El fiscal general rechaza la petición de dimisión del PP en el Senado: “Estaría haciendo una concesión a los delincuentes”

“Si yo dimitiera estaría haciendo una concesión a los delincuentes”. Fue la respuesta que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dio este martes al Partido Popular, que sacó toda su artillería en el Senado y volvió a pedir que renuncie a su cargo. Sobre el papel, García Ortiz había sido citado por la Comisión de Justicia para “informar de su gestión” y presentar la última memoria. Pero su imputación en el caso de la supuesta filtración de documentación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso centró gran parte de la sesión, marcada por la ofensiva total del partido de Alberto Núñez Feijóo, cuyos portavoces recurrieron incluso al insulto.

“Usted representa una anormalidad democrática”, lanzó en los primeros minutos de su intervención la senadora del PP María José Pardo, que comparó después al fiscal general con un “vulgar delincuente” por “borrar las pruebas del presunto delito por el que se le investiga” y que lo acusó de “atacar” al Poder Judicial por su crítica a la actuación del Tribunal Supremo y de la Guardia Civil en las pesquisas en su contra, donde se ha producido una difusión masiva de información sobre su teléfono no relacionada con la causa.

Pardo atribuyó a García Ortiz una actitud “servil” con Pedro Sánchez y de actuar con “el único objetivo destruir a una adversaria política”. E incluso le llegó a acusar de cierta connivencia con los terroristas de ETA y de no respetar a las víctimas de la banda, con relación a decisiones de la Fiscalía sobre Miguel Ángel Blanco y Arnaldo Otegi. “¿Está del lado de las víctimas o de los verdugos?”, preguntó la senadora. En el último turno, el senador del PP Antonio Silván también se sumó a las descalificaciones al decir que García Ortiz es un “comisario político”. “Pedro Sánchez es su patrón y usted simplemente es su peón”, había dicho antes la parlamentaria de Vox Paloma Gómez.

“Concesión a los delincuentes”

Durante su turno de réplica, García Ortiz hizo una defensa cerrada de la labor de la institución que dirige y trató de defenderse de las duras acusaciones lanzadas por las derechas, aunque con la limitación de no poder entrar de lleno en la “arena política” porque vería comprometida “la condición de neutralidad” e imparcialidad que le permite hacer su trabajo.

Reconoció, en todo caso, que está en “una situación procesal bastante incómoda” y, ante las reiteradas peticiones de dimisión por parte de PP y Vox, dijo que le sería “mucho más cómodo” dimitir. “Desde el punto de vista personal, para mí sería más cómodo marcharme. Yo no me aferro a ningún cargo. Yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella”, afirmó.

Pero aseguró que no se marcha porque eso dejaría en una situación de “debilidad” a la Fiscalía y a quien le suceda en el cargo. Y advirtió, además, de que esta brecha sería utilizada por fenómenos criminales como el terrorismo o el narcotráfico. “Estaría haciendo una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas (...). Y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad”, aseveró. 

El borrado de los mensajes

También se detuvo en el borrado de los mensajes, que fue uno de los aspectos que generaron las mayores críticas de la oposición. La investigación ha acreditado que eliminó todos sus conversaciones de WhatsApp el mismo día en que el Supremo abrió la causa contra él y que cambió de terminal una semana después, poco antes del registro. García Ortiz defendió que tenía derecho y obligación de hacerlo para proteger los datos de los que es “custodio”. “Borro porque es mi derecho a disponer de mi intimidad y porque cumplo las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio”, aseveró.

En este punto, insistió en que borra “regularmente” los datos contenidos en su teléfono móvil, al tiempo que aclaró que se vio obligado a eliminar su cuenta personal de correo electrónico “el 27 o el 28 de diciembre” —dos meses después de la apertura de la causa contra él— ante “el acoso” que asegura haber vivido después de que se revelaran sus datos personales.

García Ortiz también defendió su decisión de no contestar al instructor de la causa contra él en el Supremo, Ángel Hurtado, cuando le citó como imputado el pasado 29 de enero. Es una actuación que la senadora del PP había calificado de “impropia” de un fiscal general. “No es ninguna afrenta a nadie, es una postura procesal amparada, un derecho fundamental”, dijo el fiscal general antes de mostrar “el mayor” de sus “respetos” al Tribunal Supremo. “Por ser fiscal general del Estado no soy más, pero tampoco soy menos. Y ningún ciudadano, nadie, está obligado a probar su inocencia”, defendió.

El fiscal general cerró su intervención reclamando la confianza de los senadores: “Nadie es un pobre abogado de provincias, todos somos excelentes profesionales que trabajamos dignamente, respetando nuestra profesión. Y yo creo en la honestidad de la gente, yo tengo ese defecto de creer en la honestidad de la gente. Crean ustedes también en la honestidad del fiscal general del Estado”.