El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no contempla dimitir en el caso de que el Tribunal Supremo decida investigar el desmentido remitido a distintos medios de comunicación desde el Ministerio Público para combatir una información falsa difundida a distintos medios de comunicación por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
El entorno del fiscal general defiende que su actuación fue acorde con el deber del Ministerio Público de dar publicidad a las actuaciones de la Fiscalía, tal y como establece el estatuto de la carrera y también para combatir la desinformación y acusaciones graves vertidas por un alto cargo de un Gobierno contra los fiscales. Pero sobre todo, alega que no pudo revelarse ningún secreto puesto que los hechos a los que la Fiscalía puso fechas en su nota ya habían sido publicados por diferentes medios de comunicación gracias a una filtración de un correo amputado que hizo el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid.
La nota de prensa desencadenó dos denuncias, una del Colegio de Abogados de Madrid, y otra de Alberto González Amador, por revelación de secretos la envió la Fiscalía Provincial de Madrid la mañana del 14 de marzo, dos días después de que elDiario.es desvelase en exclusiva el fraude fiscal de la pareja de Ayuso.
En el comunicado se desmentía que hubiese “órdenes de arriba” en la Fiscalía para paralizar un acuerdo entre el comisionista Alberto González Amador, pareja entonces y ahora de Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que le había acusado de defraudar más de 350.000 euros en dos ejercicios a Hacienda y de cometer falsedad documental por aportar facturas falsas a la Agencia Tributaria a través de una red de empresas pantalla.
La falsedad esparcida por Miguel Ángel Rodríguez acabó publicada en distintos medios de comunicación –primero fue El Mundo, pero luego le siguieron Vozpópuli y Libertad Digital– donde se venía a decir que fue el fiscal del caso el que propuso a la pareja de Ayuso un acuerdo que frustraron sus superiores en la Fiscalía. Poco después de que esos medios decidiesen publicar sin contrastar las falsedades de Miguel Ángel Rodríguez, el propio jefe de gabinete de Ayuso atribuyó todo a una maniobra de la cúpula del Ministerio Público.
El bulo difundido por Rodríguez reproducía una parte de un correo para dar a entender que el acuerdo había partido del fiscal del caso, así que lo que hizo la Fiscalía provincial de Madrid fue publicar las fechas de las comunicaciones entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal que le investigaba. Según el cronograma de la Fiscalía, fue la defensa de González Amador quien reconoció en un correo electrónico enviado el 2 de febrero que la pareja de Ayuso había cometido dos delitos fiscales y se ofrecía a pactar una condena.
La nota de la Fiscalía se limitaba a facilitar las fechas de los correos y de los trámites de la investigación, que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña había falseado a través de varios periódicos.
Cuando quedó al descubierto que se trataba de un bulo, se sucedieron las denuncias contra la Fiscalía, a la que acusan de revelar datos secretos y perjudicar el derecho de defensa de González Amador. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite las denuncias y ha llamado a declarar a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien dijo ante la juez que se negó a difundir la nota de prensa pero que recibió instrucciones a través de mensajes telefónicos del fiscal general.
Fuentes conocedoras de cómo se tramitó el comunicado, aseguran que, en contra de lo que dijo ante el tribunal, Lastra en ningún momento invocó la revelación de secretos ni supuestas lesiones al ejercicio de la defensa por parte de González Amador, sino que discrepó por la forma en que algunos de los detalles habían aparecido ya en ciertos medios de comunicación antes de lanzar el comunicado. Según las fuentes consultadas, nadie, ni del gabinete de prensa, ni de la Fiscalía Superior de Madrid, alegaron que se estaba incurriendo en revelación de secretos, aunque si se mostraron reacios a publicar la nota, que acabó mandando la Fiscalía Provincial de Madrid.
Antes de que se produjese la declaración de la Fiscal Superior de Madrid en el juzgado, Álvaro García Ortiz ya había asumido públicamente y también por escrito ante el tribunal la responsabilidad pública del comunicado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid debe decidir ahora si envía una exposición razonada al Tribunal Supremo, el único capacitado para investigar al fiscal general del Estado.
El diario El Mundo publicaba este viernes que el fiscal general roza la imputación, un pronóstico sobre lo que hará Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
En la Fiscalía General del Estado, el equipo de Álvaro García Ortiz asegura que ese movimiento, en caso de producirse, no va a hacer caer al máximo responsable del ministerio público. Defienden que la actuación en este caso está amparada por el artículo 4.5 del estatuto del ministerio fiscal que entre sus deberes tiene el de “informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados”.
En las últimas horas distintos jueces y fiscales han hecho llegar su apoyo en privado al fiscal general del Estado y le han advertido sobre el peligroso precedente que sentaría para el futuro de la institución una dimisión de su máximo responsable en base a una imputación tan discutible. La propia junta de fiscales, cuando tuvo que posicionarse sobre el asunto, concluyó con una mayoría holgada, que en la gestión del desmentido por parte del Ministerio Público no se produjo ningún delito.
El equipo de Álvaro García Ortiz descarta la hipótesis de su renuncia y defiende no solo que no hay ninguna sombra de delito en su actuación sino que la Fiscalía actuó cumpliendo con su deber y que volverían a hacer lo mismo de darse el caso. En su escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia, el propio García Ortiz cita una resolución del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, que en su reunión plenaria de 2013 estableció que “cuando un fiscal individual sea objeto de un ataque injusto a través de medios de comunicación, así como cuando se hayan difundido informaciones falsas sobre personas o hecho relacionados con algún procedimiento del que se ocupe un fiscal, la reacción debe provenir preferentemente del máximo responsable de la Fiscalía o de un portavoz de esta y, en casos importantes, del Fiscal General o de la máxima autoridad”.
Sobre el deber de proteger a los fiscales, justificó García Ortiz la necesidad de difundir la información correcta sobre el acuerdo que buscaba González Amador con la Fiscalía de delitos económicos de Madrid, y por la misma razón ha asumido la responsabilidad sobre todos los hechos el propio fiscal general.
En el entorno de García Ortiz sostienen que desde el mismo día en que tomó posesión se abrió una cacería contra el fiscal general, que se ha agudizado en las últimos días, a raíz de su instrucción para que los fiscales apliquen en todos los términos la ley de amnistía, algo a lo que se oponen los cuatro fiscales que formularon la acusación por rebelión contra los líderes del procés, que finalmente no prosperó en los tribunales. La tesis de los fiscales del procés es que la amnistía no puede perdonar el delito de malversación, pese a que la norma establece el perdón cuando no hay enriquecimiento personal, puesto que según su interpretación sí la hubo en la medida en que los fondos públicos gastados sirvieron para sus fines políticos.
En este contexto es en el que una parte de la derecha política, mediática y judicial, persigue la dimisión del fiscal general, que han pedido diferentes dirigentes del Partido Popular y también la conservadora asociación de fiscales.
El equipo de García Ortiz recuerda que la imputación es una figura de un sistema garantista para cualquier acusado y que en modo alguno puede ser pervertida para hacer caer a una autoridad del Estado. Otra cosa, admiten, es que al final del procedimiento se produzca una condena.