Los fiscales del procés trasladan al fiscal general que no ven viable amnistiar la malversación que afecta a Puigdemont

Primer movimiento en el ámbito judicial tras la aprobación de la ley de amnistía. Los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del procés han trasladado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un informe crítico con la norma que pretende el olvido penal de los delitos vinculados al 1-O. En un documento plagado de consideraciones políticas, los fiscales dicen que no ven ‘amnistiable’ la malversación, lo que dejaría fuera de la norma a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Y que, en consecuencia, no procede acordar levantar las medidas cautelares vigentes contra el expresident, contra el que pesa una orden de detención en España. 

La malversación es uno de los tipos penales que, en determinados supuestos, forma parte de las excepciones de la ley. Así, la redacción finalmente aprobada especifica que se incluyen en la amnistía los delitos de malversación “siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento”. Esta es la vía que encontraron el Gobierno y sus socios para tratar de blindar los efectos de la ley para este delito concreto. 

Sin embargo, la tesis de los fiscales es que en el caso de Puigdemont, Junqueras y el resto de condenados o procesados por este delito “existió apropiación de fondos públicos y ánimo de lucro, y por ende beneficio o enriquecimiento patrimonial”. A su juicio, hubo un “indudable beneficio patrimonial e incluso enriquecimiento personal” pues los dirigentes del procés entregaron esos fondos a “los terceros con quienes habían concertado la ejecución de todas las etapas y fases del referéndum inconstitucional”.

Así, defienden que realizaron la llamada modalidad “activa” de “apropiación”, en la que el ánimo de lucro debe existir en quien sustrae los bienes. “Fueron ellos quienes se apropiaron de fondos públicos” y lo hicieron “con ánimo de lucro propio, no de terceros”, lo que, a su juicio, implica que hubo “un enriquecimiento personal al poder disponer para sus ilícitos fines de fondos públicos”. Y añaden: “incorporaron a su ámbito de dominio el dinero ocultado y escondido a los ojos de la Intervención del Estado para sufragar los gastos de su proyecto inconstitucional”. 

Por otro lado, los fiscales sostienen que la malversación tampoco puede ser amnistiada porque otra de las excepciones de ley son las conductas que atenten contra “los intereses financieros de la Unión Europea”. En este sentido, defienden que “la malversación de fondos públicos para financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión”. 

Más allá de consideraciones jurídicas, los fiscales también se permiten en el ámbito político con consideraciones sobre el supuesto respaldo popular a la norma. “La amnistía no formó parte del debate electoral, de modo que la ciudadanía ni fue informada ni fue consultada sobre la misma. No resulta extraño, por ello, que el rechazo a la misma sea ampliamente mayoritario en la sociedad española y que su utilización como moneda de cambio haya generado un clima de crispación y de confrontación en su seno”, dice el informe. La norma ha sido aprobada con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara y el rechazo de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. 

Aunque sin citarlo, los fiscales afean también el, a su juicio, “brusco e inesperado cambio de opinión” del PSOE que “pasó de mostrarse totalmente contraria a la aprobación de cualquier norma que concediera una amnistía (...) a sostener justamente lo contrario en fechas inmediatamente posteriores” a las elecciones del 23 de julio. E incluso se refieren a la frase del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defendió “hacer de la necesidad, virtud” para defender la amnistía. 

En su informe, que han realizado antes incluso de que se lo solicitara el Tribunal Supremo, los fiscales defienden también que sí se puede aplicar la amnistía a los de desobediencia y desórdenes públicos. Estos cuatro fiscales han participado este jueves en un encuentro con García Ortiz para coordinar la actuación del Ministerio Público ante la aprobación de la ley. También han asistido los dos fiscales jefes de sección de lo Penal del Supremo y el fiscal del Tribunal Constitucional. Está previsto que mañana viernes se reúna con los fiscales superiores de Cataluña.

Los firmantes de este informe son los mismos fiscales que durante el juicio del procés defendieron la acusación por rebelión, esto es, que en el procés se utilizó la violencia y que vieron su tesis fracasada en la sentencia de la Sala Segunda, que preside Manuel Marchena. Los acusados fueron condenados por sedición, la acusación que defendió la Abogacía del Estado, y no por rebelión. 

Una de las cuatro fiscales firmantes es Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado con el Gobierno del PP, que desde su puesto en la Fiscalía del Tribunal Supremo publicó una tribuna contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis de la COVID-19. En ella acusaba al poder ejecutivo de “antidemocrático” y de imponer por la puerta de atrás “un verdadero estado de excepción”. Además, el fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas señaló en una entrevista a Madrigal como uno de los dos fiscales del Supremo que le presionaron para que informara a favor de las querellas presentadas contra el Gobierno central por la gestión de la pandemia.