El fiscal Luis Ibáñez Cuesta, uno de los cuatro aspirantes al puesto de fiscal de Memoria Democrática para el que ha sido designada Dolores Delgado, afirmó en su “plan de actuación” que la ley que debe aplicar quien ocupe esa plaza “resulta indiferente a la mayoría del cuerpo social”. Se da la aparente contradicción de que Luis Ibáñez es el único de esos cuatro candidatos que va a insistir en su objetivo de alcanzar la plaza y ha anunciado que va a recurrir la elección de la ex fiscal general.
Los candidatos a una plaza en la Fiscalía deben presentar su “plan de actuación”, al que tienen acceso todos los miembros de la carrera, y ser evaluados por el fiscal general del Estado. Ibáñez utiliza el escrito para expresar su desconfianza en el futuro de la plaza de fiscal de Memoria Democrática. “Ocurre que determinados sectores políticos han anunciado en repetidas ocasiones que si su capacidad legislativa, en un futuro cercano se lo permite, derogarán la Ley 20/2022”, escribió Ibáñez el 25 de mayo.
Actualmente destinado en la Fiscalía Antidroga, Luis Ibáñez valoró impugnar la designación de Dolores Delgado al día siguiente de que esta se produjera, según adelantó Vozpópuli el pasado viernes. Hoy mismo, el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en una entrevista en esRadio que su intención es “derogar la fiscalía [de Memoria Democrática] o en su caso vaciarla de contenido”. El líder del PP ya había advertido en el pasado que también derogará la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el actual Gobierno para reparar a las víctimas de la dictadura.
La crítica a la ley es compartida con el líder del PP por parte del fiscal que aspira a ser nombrado al puesto desde el que la debe aplicar. “La ley que al fin y al cabo crea esta nueva plaza en el Ministerio Fiscal, contiene una importante carga ideológica en términos socio-políticos. Y esto no solo se deduce de la mera lectura del texto legal, sino que se detecta con claridad de las reacciones y sensaciones que su promulgación ha tenido en sectores de la sociedad y en la práctica totalidad del espectro político”, escribe en su candidatura el propio Ibáñez.
El fiscal ya adelanta que, de ser elegido, realizará una aplicación “aséptica” del texto legal a la espera de su derogación. “Cierto que a la inmensa mayoría del cuerpo social le resulta indiferente, ya sea por desconocimiento de la norma, ya sea porque entre sus prioridades no se encuentran las prescripciones de esta. Pero esta última circunstancia no priva del cariz ideológico a la tan repetida ley, cariz que entiendo debe ser compensado con una aséptica actuación del Fiscal de Sala en el desempeño de las atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto”, asegura.
El fiscal Ibáñez añadía en su “plan de actuación” que la derogación de la ley “traería consigo un vaciamiento de una importante parte de las funciones de esta nueva Fiscalía especializada, lo cual haría ocioso la pormenorización de un proyecto de actuación”. O lo que es lo mismo, como el aspirante supone que otro Gobierno derogará la Ley de Memoria Democrática, se ahorra explicar cuál es su proyecto como fiscal que debe velar por el cumplimiento de la misma. De hecho, su plan, de apenas tres páginas, comienza con una advertencia: “Seré extremadamente breve en la exposición de mi proyecto de actuación”.
La asociación conservadora, en pie de guerra
La conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, levantó a sus siete vocales del Consejo Fiscal para no participar en la votación consultiva sobre Dolores Delgado, en protesta por lo que consideraban un nombramiento seguro de la exministra de Justicia y ex fiscal general del Estado. La Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), con un vocal, consideran que Delgado está incapacitada para el cargo porque su pareja sentimental, Baltasar Garzón, tiene un interés directo en los casos de memoria democrática y lleva reclamando la creación de esa plaza desde 2014.
Las citadas asociaciones solicitaron a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que interviniese para evitar el nombramiento de Delgado y que no lo elevara al Consejo de Ministros, que ayer confirmó el nombramiento de Delgado. El fiscal Ibáñez recurrirá ahora ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el nombramiento de Dolores Delgado, una facultad de la que no disponen las asociaciones de fiscales.
Mayor categoría y sueldo
El fiscal Antidroga Ibáñez era el único conservador de los cuatro aspirantes a la plaza. Como Delgado, los otros dos restantes pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales. Uno de ellos es el exfiscal Anticorrupción Carlos Castresana, de una trayectoria más amplia y destacada que Ibáñez y quien no ha anunciado impugnación alguna tras no resultar elegido.
Pero con tal desinterés por la memoria democrática y la descalificación que hace del texto que motiva la creación de la plaza a la que aspira, ¿por qué tanta insistencia de Ibáñez? La explicación está en que la plaza supone su ascenso a la categoría de fiscal de sala. Además, Ibáñez especula con que, una vez derogada la ley, el fiscal le deberá dar nuevas funciones, acordes a su nueva categoría y sueldo.
“Obvio es decir que en tal caso [la derogación de la ley], en absoluto improbable, sería el Fiscal General del Estado el que transmutaría las funciones de este nuevo puesto asignándole culaquiera de las muchas labores necesarias que asume el Ministerio Fiscal”, recoge textualmente Ibáñez.
El fiscal que pidió archivar el caso del 3% que salpicaba a Cospedal
Luis Ibáñez fue fiscal jefe de Castilla-La Mancha durante el Gobierno autonómico de María Dolores de Cospedal. Como tal ejerció la acusación de prevaricación administrativa por la concesión del contrato de basuras de la ciudad de Toledo a una filial de Sacyr, empresa donante del PP en los papeles de Bárcenas, a cambio de una mordida del 3% para financiar la campaña electoral de Cospedal en 2007.
La causa se abrió a finales de 2015, tras la revelación de Luis Bárcenas, que declaró en la Audiencia Nacional que había recibido 200.000 euros de la empresa Sacyr, cantidad que posteriormente le había entregado al gerente del PP castellano-manchego, José Ángel Cañas, quien firmó un recibí de la operación. El destino del dinero sería la campaña electoral de María Dolores de Cospedal a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha en 2007.
La investigación iniciada por el juez Pablo Ruz, que luego derivó el caso a Toledo, no vio delito en la concesión del contrato en 2007, pero sí en una decisión posterior que trató de cerrar un conflicto laboral de SUFI justo antes de las elecciones, por lo que el magistrado se inhibió en favor de un juzgado local.
La petición del fiscal Ibáñez al Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo para que archivara el caso llegó en plena celebración del primer gran juicio del caso Gürtel, cuya sentencia derivaría en la moción de censura contra Rajoy. El fiscal Ibáñez no apreciaba delito en la decisión del Ayuntamiento de incrementar en 11 millones el presupuesto para pagar un conflicto laboral de Sufi, la filial de Sacyr, y aunque detectó irregularidades defendió la urgencia de la decisión del consistorio ante la cercanía de “la mayor fiesta de la ciudad de Toledo”.