El fiscal propone cambiar la ley para prohibir el acceso a las redes a quienes las utilicen para campañas de odio

El fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha propuesto modificar el Código Penal para que se pueda prohibir el acceso a Internet o a redes sociales a quienes hayan utilizado estos canales para cometer delitos de odio. Esto es, para promover o incitar la discriminación de determinados colectivos por motivos racistas, xenófobos o ideológicos, entre otros.

En una entrevista en la Cadena Ser, Aguilar ha aludido a la necesidad de hacer ciertos “perfeccionamientos técnicos” en el marco legislativo actual. Y, en concreto, ha dicho que sería “interesante” una pena consistente en “la prohibición de que personas que se han servido de utilizar Internet o redes sociales para la comisión de un delito puedan acceder al medio a través del que han cometido el delito”. El Partido Popular ha anunciado que apoya la medida.

La Fiscalía que dirige Aguilar estudia desde este martes si hay delito en los “mensajes falsos”, difundidos en los últimos días a través de redes sociales, en los que se “criminaliza de forma generalizada” a menores migrantes a raíz del asesinato de un niño de 11 años en Mocejón (Toledo). Se está analizado la “trascendencia jurídico penal” de unos comentarios que tienen “el propósito deliberado de despertar entre la población sentimientos de odio, hostilidad y discriminación” contra menores extranjeros sin referentes familiares en España. 

Aguilar ha explicado que hay que estudiar “cada caso concreto”, lo que requiere una “investigación muy rigurosa” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y “recopilar todo tipo de datos”. El fiscal también ha afirmado que le generó “indignación” los ataques que recibió el portavoz de la familia del menor después de que hiciera un llamamiento a no criminalizar a ninguna etnia, raza u origen.

El asesinato del pequeño Mateo en la localidad toledana ha servido como excusa a determinados usuarios de redes sociales para vincular —sin datos— delincuencia, violencia y menores migrantes que se encuentran en España sin arraigo familiar. Desde diferentes sectores se ha tratado de culpar del crimen a los migrantes que acoge temporalmente Mocejón, se ha deslizado la idea de que hubiera bandas juveniles tras el asesinato, se ha hablado de un motivo yihadista en la muerte de Mateo y se ha alentado directamente al odio contra casi cualquier persona no blanca, siempre como posible sospechosa. A raíz de la difusión de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, algunos de esos usuarios se han apresurado a cerrar sus cuentas.

Los datos policiales que han trascendido sobre el presunto autor, que ha confesado los hechos, hablan de una persona de nacionalidad española, que vive en Madrid y con familiares directos en el pueblo. Este martes, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, dio una conferencia de prensa en la que denunció la difusión interesada de bulos tras el crimen de Mateo y pidió prudencia y mesura a todos aquellos que se dedican a esparcir “odio” ante una “tragedia” como esta.