El fiscal general denuncia que el Supremo ha intervenido “información que puede comprometer la seguridad del Estado”

El fiscal general del Estado ha presentado un recurso en el Tribunal Supremo en el que cuestiona el registro de más de diez horas perpetrado por la Guardia Civil en su despacho. Un escrito, adelantado este jueves por El País, en el que la Abogacía del Estado que representa a Álvaro García Ortiz denuncia que la causa contra él adolece de una “total descontextualización” y que la incautación masiva de correos y mensajes de sus dispositivos electrónicos ha incluido “información que puede comprometer la seguridad del Estado”.

El magistrado Ángel Hurtado se hizo cargo de las diligencias contra el fiscal general, originadas en una querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la filtración de información sobre el pacto que su abogado buscaba para evitar la cárcel a cambio de reconocer su fraude fiscal, y su primer movimiento fue poner la causa bajo secreto de sumario. Acto seguido envió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la Fiscalía General para incautar los correos, mensajes y cualquier tipo de comunicación de los móviles, ordenadores y tablets de Álvaro García Ortiz. Después reculó y acotó temporalmente la búsqueda a varios días de marzo de este año, aunque con el material ya incautado y en manos de los investigadores.

El fiscal general, a través de la Abogacía del Estado, ha recurrido el auto que permitió el registro. Un recurso que cuestiona la proporcionalidad de la medida frente a otras posibilidades menos invasivas, que denuncia que medios como El Mundo ya habían publicado el contenido de los correos de Alberto González antes de que el fiscal los recibiera en su email, y finalmente que el clonado indiscriminado de sus dispositivos ha sacado de su teléfono y correo electrónico información “que puede comprometer la seguridad del Estado”.

Es una de las quejas que fuentes de la Fiscalía vienen denunciando en las últimas semanas. La información incautada por la Guardia Civil puede comprometer, alega el fiscal general, “la actividad de otras instituciones, intereses nacionales, compromisos con terceros y en definitiva a la estructura de la Fiscalía en su conjunto”. Ese interés público, denuncia, no ha sido tenido en cuenta por el juez Hurtado. No existe, según el fiscal general, ni una “excepcionalidad” ni una “necesidad” que obligaran a poner en marcha una diligencia tan invasiva pudiendo llamar a declarar, alega, a los periodistas que tuvieron acceso a esa información.

García Ortiz también reprocha en su recurso al juez Hurtado que el registro de su despacho se filtrara igualmente a la opinión pública y, sin embargo, no haya abierto ninguna investigación al respecto. Se publicó “de manera previa o simultánea al comienzo del registro” sin que conste, denuncia, “la adopción de medida alguna en orden a la averiguación de dicha filtración”.

La “descontextualización” del caso

El auto de entrada y registro de Hurtado, añade, adolece de una “total descontextualización” al omitir, explica, que antes de que él obtuviera esos emails de manos del fiscal Julián Salto un medio ya había difundido su contenido de forma textual: el diario El Mundo. “Otras muchas personas”, añade, habían tenido acceso a ellos para entonces, incluyendo “personas del entorno” de Alberto González Amador. Todas esas posibilidades, explica, convierten la intervención de su teléfono, su ordenador y todos sus mensajes del último medio año en una medida desproporcionada.

En un primer momento, la investigación penal giró en torno al comunicado que la Fiscalía de Madrid emitió el 14 de marzo para desmentir informaciones falsas o sesgadas sobre las conversaciones que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso mantenía con el Ministerio Público. Pero una vez pasado el filtro del Tribunal Supremo el objeto cambió y se centró no en el comunicado, que no considera delictivo, sino en la posible filtración previa de esos correos a la prensa.

Para cuando el fiscal general tuvo acceso a ellos, alega, el asunto “ya había saltado a los medios de comunicación” y la difusión de desinformación sobre el proceso judicial contra Alberto González Amador ponía en “grave riesgo” la actuación de la Fiscalía. Existió, finaliza, una “plena justificación” a la “reacción institucional” de recabar la información y emitir el comunicado.