La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la imputación del expresidente del BBVA Francisco González en la pieza en la que se investigan los pagos al comisario jubilado José Villarejo, informan a eldiario.es fuentes jurídicas. Los delitos que le atribuye son cohecho y revelación de secretos. González dejó todos sus cargos en la entidad financiera el pasado marzo.
Junto a González, los fiscales han pedido la imputación de Juan Asúa, que es el asesor de cabecera del actual presidente del banco, Carlos Torres; y de Eduardo Arbizu, que ocupaba hasta el pasado verano el puesto de responsable de Regulación y Control Interno de la entidad. Las empresas de Villarejo facturaron más de seis millones de euros al BBVA solo entre 2012 y 2017.
El material incautado a Villarejo referente a su relación con BBVA motivó la apertura de una pieza separada, la número 9 de la causa Tándem, en la que se investiga el espionaje que encargó la entidad al comisario jubilado en 2004, ante una OPA hostil de Sacyr, y que se prolongó durante 13 años.
Villarejo era entonces funcionario en activo y comisario en la Comisaría General de Policía Judicial, donde estuvo destinado hasta 2010. A partir de esa fecha pasa en comisión de servicio a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, donde se jubila en 2016.
Por los hechos citados, el juez García Castellón acordó el pasado julio la imputación de la entidad “como persona jurídica” por los delitos de revelación de secretos y corrupción en los negocios. Anticorrupción responsabiliza al BBVA de la contratación de “servicios de inteligencia e investigación de carácter patrimonial e ilícito” al comisario.
También está imputado por los pagos del BBVA el inspector jefe jubilado Antonio Bonilla, al que también se investiga en otras piezas del caso Villarejo. Las pesquisas le señalan como uno de los colaboradores de Villarejo que obtenía datos confidenciales de los contactos que conservaba en la Policía.
Espionaje ante la OPA de Sacyr
Moncloa.com y El Confidencial han publicado grabaciones y documentos sobre la relación entre Villarejo y el BBVA a través del exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano, uno de los exponentes del recorrido de mandos policiales hacia bancos, compañías telefónicas, empresas de seguridad y otras firmas del Ibex después de haber mantenido contacto con ellas en su desempeño como funcionarios.
El banco contrató al comisario Villarejo durante tres meses –de diciembre de 2004 a febrero de 2005– para abortar la operación para arrebatar el control de la entidad a Francisco González. El policía habría espiado las comunicaciones del presidente de Sacyr, Luis del Rivero; su consejero, Juan Abelló; y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, así como las de otras empresas, medios de comunicación y gabinetes implicados.
El banco se comprometió a pagar un mínimo de 417.600 euros y un pago adicional de otros 120.000 si la misión se llevaba a cabo con éxito. Finalmente, la compra del BBVA no se produjo y Sacyr desistió de entrar en el consejo después de la falta de apoyo del Banco de España y las acusaciones de “politización”.