La Fiscalía advierte en su Memoria correspondiente a 2012 de que la agenda de los Juzgados de lo Social, encargados de tramitar las demandas por despido, está “desbordada a años vista”, y admite que los fiscales no pueden asistir a todas las vistas en las que es preceptiva su presencia.
Este es el caso de los procesos de despido en los que se haya invocado la vulneración de derechos fundamentales, cuyo número ha aumentado “considerablemente” debido a la crisis económica. “Ello se ve sin duda cualificado por el matiz jurídico que se deriva del hecho de que de progresar tal invocación se declararía la nulidad del despido y el afectado podría acceder a una resolución de nulidad que propicie la conservación del puesto de trabajo”, señala la Memoria.
El carácter “especial y preferente” de este tipo de procesos “ha actuado como acicate para la interposición de demandas por esta vía para lograr una mayor celeridad en la tramitación y una eventual nulidad del acto impugnado”, dice la Fiscalía, que añade que no puede descartarse que las partes valoren que su presencia “pueda propiciar la flexibilidad negociadora de los demandados”. “Prueba de ello es la relativa habitualidad de conciliaciones in extremis y desistimientos de la alegada vulneración de derechos fundamentales al inicio del juicio”, agrega.
Así, un procedimiento que debía ser “restrictivo y excepcional” se ha convertido “en algo ordinario”, con la consiguiente sobrecarga de trabajo para la Fiscalía, “ciertamente poco preparada para ello, hasta el extremo de no ser pocas las Fiscalías en las que la posibilidad material de atender al servicio en su integridad está seriamente comprometida”, especialmente en las grandes ciudades.
Según la Memoria, las alegaciones más comunes son por discriminación o vulneración de la tutela judicial efectiva y, “en menor medida”, porque el despido está vinculado a bajas por enfermedad o accidente o porque no se ha respetado el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, “donde es relevante la cuestión de género”.
Más delitos societarios por la crisis
Los delitos societarios experimentaron durante el año pasado “un aumento notable”. La Fiscalía destacaque “es indiscutible (...) que la crisis económica ha influido decisivamente en este incremento”. Aunque el Ministerio Público no ofrece cifras del número de asuntos incoados por delitos económicos -“la ausencia de un sistema informático homogeneizado sigue constituyendo a estos efectos un problema irresoluble”, dice-, sí asegura haber detectado también “un ligero aumento” de los relacionados con el fraude en el IVA y en el impuesto de Sociedades.
“Por el contrario, han descendido, bien que no de forma significativa, las denuncias por defraudación de IRPF”, señala la Fiscalía, que agrega que “probablemente haya tenido alguna incidencia en este último dato la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo”, por el que se decretó una amnistía fiscal parcial. Esta medida, que permitía aflorar rentas a un tipo único del 10 % hasta el pasado 30 el noviembre, recaudó en total 1.191 millones de euros, el 47,6 % de los 2.500 millones previstos.
En su Memoria, el Ministerio Público subraya la “negativa incidencia” que la crisis económica tuvo el año pasado en la carga de trabajo de jueces y fiscales. “La crisis económica (...), lejos de remitir, parece que aprieta sus garras, con más fuerza si cabe en la maltrecha economía de nuestro país y con negativa incidencia en el trabajo de Juzgados y Tribunales”, señala el texto elaborado por el fiscal de sala delegado para la coordinación de los delitos económicos.
Éste apela por ello “a la sensibilidad de los fiscales”, a los que pide que “eviten la criminalización de conductas cuya única causa sea la situación económica desesperada del autor”, al tiempo que les anima a “extremar el rigor en la persecución de aquellas actividades defraudatorias que causen directa o indirectamente pérdida de puestos de trabajo o perjuicios a pequeños ahorradores”.
El fiscal se queja además del “retraso” en la instrucción de los procedimientos abiertos por este tipo de delitos, “lo que conduce en muchas ocasiones a buscar conformidades mediante el procedimiento de rebajar sustancialmente la pena, única forma de obtener una sentencia condenatoria”.
Menos siniestros laborales por la crisis
Los descensos registrados en los últimos años en el número de accidentes laborales se han debido principalmente a que con la crisis hay menos personas trabajando, según la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2012.
El organismo asegura que el 65% de la reducción de los siniestros en el puesto de trabajo se debe a la recesión, mientras que el 35% restante a la acción de la Fiscalía. Por ello, descarta que la prevención sea la responsable de esta caída y aconseja evitar “lecturas triunfalistas” aunque las cifras sean buenas.
Desde 2006 -cuando empezó a funcionar la fiscalía contra la siniestralidad laboral- y hasta 2012 los accidentes mortales se han reducido un 53,1 %, los graves o muy graves el 57,6 % y el 56,1 % los leves.
Si se compara 2008 con 2012 los accidentes mortales han pasado de 831 a 444, el 46,6 % menos; los graves de 7.064 a 3.625 (el 48,7 % menos) y los leves de 821.046 a 400.844 (el 51,7 % menos).
A pesar de estas cifras y porcentajes la Fiscalía reitera que “no es oro todo lo que reluce”, ya que la disminución intensa de la siniestralidad ha venido acompañada en la misma proporción por una reducción de la población laboral.