Un fiscal del Supremo critica la “falta de lealtad institucional” de sus compañeros por pedir la retirada de una enmienda del PSOE

El fiscal de sala de siniestralidad laboral, Félix Pantoja, ha mostrado su descontento con la iniciativa de 16 de sus compañeros de instar a la retirada de una enmienda parlamentaria del PSOE relativa al Estatuto del Ministerio Fiscal. Pantoja, fiscal del Supremo y miembro de la misma junta de fiscales de sala de la que ha partido la carta a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, entiende que la actitud de casi la mitad de sus integrantes supone una “falta de respeto y lealtad institucional y sentido de servicio al que venimos obligados los trabajadores públicos” y muestra su sorpresa por el texto que han remitido esta semana a Delgado.

Tal y como adelantó elDiario.es, un total de 16 fiscales de sala del total de 33 se han dirigido por carta a Dolores Delgado a cuenta de una enmienda del PSOE sobre la futura modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal. El escrito estaba firmado entre otras por las ex fiscales generales María José Segarra y Consuelo Madrigal, los fiscales del procés y miembros con la trayectoria de Elvira Tejada, Rosana Morán o el ex fiscal Anticorrupción Manuel Moix.

Según este grupo de fiscales, la mitad de los integrantes de la considerada como cúpula del Ministerio Público, la enmienda que propone el grupo parlamentario socialista representa “un reforzamiento de la relación de dependencia del Fiscal General del Estado respecto del Gobierno” así como una “quiebra importante de la autonomía y de la independencia” de la Fiscalía. La junta de fiscales de sala tiene como función principal asistir a la fiscal general en materia doctrinal: criterios de interpretación de la Ley, resolver consultas, elaborar memorias y circulares, preparar proyectos cuando haya que elevarlos al Gobierno y cualquier asunto que la Fiscalía General quiera poner en su conocimiento. Tiene, en total, 33 miembros incluyendo los cargos natos como el de la propia Delgado.

Esta enmienda, la número 603, recoge que el Gobierno podrá pedir información a la Fiscalía en “aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer”, allí donde la norma actual dice que podrá solicitar esta información cuando “no exista obstáculo legal respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal”. La enmienda también añade más controles al proceso en otro artículo: “Se hará por escrito y de modo debidamente registrado en el soporte que reglamentariamente se determine por conducto del Ministro de Justicia a través del Fiscal General del Estado”, dice el texto.

La petición de los 16 fiscales de sala para que Dolores Delgado traslade sus quejas al PSOE no es unánime, y el fiscal Félix Pantoja ha dirigido un escrito a sus compañeros en el que plasma su perplejidad por su iniciativa. “Me sorprende, y no acabo de entender, cómo es posible que alguien, en su condición de funcionario público, con formación jurídica y sentido democrático e institucional, pueda solicitar a una alta autoridad del Estado que inste al Parlamento, donde reside la soberanía del pueblo español, a que, éste, renuncie a tramitar y discutir, precisamente en sede parlamentaria, lo que considere respecto de un proyecto de ley”, dice.

Es una iniciativa que, a juicio de Pantoja, implica que un grupo parlamentario tendría que retirar una enmienda “porque unos funcionarios discrepan de su contenido” y eso le lleva a explicar su descontento: “Lamento como ciudadano y como fiscal, lo que esta actitud supone de falta de respeto y lealtad institucional y sentido de servicio al que venimos obligados los trabajadores públicos”.

Félix Pantoja es fiscal desde 1983 y llegó al Tribunal Supremo en 2005 después de pasar por distintos destinos en Cádiz, Málaga, Madrid y Gipuzkoa. Estuvo en el Consejo Fiscal entre 1987 y 1990 y también fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. Fue promovido a fiscal de sala en noviembre de 2020 junto con Esmeralda Rasillo y María José Segarra.

Elecciones en el Consejo Fiscal

La carta fue remitida hace unos días a Dolores Delgado, que en estos momentos se encuentra convaleciente, sin agenda ni actividad, después de una intervención quirúrgica de urgencia. La misiva llega en un momento especialmente convulso en la Fiscalía con una parte de la carrera, comandados por la conservadora Asociación de Fiscales (AF), cuestionando abiertamente la política de nombramientos de Dolores Delgado, ahora también las iniciativas parlamentarias tramitadas en otro poder del Estado, y a las puertas de que se celebren elecciones al Consejo Fiscal, el mayor órgano de representación de la carrera.

Esos comicios al Consejo Fiscal tendrán lugar el próximo 4 de mayo. En la actualidad, este organismo está formado por 11 integrantes además de la propia fiscal general del Estado. Ella es miembro nato junto con la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde y la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz. Del resto de miembros, cinco pertenecen a la Asociación de Fiscales y cuatro a la Unión Progresista de Fiscales. Los más de 2.500 fiscales que hay en nuestro país votarán a sus representantes, por tanto, dentro de unos días.

Las acusaciones de la Asociación de Fiscales a la política de nombramientos de Delgado han sido constantes en el último año, apuntando sobre todo a aquellos nombramientos de fiscales pertenecientes a la UPF, asociación de la que es miembro la fiscal general. Desde el nombramiento de Juan Ignacio Campos como teniente fiscal del Tribunal Supremo - en el que se abstuvieron - pero también criticando abiertamente, por ejemplo, la gestión del caso de Ignacio Stampa, uno de los fiscales del caso Villarejo, y pidiendo su dimisión.

Esta asociación también se ha dirigido al comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, para criticar la reforma del Estatuto Fiscal para que la fiscal general sea ascendida a fiscal de sala cuando abandone el puesto. Desde la Unión Progresista de Fiscales, sin embargo, consideran que la AF defiende en los tribunales posiciones contrarias a las que ponen encima de la mesa del Consejo Fiscal y que su objetivo es “socavar” a la fiscal general y al propio Consejo.

El Consejo Fiscal fue creado en 1983 y tiene entre sus funciones asistir a la fiscal general. Entre sus múltiples funciones está, además de este asesoramiento, elaborar informes sobre ascensos, resolver expedientes disciplinarios, instar reformas, intervenir en la planificación de la formación de los fiscales y las dos con más proyección pública: elaborar informes preceptivos aunque no vinculantes sobre anteproyectos del Gobierno y participar en el nombramiento de altos cargos del Ministerio Público.

El caso de Eduardo Esteban

Recientemente el Tribunal Supremo ha anulado uno de estos nombramientos. El de Eduardo Esteban como fiscal de sala y delegado de menores en marzo de 2021 frente al candidato de la Asociación de Fiscales, José Miguel de la Rosa, tras estimar un recurso del candidato y otro de la asociación en dos sentencias distintas.

El Tribunal Supremo obliga a Delgado a repetir el nombramiento pero de manera motivada en una resolución dura: “Hay una diferencia entre ambos aspirantes tan llamativa hace que decaigan las razones que deduce la Fiscal General del Estado en su propuesta sobre la capacidad del nombrado, pues no razona por qué considera que, pese a tales diferencias tan manifiestas, aun así don Eduardo Esteban Rincón es más idóneo para ese cargo especializado”.