Los sectores más conservadores de la judicatura y la fiscalía llevan semanas evidenciando que no van a quedarse de brazos cruzados ante la posibilidad de que el PSOE y las fuerzas independentistas aborden el carpetazo definitivo al procés a través de una ley amnistía. Todo ello, a pesar de que no hay ningún borrador ni texto preliminar al respecto—al menos, que haya trascendido— y de que el único asunto sobre el que se ha pronunciado hasta el momento el Congreso de los Diputados es la investidura fallida del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
El último movimiento ha llegado por parte de la Asociación de Fiscales (AF), de tendencia conservadora y que representa a alrededor del 25% de los 2.600 fiscales en activo. Esta organización ha elevado su ofensiva contra el Gobierno al solicitar la intervención de Bruselas para frenar cualquier iniciativa jurídica de despenalización de las causas que derivan del 1 de octubre de 2017. Y lo ha hecho, además, señalando de forma expresa los mecanismos que Bruselas ha tratado de utilizar para sancionar a Polonia y Hungría, donde los gobiernos de ultraderecha tienen una crisis abierta con las instituciones comunitarias por sus políticas autoritarias y homófobas.
Así consta en una carta enviada a la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourova y al comisario de Justicia, Didier Reynders, y que lleva la firma de la presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, y de los otros seis miembros de la ejecutiva. En la misiva, fechada el 24 de septiembre y a la que ha tenido acceso elDiario.es, la organización pide a la Comisión Europea que “inste” a España “para que se abstenga de promover una Ley de Amnistía como la pretendida”, obviando que ni el Gobierno —que está en funciones y ni siquiera tiene capacidad para hacerlo— ni los grupos parlamentarios han presentado, por el momento, iniciativa alguna al respecto.
Además, la Asociación de Fiscales reclama que “de persistir la voluntad de promover la citada Ley de Amnistía” la Comisión Europea “pondere la procedencia de iniciar el procedimiento previsto en el artículo 7 TUE, para constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte del estado español de los valores contemplados en el artículo 2 TUE”.
El artículo 7 contempla la posibilidad de sancionar a un Estado miembro —incluso con la pérdida del derecho a voto— en caso de incumplimiento de valores europeos como la independencia judicial o vulneraciones relativas a la libertad de expresión, la corrupción o los derechos de las minorías. Este es el artículo que el Ejecutivo comunitario invocó hace un lustro para actuar contra la deriva de Polonia y Hungría, aunque el procedimiento está prácticamente en suspenso porque ambos países se protegen mutuamente.
En todo caso, para activar ese mecanismo contra España la hipotética ley de amnistía tendría que estar en vigor. Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es explican que en el proceso legislativo de derecho interno de los Estados que forman parte de la UE no existe un sistema de alerta temprana que conlleve un “control previo” sobre las iniciativas legislativas que se proponen para determinar si se adecuan o no al derecho de la UE.
Aunque eso no es óbice para que, llegado el caso de que la iniciativa llegara a presentarse, sí hubiera algún tipo de pronunciamiento público antes incluso de su aprobación. Así ocurrió, por ejemplo, con la proposición de ley con la que el PSOE y Unidas Podemos pretendían rebajar la mayoría parlamentaria para elegir a los vocales judiciales del caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sortear así el veto del PP, que lleva casi cinco años bloqueando la renovación. Entonces, Bruselas advirtió a España de que esa reforma podría vulnerar las normas comunitarias y los socialistas acabaron retirándola sin que se llegara a debatir en el Congreso.
En su carta, los fiscales conservadores dicen que se ven en la “obligación” de “poner en conocimiento” de ambos responsables de la Comisión Europea “la situación a la que se enfrenta el Estado de Derecho en España, en el marco de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo para la investidura como presidente del Gobierno del candidato del Partido Socialista Obrero Español”. Y eso a pesar de que en estos días lo que se ha celebrando en el Congreso es el debate de investidura de Núñez Feijóo.
La Asociación de Fiscales explica que los resultados de las elecciones del 23J han determinado que “ante la incapacidad de los partidos mayoritarios para alcanzar un acuerdo político”, los votos de Junts resultan “decisivos” para decantar la investidura. Y que su líder, Carles Puigdemont, ha “exigido” la concesión de una amnistía “para todas las personas, incluida él mismo, que hayan sido enjuiciadas y condenadas, o cuyos procedimientos se encuentren en tramitación, por cualquier hecho derivado de la promoción, organización y ejecución del ”denominado“ referendum del 1O.
Es una “condición”, prosiguen los fiscales, que ha sido “expresamente descartada” por Núñez Feijóo “pero no así” por Pedro Sánchez. Y es ese el “contexto” bajo el que justifican la carta, pues defienden que “de concederse esa amnistía, se estaría poniendo en cuestión toda la arquitectura jurídico institucional y, en definitiva, el Estado de Derecho en España”.
Su tesis es que como la Constitución prohíbe los indultos generales, que tienen “efectos mucho más limitados”, debe deducirse necesariamente que no admite una medida de efectos mucho más extensivos como es la amnistía. “En definitiva: prohibido lo menos, prohibido lo más”, sostiene la carta. Es la misma argumentación que ha ofrecido su presidenta, Cristina Dexeus, en varias entrevistas realizadas en las últimas semanas. elDiario.es trató de ponerse en contacto con ella este viernes pero no obtuvo respuesta.
Debate público
Más allá de sus efectos prácticos, la carta sí sirve para intentar trasladar a Europa una cuestión que, sin duda, monopolizará el debate público en las próximas semanas. Es una vía que han explorado otros sectores conservadores del ámbito judicial, como algunos de los vocales del CGPJ elegidos a propuesta del PP. Estos consejeros, a los que diversas fuentes dentro del órgano atribuyen un “hilo directo” con el PP, llevaron a Bruselas sus críticas al Ejecutivo por la limitación de hacer nombramientos con el mandato caducado pero también en relación a otras cuestiones que trascienden a la institución de la que forman parte como la reforma sobre los delitos de sedición y malversación.
Lo hicieron haciendo sus propias alegaciones a las preguntas formuladas por la Comisión Europea para elaborar el último informe anual del Estado de derecho al margen del documento que había enviado la Comisión Permanente, que es el núcleo duro del CGPJ. Son los mismos vocales que la pasada primavera promovieron una reunión con representantes del Parlamento Europeo a espaldas del resto de vocales para criticar la ley del ‘solo sí es sí’, uno de los asuntos más complejos que tuvo que abordar el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
De puertas para adentro, la Asociación de Fiscales también publicó recientemente un comunicado en el que criticó el “silencio” del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante la “gravedad” de la petición formulada por Puigdemont, que reclamó que el Gobierno maniobrara “a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado” para lograr “el abandono completo y efectivo de la vía judicial” ante los hechos de octubre de 2017. Fuentes de la Fiscalía reaccionaron ante este comunicado afirmando que la institución sólo se pronunciará, si es que le toca hacerlo, si finalmente se aprueba la ley y ésta se recurre ante el Constitucional.
La Asociación de Fiscales es la misma asociación que el pasado abril invitó a una cena-coloquio en un hotel de Madrid a Núñez Feijóo, una cita que no estaba agendada entre sus actividades. Según desveló El País, fiscales con puestos de nivel en el Supremo como Antonio Narváez o Consuelo Madrigal aprovecharon ese encuentro para expresar su cercanía ideológica con el líder del PP y criticar al Gobierno por la “falta de democracia en los procedimientos legislativos” o por sus alianzas “con los filoetarras de Bildu”.
La cita, a la que también acudió Dexeus, soliviantó al Ejecutivo, que calificó de “gravísimo” un encuentro en el que algunos fiscales hicieron comentarios que chocan con el Código Ético de la carrera fiscal, que recuerda que los miembros del Ministerio Público “deben abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad”.
En los últimos años, la Asociación de Fiscales ha aumentado su dominio en el Consejo Fiscal, que es el órgano de representación del Ministerio Público. Sus nueve cargos electos son los que resultan más votados por todos los miembros de la carrera en unas elecciones abiertas. Tras los últimos comicios, resultaron elegidos seis vocales de esta asociación, dos de la Unión Progresista de Fiscales y uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
La influencia de este órgano en los nombramientos es limitada, pues aunque por ley sus miembros tienen que pronunciarse, la última palabra la tiene el fiscal general. De hecho, el de los nombramientos discrecionales ha sido uno de los caballos de batalla de la Asociación de Fiscales, que ha llegado a recurrir alguno de ellos ante el Tribunal Supremo.