La exministra de Justicia Dolores Delgado será la próxima fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado proponer a su antecesora para este puesto, informan fuentes fiscales a elDiario.es. Se trata de un cargo creado recientemente a raíz de la entrada en vigor de la ley de memoria y que, según esa norma, tiene como objetivo promover la investigación de violaciones de derechos humanos, incluidas las producidas durante la guerra civil y la dictadura.
Delgado era una de los cuatro candidatos en el Consejo Fiscal celebrado este jueves, que ha tenido lugar en medio de una gran tensión. Los seis representantes de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) no han participado en la votación en señal de protesta ante lo que consideran una “burda maniobra” de Garcia Ortiz para designar a su predecesora. Únicamente han apoyado su designación los tres miembros natos y los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecían Ortiz y Delgado. En todo caso, el Consejo Fiscal es un órgano consultivo y el fiscal general tiene la potestad de hacer las propuestas de nombramiento que considere. En última instancia, la designación depende del Ejecutivo, que debe aprobarlo en Consejo de Ministros y llevarlo a un real decreto.
Los vocales conservadores han pedido la suspensión del pleno para que se comprobara si la relación de Delgado con el exjuez Baltasar Garzón es motivo de incompatibilidad ante el posible “conflicto de intereses” entre ese cargo y la actual actividad profesional del exmagistrado. Garzón fue expulsado de la carrera en 2010 por las escuchas a los abogados de la Gürtel y dirige un bufete especializado en derecho penal económico, societario y mercantil “con un especial análisis de cumplimiento de derechos humanos”, según recoge su página web.
Las fuentes fiscales consultadas afirman que el fiscal general ha rechazado esa petición al considerar que la alegación de incompatibilidad es “prospectiva” y que si hay cuestiones puntuales sobre este asunto que deban ser resueltas se deberían canalizar a través del procedimiento previsto en el Estatuto, no limitando su adquisición de la plaza. Además, ha afirmado ante el pleno que resulta “evidente” que no concurre incompatibilidad y que la alegación de los vocales conservadores sólo pretende evitar la designación de un candidato e impedir así la discrecionalidad y la potestad de nombramiento que la ley le atribuye.
También ha rechazado de plano un escrito en el que la propia Delgado pedía que se apartara de la votación al vocal de APIF, Salvador Viada, a quien atribuye una “notoria animadversión” hacia su persona, según un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. En ese documento, la exministra alude a supuestas “manifestaciones difamatorias” vertidas contra ella por Viada y afirma esa “animadversión” tiene “causa directa” en que ni Viada ni su mujer, que es fiscal anticorrupción, fueron propuestos para los cargos a los que se presentaron durante su mandato como fiscal general.
La propuesta de nombramiento de Delgado se produce un año después de que presentara su renuncia al cargo de fiscal general del Estado, un destino que ocupaba desde febrero de 2020 y al que llegó rodeada de polémica por haber sido antes ministra de Justicia del actual Gobierno. Previamente había ejercido durante 25 años como fiscal en la Audiencia Nacional, especializada en terrorismo. Los otros aspirantes eran Juan Calparsoro, de la Fiscalía de Guipúzcoa; Luis Ibáñez, de la Fiscalía Antidroga; y Carlos Castresana, que ejerce en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y que fue el candidato español a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) en 2021.
Una “burda maniobra”, según los conservadores
La reunión venía precedida de varios días de gran ruido interno por la decisión del fiscal general de adelantarla 11 días, pues la celebración de este cónclave estaba prevista para el 19 de junio. La polémica se desató el pasado lunes, cuando trascendió la nueva fecha después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral al 23 de julio. La asociación mayoritaria ha llegado a pedir la dimisión de García Ortiz, al que acusa de hacer una “burda maniobra” con el único objetivo de garantizar el nombramiento de Delgado y evitar así que su toma de posesión pudiera verse comprometida por la campaña y el escenario de un hipotético cambio de Gobierno.
Durante los últimos días, los vocales de la AF y el vocal de la APIF han pedido la suspensión del pleno con el argumento de que, una vez convocadas elecciones, no es prudente hacer nombramientos dado que el fiscal general cesa con el Gobierno que le nombró. A través de un boletín interno, el jefe del ministerio fiscal respondió que “no existen razones” para la suspensión y argumentó que su decisión no es “novedosa” y “mantiene el criterio histórico”. Aludió, para ello, a una designación decidida por Consuelo Madrigal, que fue fiscal general cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno.
La justificación de García Ortiz derivó en un choque dialéctico entre ambos, al que también se sumó la AF, asociación a la que pertenece Madrigal y que este miércoles llegó incluso a pedir la dimisión del máximo responsable del ministerio público. El actual fiscal general expuso que Madrigal propuso la designación de un fiscal de sala emérito en el Tribunal Supremo “después de las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015, una investidura fallida y unas nuevas elecciones generales celebradas el 26 de junio de 2016”. Esta mención propició que la ex fiscal general le exigiera una rectificación al considerar que se trataba de “situaciones heterogéneas y radicalmente opuestas”.
Pero García Ortiz respondió a través de otro boletín interno en el que insistió en que Madrigal propuso hasta once nombramientos tras anunciarse la convocatoria de las generales de 2015. La AF contraatacó este miércoles con un duro comunicado en el que acusaban al fiscal general de utilizar medios públicos “en una especie de ajuste de cuentas personal, faltando al mínimo rigor de quien se supone que es un jurista de reconocido prestigio”. Según este colectivo, se trata de “situaciones no comparables”, pues esos nombramientos se habían hecho después de que Mariano Rajoy anunciara las elecciones, pero cuando todavía no se habían convocado oficialmente.
Aunque ha sido la más polémica, la propuesta de nombramiento de Delgado no ha sido la única acordada en la reunión de este jueves. La Fiscalía de Sala de Delitos de Odio era otra de las plazas más importantes en juego y García Ortiz ha optado por proponer a Miguel Ángel Aguilar, que proviene de la Fiscalía de Barcelona y está afiliado a la progresista UPF.
En un comunicado, el Ministerio Público destaca que Aguilar fundó en 2009 el servicio especializado en la Fiscalía Provincial de Barcelona contra los delitos de odio y discriminación y que desde 2011 es el encargado de las investigaciones llevadas a cabo en dicha fiscalía sobre bebés robados, con más de 250 casos investigados.
García Ortiz también ha propuesto a Rosa María Frías como fiscal antidroga; a Pedro Javier Ariche como teniente fiscal de la Fiscalía de Catalunya; a Jaime Goyena como fiscal superior de la Fiscalía de Navarra, y a Julio Cano como fiscal superior de Baleares. Además ha formulado las propuestas de nombramiento de Rocío de la Paz Rojo, Soledad Martín y Pablo Varela como jefes de las fiscalías de Guadalajara, Valladolid y Pontevedra, respectivamente.