneidad para ejercer esta responsabilidad. Se trata de un trámite preceptivo, aunque no vinculante, que es previo al nombramiento por el Consejo de Ministros.
Una parte de su discurso inicial ha estado centrado en esa decisión del caducado CGPJ, que supuso la primera vez en democracia que el órgano de gobierno de los jueces no avalaba el nombramiento de un fiscal general del Estado. A este respecto, García Ortiz ha lamentado que esta institución se pronunciara “como lo hizo” sin darle “ningún tipo de audiencia”. “Se convirtió nuevamente en un tribunal de honor al que fui sometido por ocho vocales, sin un expediente previo, sin alegaciones y sin rigor, pues acudieron a fuentes todavía desconocidas para mí”, ha asegurado.
De hecho, García Ortiz ha criticado que esos vocales no “atinaron” con “los datos utilizados para juzgar al fiscal general del Estado sin ser un tribunal”. Por ejemplo, uno de los asuntos que le afearon fue su política de nombramientos. “Durante esta etapa se han realizado 44 nombramientos discrecionales, no 33. Y solo 10 de los fiscales propuestos forman parte de la Unión Progresista de Fiscales [a la que estaba afiliado], según ha informado esta organización”, ha corregido García Ortiz.
La sentencia sobre Delgado
El fiscal general también se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el ascenso de Dolores Delgado al entender que existió desviación de poder y que actuó con el objetivo de promocionar a su antecesora y no de proveer una plaza cuando la nombró fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. A este respecto, García Ortiz ha defendido que “el nombramiento propuesto y revocado por esa sentencia lo fue atendiendo estrictamente a los principios de mérito y capacidad”. Y ha defendido que “solo la atribución de la primera categoría al fiscal general del Estado saliente le asegura una absoluta independencia de criterio durante su mandato”.
Por otro lado, García Ortiz ha reiterado de nuevo que defenderá “a cualquier fiscal que pudiese verse perturbado en sus funciones, incluidos por supuesto cualquiera de los fiscales que han intervenido en las múltiples causas relacionadas con el procés independentista de Cataluña”. No obstante, ha advertido de que no adoptará “posiciones partidistas” ni actuará conforme a “criterios políticos”. “No emitiré ninguna declaración política partidista. De ningún partido. No me corresponde a mi juzgar ni explicar acuerdos de naturaleza política. El campo de la política tiene unas reglas de juego, el de lo jurídico otras”, ha aseverado.