Ciudad de Guatemala, 7 may (EFE).- La fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, reiteró este martes que no dejará su cargo y cumplirá su mandato hasta 2026, pese al intento del actual presidente, Bernardo Arévalo de León, por removerla del cargo.
Porras Argueta descartó en una rueda de prensa, rodeada de casi un centenar de fiscales, cualquier opción de dimitir y añadió que las acciones de Arévalo de León y la vicepresidenta, Karin Herrera, son “espurias, maliciosas y antidemocráticas”.
El pronunciamiento de Porras Argueta llega después de que Arévalo de León presentara el lunes una reforma de ley en el Congreso que permite la remoción de quien ocupe el puesto de fiscal general, ya que la normativa vigente solo permite su salida mediante una condena en un proceso legal.
“Ustedes (Arévalo y Herrera) no están, ni estarán por encima de la ley”, dijo este martes Porras Argueta, sancionada en 2021 por Estados Unidos con el retiro de su visa bajo señalamientos de “socavar” la justicia en el país centroamericano.
Porras Argueta aprovechó la conferencia de prensa para criticar los primeros meses de Arévalo en el Gobierno, al que señaló como culpable de no mejorar la salud, la economía y la seguridad de los guatemaltecos.
La fiscal general también respondió a las palabras de Arévalo de León del pasado domingo, donde el mandatario advirtió que “el oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya”, en referencia a la reforma de la ley presentada en el Congreso el lunes.
“Ustedes (el Gobierno) se refieren a un ciclo oscuro, pero déjenme decirles que el ciclo oscuro es el de ustedes”, replicó Porras Argueta.
“Yo no recibo instrucciones ni en español ni en inglés”, resaltó también la fiscal general, de 70 años.
Para validar la reforma planteada por Arévalo de León, son necesarios al menos 106 votos de los 160 escaños del Congreso, como establece la ley guatemalteca.
El partido oficial, el Movimiento Semilla, cuenta con 23 diputados y en enero pasado logró sumar hasta 92 votos de grupos políticos aliados durante la elección de la presidencia del Parlamento.
Durante una intervención el domingo, el mandatario recordó que la fiscal Porras ha omitido docenas de investigaciones por corrupción vinculadas a personajes políticos, mientras ha encarcelado y acorralado a quienes exhiben la corrupción.
“El Ministerio Público persigue y encarcela a quienes denuncian la corrupción, mientras perdona y exculpa a quienes roban y estafan al pueblo”, argumentó el mandatario.
A la fiscal general se le atribuye, de acuerdo a varias fuentes, los intentos por evitar la investidura de Arévalo de León en enero pasado y también la persecución judicial a más de 100 personas entre fiscales, jueces y periodistas, incluido el comunicador José Rubén Zamora Marroquín, preso desde 2022.