Que la mayoría de aspirantes a juez y fiscal eligen a jueces y fiscales en ejercicio para preparar sus oposiciones no es ningún secreto. Los menos acuden a academias o preparan por su cuenta, pero no existe una estadística fiable sobre cuántos de los miles de aspirantes que se presentan cada año optan por cada método. Pero tal y como publicó elDiario.es, jueces y fiscales en activo que ejercen esa labor de preparación cobran cientos de euros al mes en dinero negro, sin dar cuenta ante la propia Fiscalía y por supuesto sin pasar por filtros de Hacienda. Ahora la Fiscalía General ha exigido que, al menos, declaren si preparan opositores para evitar que puedan también formar parte de tribunales de selección y se ha encontrado con la oposición de las asociaciones de corte conservador de la carrera.
La medida fue adelantada por este periódico y firmada por Dolores Delgado en un decreto de principios de julio en una de sus últimas actuaciones como fiscal general. Un decreto que no obliga a los fiscales a detallar a cuántos alumnos preparan o si cobran por hacerlo, pero sí a explicar si se dedican a esta actividad para no incurrir en incompatibilidad a la hora de formar parte de los órganos de selección de personal. Es decir, evitar que un fiscal forme parte de un tribunal que examina a uno de sus alumnos. Esto se complementa con lo que ya establece el Estatuto del Ministerio Fiscal: no hay que pedir compatibilidad si no se superan las 75 horas anuales y no afecta al horario laboral del fiscal preparador.
Según explican fuentes del Ministerio Público a elDiario.es, se trata de un primer paso para aumentar los controles y que los preparadores estén obligados a informar de alguna manera sobre esta actividad, y que no quede en su mano. La Fiscalía busca establecer controles para una preparación de opositores que es compatible con el trabajo de los fiscales pero que puede llevar a incompatibilidades. La Unión Progresista de Fiscales entiende que este decreto “forma parte de la normalidad en el funcionamiento de la Fiscalía y en el avance en la mejora de la transparencia que nos exige nuestro Código Ético y el nuevo reglamento”.
Un movimiento que no ha gustado ni en la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ni tampoco en la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que acaba de entrar por primera vez en el Consejo Fiscal tras las últimas elecciones con Salvador Viada como vocal. La primera ha emitido un comunicado acusando a la fiscal general de sembrar sospechas sobre los fiscales y la segunda ha ido un poco más allá, presentando un recurso por la vía administrativa contra esta decisión de Dolores Delgado, paso previo a acudir a la vía judicial llegado el momento.
La asociación mayoritaria y conservadora, que en los últimos años ha encabezado la oposición a las medidas y nombramientos de la fiscal general, emitió un comunicado hace unos días. Una misiva en la que destacaban que “no será necesario insistir” en que un preparador no puede formar parte de un tribunal calificador en base a la normativa. Se pregunta, entonces, esta asociación si Delgado ha “interpretado de manera incorrecta” la ley o si esto es una represalia, una “airada reacción” ante el resultado de las últimas elecciones al Consejo Fiscal en las que la Unión Progresista de Fiscales perdió buena parte de sus vocales.
Esta asociación entiende que este movimiento de la Fiscalía General, liderada ahora por Álvaro García, tiene detrás un “deseo de extender una sombra de duda sobre los integrantes de una Institución del Estado, sobre la honorabilidad de quienes servimos al Ministerio Fiscal y por ello de la Institución misma dando pábulo a rumores que hablan de comportamientos poco éticos” frente a las críticas que recibe de esta y otras asociaciones.
Esos “rumores que hablan de comportamientos poco éticos” de los que habla la Asociación de Fiscales son, en realidad, testimonios y datos recabados por elDiario.es en un reportaje de agosto del año pasado. Opositores que relataron cómo recurrían a fiscales en ejercicio pagando entre 100 y 300 euros al mes a sus preparadores, en función de cómo de alto estuvieran en el escalafón. A lo largo de esa investigación, jueces y fiscales reconocieron abiertamente que los pagos se realizan, en algunos casos, en dinero negro, mientras que otros declaran todo lo que cobran por esta actividad.
Una práctica normalizada, conocida sobradamente en el mundo de la judicatura y de las oposiciones pero que en pocas ocasiones da lugar a inspecciones y multas. Mensajes en foros de internet de tutores que se ofrecen para preparar opositores explica que la transferencia bancaria no es una opción: “Si fuera por transferencia, subirían los precios en general de todos los preparadores, y eso lo va a pagar el opositor”, decía uno. Opositores que dieron su testimonio a este periódico fueron claros: “Entre los compañeros lo comentamos mucho porque a todo el mundo le cobran así”.
“Genera una gran inquietud”
La segunda queja ha llegado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que este año ha entrado por primera vez en el Consejo Fiscal con Salvador Viada. “Genera una gran inquietud en la Carrera Fiscal, señala a los preparadores de oposiciones como un colectivo sospechoso y transmite la sensación a la Carrera de que en la Fiscalía son posibles cosas que no ocurren fuera de esta institución”, dice APIF en un comunicado. Denuncia también la “arbitrariedad” del Decreto.
La asociación exigió a Delgado, cuando todavía estaba en el cargo, una rectificación y que se limite a “ordenar el cumplimiento” de la ley a los fiscales que preparen opositores más de 75 horas al año o que “comprometan el recto ejercicio de la función fiscal”, dejando por tanto en manos de los propios fiscales que informen o no sobre esta actividad. Se trata de un recurso previo a acudir a la vía contencioso-administrativa y, por tanto, judicializar este conflicto.
No sería el primero. La oposición de la Asociación de Fiscales contra los nombramientos de Delgado, a quien acusa de favorecer a su antigua asociación al nombrar fiscales de sala, ha llegado al Tribunal Supremo. La sala de lo contencioso-administrativo anuló hace unos meses el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de sala de menores, exigiendo una mayor argumentación a Dolores Delgado para no nombrar a José Miguel de la Rosa, candidato respaldado por la AF. La fiscal general repitió el nombramiento, tal y como reveló elDiario.es.
Otro de los puntos recientes de conflicto entre estas dos asociaciones y Dolores Delgado, así como con el PSOE, llegó con una enmienda que los socialistas querían introducir en la tramitación de la nueva Ley Concursal y que implicaba que los fiscales generales adquiriesen automáticamente la condición de fiscal de sala nada más abandonar el puesto. La enmienda, que finalmente fue retirada, incluía también otro punto que encontró una fuerte oposición: regular más las comunicaciones entre la Fiscalía y el Gobierno cuando se produjeran solicitudes de información.
Tal y como adelantó este periódico, la mitad de los fiscales de sala se dirigió por carta a Dolores Delgado para que instara al PSOE a retirar esta enmienda. Para esos integrantes de la cúpula fiscal, la reforma representaba un “reforzamiento de la relación de dependencia del Fiscal General del Estado respecto del Gobierno” y una “quiebra importante de la autonomía y de la independencia” de la Fiscalía. Otro fiscal de sala, Félix Pantoja, contestó a sus compañeros con una carta que criticaba su “falta de lealtad institucional”.
Esa enmienda fue retirada y la polémica terminó, pero ahora ha sido la Comisión Europea quien ha emitido su informe anual sobre el Estado de Derecho. Un informe en el que la Comisión se hacía eco de esta enmienda del PSOE, ahora desaparecida, y hace una valoración positiva. “Cuando se implemente, esto se considerará como un avance bienvenido, porque respondería a algunas dudas surgidas en el informe de 2020 y también por el GRECO”, dice en su sexta página.