El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para recordar que él se ha hecho cargo de la difusión del comunicado de prensa para desmentir un bulo de Miguel Ángel Rodríguez y que el citado tribunal no es competente para investigarle, aforado como es ante el Tribunal Supremo. El magistrado instructor de la querella de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales por la citada nota de prensa ha dictado una serie de diligencias entre las que figura que se identifique al “máximo responsable” de la difusión del citado comunicado.
Por si no hubiera quedado claro de sus manifestaciones anteriores, García Ortiz recuerda que el comunicado no se hubiera hecho público sin su previa autorización y sin sus instrucciones “expresas y directas”. En el escrito, García Ortiz reitera que la nota se emitió “para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario Fiscal”, el instructor del caso de fraude fiscal y falsificación de documentos de la pareja de Ayuso, y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía. Asimismo, recuerda que la citada nota no añade nada que no se hubiera publicado previamente en diversos medios, en algunos casos citando fuentes cercanas a la persona investigada.
A juicio del Fiscal General resulta “cuando menos sorprendente” que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos. Como consta en el escrito remitido al TSJM, es un hecho cierto que en aquellos momentos los correos electrónicos que el letrado de la persona investigada había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid “circulaban ya —sin contención alguna— por las redacciones de varios medios de comunicación”.
“Cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador, es algo que como Fiscal General del Estado —cúspide de un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene como misión la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público (art. 124.1 CE)— no puedo consentir ni tolerar”, asegura el Fiscal General en su escrito.