El fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, afirma en la propuesta de informe que debatirá este martes la Junta de Fiscales de la Sala Penal que en la causa de Tsunami Democràtic “no concurre el tipo penal de terrorismo” y califica de “demasiado abiertos” los indicios tenidos en cuenta por el juez de la Audiencia Nacional para solicitar la imputación en esta causa de Carles Puigdemont. La atribución al expresident de acciones de “matiz terrorista” podría dejarle fuera de la amnistía que negocian PSOE y Junts.
El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que, en este momento, no hay “indicios racionales de criminalidad” contra el expresident que justifiquen una investigación en su contra por Tsunami Democràtic e indica al juez Manuel García Castellón que “debe continuar las investigaciones”. En consecuencia, rechaza que el Supremo asuma la competencia de la investigación abierta hace cuatro años sobre los altercados independentistas que siguieron a la publicación de la sentencia que condenó a los líderes del procés.
El informe, de 69 páginas, trata de desmontar los indicios a los que apunta el juez para construir una vinculación terrorista en esta causa. Se refiere, principalmente, al encierro de los controladores aéreos en la torre de control del aeropuerto de Barcelona, impidiéndoles la salida del edificio, así como al bloqueo de pasajeros en el propio aeropuerto, por el cierre de las salidas, en los que García Castellón ve “posibles actuaciones terroristas”.
A este respecto, el fiscal señala que el encierro de los controladores aéreos en la torre de control fue en todo caso “un delito de coacciones”. Redondo está afiliado a la conservadora Asociación de Fiscales y ha defendido en varios artículos de prensa que la ley de amnistía para los encausados por el procés que todavía no se ha aprobado es anticonstitucional.
El fiscal general desmiente haber presionado
La difusión, este domingo, de las conclusiones de este informe fue acompañada de polémica. Varios medios publicaron que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dio indicaciones a Redondo y que éste había pasado de ver terrorismo en la causa de Tsunami a asumir una tesis contraria tras reunirse con el fiscal general. Este lunes, el máximo representante del Ministerio Público ha negado en un comunicado “las informaciones que afirman que ha influido en la decisión” de Redondo. Ha anunciado, además, que va a requerir formalmente a los medios que han difundido informaciones sobre esas supuestas presiones para que rectifiquen la información difundida, sin perjuicio de ejercitar, en su caso, las acciones que resulten oportunas.
Además, el propio Redondo ha difundido a través del gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado un contundente comunicado en el que afirma que García Ortiz no le dio “ninguna instrucción” y que ni siquiera leyó una copia del informe como él mismo le ofreció. El fiscal sostiene que redactó un primer borrador interno, como documento de trabajo, sin carácter de documento procesal. Y que, varios días después, tras hacer un “profundo y exhaustivo” estudio de los hechos elaboró otro texto en el que defiende que los hechos no constituyen un delito de terrorismo. Añade, además, que ese segundo informe lo redactó “varios días antes” de reunirse con el fiscal general y que así consta en su sistema informático.