La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Pablo Ruz que solicite al FC Barcelona que aporte el contrato o contratos que la entidad firmó con el futbolista brasileño Neymar Da Silva Santos Junior o sus representantes legales así como “los justificantes de las cantidades” que se desembolsaron por este traspaso.
Así consta en un escrito en el que el Ministerio Público pide al juez instructor que reclame esta documentación antes de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella que el portavoz de la plataforma 'Consulta Barça', Jordi Cases, presentó contra el presidente del club, Sandro Rosell, por un delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción.
El fiscal José Perals también pide que el club azulgrana aporte “la parte concreta del informe o memoria económica” relativas a los años 2011, 2012 y 2013 que la Junta Directiva del Barça presentó a la Asamblea General Ordinaria y en los que se da cuenta de los dos contratos que se firmaron con el futbolista.
Perals solicita esta diligencia para “averiguar si los extremos alegados por el querellante son ciertos” y si, como sostiene éste, el Barcelona no ha facilitado la información sobre el contrato de Neymar a la Junta Directiva y sus socios, a pesar de habérselo pedido por burofax.
También argumenta en su escrito que los hechos son competencia de la Audiencia Nacional y no de un juzgado ordinario porque podría tratarse de un delito cometido por españoles en el extranjero, ya que el dinero del traspaso se habría ingresado en un banco brasileño.
Una empresa del padre
El querellante, socio del Barcelona y portavoz de un grupo opositor a Rosell, sostiene que el club fichó a Neymar por 57,1 millones de euros, de los cuales 40 habrían ido a parar a la sociedad Neymar&Neymar (N&N), propiedad del padre del jugador, y 17,1 millones se habrían abonado en concepto de derechos federativos.
A esta cantidad habría que añadir 7,9 millones de euros por un acuerdo sobre tres jugadores del Santos, equipo en el que militaba Neymar, y otros 9 por la celebración de dos partidos amistosos.
El fiscal recuerda que el delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción supone “la gestión desleal de un patrimonio cometido por el administrador cuando perjudica patrimonialmente a la sociedad, distrayendo el dinero cuya disposición tiene a su alcance”.
“Es decir, no se exige un ánimo de tener la cosa como propia bastando el dolo del perjuicio que ocasiona”, explica.
El juez Ruz se dirigió la semana pasada a la Fiscalía para preguntarle si es competente para investigar estos hechos y, en ese caso, qué diligencias debería practicar para averiguar si tienen naturaleza delictiva.
El abogado del querellante, Jordi Cases, propulsor de la fallida moción de censura contra Rosell por el 'caso Qatar', señaló a Europa Press que ha solicitado la declaración de Rosell como imputado y del futbolista como testigo.
A su juicio, aunque Rosell “no se haya apropiado” del dinero, el presidente del Barça debe explicar por qué pagó esa cantidad a la sociedad del padre del jugador.