Los fiscales del procés que ejercen la acusación en dos de las grandes causas abiertas en el Tribunal Supremo a las que puede afectar la amnistía —la relativa a los ya condenados y la de los fugados— se plantan contra la orden del fiscal general del Estado de aplicar la ley de olvido penal para todos los delitos relacionados con el 1-O, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.
Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno se oponen a la instrucción que han recibido esta misma mañana para que se posicionaran a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como de levantar la orden de detención que pesa contra el expresident de la Generalitat. En consecuencia, han activado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que permite derivar un asunto a la cúpula de la Fiscalía cuando se considera que se ha recibido una orden “contraria a las leyes” o “improcedente”.
Los cuatro fiscales entienden que los argumentos expuestos por el fiscal general para hacer una aplicación “incondicional” de la ley de amnistía a los delitos de malversación son “manifiestamente insuficientes” y que la orden que les ha dado para aplicar la amnistía a todos los delitos es inadecuada y no se ajusta a la legislación. Reclaman, por tanto, que se ponga en marcha el proceso para llevar el asunto a la Junta de Fiscales de Sala. Solicitan, además, que el fiscal general tenga que dictar “un decreto motivado que acuerde la avocación de la causa” para responder a las preguntas del juez Pablo Llarena sobre cómo aplicar la amnistía, abriendo la puerta a que la causa ya no sea tramitada por ellos.
“Extravagantes” consideraciones políticas
La respuesta de los fiscales llega menos de tres horas después de que el García Ortiz les hiciera llegar un oficio con un mandato claro: la posición de la Fiscalía debe ser favorable a amnistiar todos los delitos relacionados con el referéndum del 1 de octubre de 2017. En su escrito, el fiscal general califica de “insuficientes” los argumentos que esgrimieron estos fiscales —que son los que participaron en el juicio del procés— para poner en duda la posibilidad de amnistiar la malversación. Y cuestiona que incluyeran en su informe “extravagantes” o “intrascendentes” consideraciones políticas. También sostiene que alzar las medidas cautelares que pesan sobre varios de los procesados es una medida no sólo “adecuada” sino “necesaria” de acuerdo a las leyes.
Tras conocerse la respuesta de Zaragoza —realizada en nombre de los cuatro fiscales del procés—, la Fiscalía General del Estado anunció la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala para el próximo martes 18 de junio. El resultado de esa reunión no es vinculante para el fiscal general, al que la ley confiere autonomía para mantener su criterio. Y, en todo caso, la decisión última sobre la aplicación de la amnistía es de los jueces.