El fiscal suizo Yves Bertossa ha decidido dar carpetazo a la investigación que abrió en agosto de 2018 sobre la fortuna millonaria de Juan Carlos de Borbón. Según publica la Tribune de Genève y ha confirmado elDiario.es, el fiscal ha comunicado a las partes la decisión de exonerar de cualquier responsabilidad penal a Arturo Fasana, gestor de la cuenta del rey emérito en la banca Mirabaud en la que recibió 100 millones de dólares de Arabia Saudí; a Dante Canonica, director de la fundación panameña a cuyo nombre ingresó esos fondos; y Corinna Larsen, examante del monarca a la que en 2012 transfirió parte del dinero saudí.
Fasana, Canónica y Larssen estaban siendo investigados por “blanqueo agravado” por la supuesta donación de 100 millones de dólares (64,8 millones de euros al cambio de entonces) que Juan Carlos I recibió en 2008 procedente del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. El ahora rey emérito —a quien no afectaban directamente estas pesquisas— transfirió esa cantidad a Larsen en 2012 a través de una de sus sociedades instrumentales en Bahamas.
El fiscal también exonera a Yves Mirabaud, presidente del banco del mismo nombre, que había sido imputado por no hacer las comprobaciones adecuadas sobre el motivo de la donación al monarca. La entidad sí es condenada a pagar 50.000 francos suizos (alrededor de 50.000 euros) por no haber informado al MROS, un organismo suizo antiblanqueo, del “carácter inusual” de los fondos recibidos por Larsen en su cuenta en esa entidad.
Está por ver qué consecuencias tiene este movimiento en la triple causa que comanda desde hace más de un año la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre las comisiones del AVE a La Meca, la fortuna oculta en la isla de Jersey y el uso de tarjetas opacas a espaldas de Hacienda. La Fiscalía tiene intención de archivar también esta triple investigación sin denunciar al monarca emérito pero por el momento se ha dado más tiempo para analizar toda la documentación recibida de las autoridades de Jersey.
AVE a La Meca
La sospecha de Bertossa era que ese dinero fue fruto de una comisión ilegal por la intervención del monarca para lograr que las empresas españolas hiciesen una sustanciosa rebaja en las obras del AVE a La Meca. Pero esta hipótesis tenía el problema de que una operación de corrupción en ese sentido habría supuesto que fueran los españoles los que pagaran por obtener ese contrato, no al revés, dice el diario suizo. Además, el ahora rey emérito recibió los 100 millones de dólares en 2008, tres años antes de la adjudicación del contrato.
Bertossa inició estas pesquisas en 2018 tras la publicación de unos audios en los que Larsen atribuía a Juan Carlos I el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en ese país. La conversación había tenido lugar en Londres en 2015 con el comisario jubilado José Villarejo, actualmente acusado por múltiples delitos, y el expresidente de Teléfonica Juan Villalonga.
Tras la publicación de esos audios, el fiscal suizo inició una investigación y detectó el rastro de una supuesta donación a la empresaria en unos registros en los despachos de Dante Canonica y de Arturo Fasana, un gestor de fondos radicado en Ginebra viejo conocido de la policía y los jueces españoles, pues manejó las cuentas ocultas en Suiza del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa.
La investigación reveló después que Fasana había ingresado en agosto de 2008 en una cuenta en la banca privada Mirabaud a nombre de la fundación panameña Lucum —cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I y el segundo Felipe VI— los citados 100 millones de dólares procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí y que en 2012 el monarca había transferido ese dinero a Larsen. En el marco de estas pesquisas, Bertossa solicitó formalmente información a España sobre la investigación que sigue aquí del AVE a La Meca y viajó a Madrid a reunirse con los fiscales de Anticorrupción y el juez del caso Villarejo.
Según los abogados de la empresaria alemana, se trató de “un obsequio” del monarca tras cinco años de relación extramatrimonial con ella. Pero esa transacción también es clave en la demanda que ha presentado contra Juan Carlos I en el Reino Unido y que puede poner en aprietos al monarca. Según Larsen, ese supuesto acoso incluyó amenazas y difamaciones, así como “vigilancia” tanto “encubierta” como “visible” por parte de agentes del rey emérito y de los servicios secretos españoles. Todo ello, según su versión, con la intención de que reanudaran su relación o le devolviera o volviera a poner a su “disposición para su uso” ese dinero.
“Mi inocencia era evidente desde el principio y este episodio ha servido para dañar aún más mi imagen en el marco de la campaña continua de desprestigio contra mi persona por parte de ciertos intereses españoles. Mientras tanto, los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Permanecen impunes”, ha dicho este lunes la empresaria en un comunicado en el que recuerda que ha sido “finalmente” exonerada tras tres años de investigación.
Bertossa también sopesó que el dinero pudiera provenir de una “una gestión desleal de fondos públicos” por parte del antiguo rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz, ya fallecido, que era el monarca cuando el Ministerio de Finanzas de su país donó supuestamente 100 millones de dólares a Juan Carlos I. Pero, según informa la Tribune de Genève, el fiscal no llegó siquiera a enviar comisión rogatoria alguna a ese país para intentar validar esta hipótesis. Quizá porque parece a todas luces inconcebible que la petromonarquía acuse a uno de sus antiguos reyes de desvío de fondos, sostiene el diario helvético. La monarquía de Arabia Saudí ha tenido estrechas relaciones con los Borbones en las últimas cuatro décadas.