La Fiscalía cambia de criterio y pide que se investigue al guardia civil que confiesa ilegalidades en una grabación

La Fiscalía Antidroga ha solicitado al juez Santiago Pedraz que deduzca testimonio para que un juzgado de Madrid investigue al brigada que aparece en unas grabaciones confesando presuntos delitos en el transcurso de distintas investigaciones. La fiscal Dolores López Salcedo se opuso a que el suboficial de la Guardia Civil declarara como imputado ante en la Audiencia Nacional, pero después de ese testimonio ha solicitado que el caso vaya a un juzgado local por una cuestión de competencia. 

El juez Pedraz interrogó como investigado el pasado septiembre al guardia civil Sergio B., destinado en el Grupo de Delitos Económicos de la Comandancia de Madrid. El brigada aparece en unas grabaciones asegurando que había colocado balizas ilegales y ordenado interrogar a un detenido sin presencia de un abogado. 

Los letrados de los presuntos narcotraficantes a los que investigaba el brigada en una causa lograron que el juez incorporara las grabaciones, realizadas por una mujer con la que el brigada mantuvo una relación esporádica. Pese al contenido de los audios, la Fiscalía Antidroga se opuso a su imputación, que el juez Pedraz acordó igualmente. 

Durante su declaración en la Audiencia Nacional, el brigada trató de convencer al juez de que estaba fingiendo y que sabía que la mujer era un señuelo de la organización de narcotráfico investigada. La grabación acababa con el guardia civil y la mujer pagando la habitación de un hotel. 

Los abogados de los acusados de narcotraficante solicitaron las diligencias necesarias para constatar que el brigada no se inventaba nada en las grabaciones y que sus afirmaciones tienen reflejo en la realidad. En este sentido, Pedraz acordó solicitar imágenes a la Policía Municipal y a tráfico de uno de los seguimientos con balizas ilegales que la Guardia Civil hizo, para que quede constancia de que el investigado pasaba por los lugares donde el brigada afirmaba. 

A la espera de que esas diligencias sean completadas, la fiscal Antidroga ha informado al juez, a petición de éste, de que los presuntos delitos cometidos por el brigada deben ser investigados en un juzgado de la ciudad de Madrid. Según Antidroga, los delitos presuntamente cometidos por el guardia civil no son competencia de la Audiencia Nacional sino de un juzgado local. En este sentido, añade que debe ser un juzgado de la ciudad de Madrid, al que corresponda por reparto.

En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la fiscal alega que que el resultado de las balizas supuestamente ilegales se incorporó a un juzgado de la Audiencia Nacional con sede en Madrid, por lo que el delito se habría consumado en esta ciudad. Y lo es con independencia de que su colocación se hubiera “planeado y puesto en funcionamiento en la sede de la oficina del investigado”, ya fuera en Las Rozas, Móstoles o Tres Cantos, ciudades donde la Comandancia de la Guardia Civil tiene sus sedes.

“Mi jefe solo quiere que suene”

En las grabaciones, el brigada atiende una llamada de su jefe, el responsable del Grupo de Delitos Económicos, al que da a entender que el teniente es conocedor de las ilegalidades y está al frente de las mismas. “Mi jefe solo quiere que suene”, se le oye en la grabación, refiriéndose a la repercusión mediática de las operaciones de su grupo. 

De esas investigaciones, la más mediática fue la que consiguió que una jueza de Madrid imputara al delegado del Gobierno durante la pandemia, José Manuel Franco, por haber permitido la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020, a sabiendas del riesgo para la población por la expansión de la Covid-19. Los atestados del brigada y su grupo buscaban señalar a miembros del Gobierno, pero resultaron ser un cúmulo de conjeturas, tergiversaciones y bulos con sesgo ideológico. La causa resultó archivada después de un enorme terremoto político en plena crisis pandémica .

El juez Pedraz se centra en las presuntas actividades ilegales de los guardias civiles en relación con el caso que investiga en su juzgado, el de narcotráfico y blanqueo. El brigada y la mujer que le grabó mantuvieron tres encuentros después de hablar durante meses por teléfono. El audio corresponde a la última cita y se produce en distintos escenarios: un restaurante, un coche, la recepción de un hotel… La mujer declaró como testigo y le contó al juez que grabó al guardia civil porque otras veces ha tenido problemas con las mujeres de hombres casados con los que ha mantenido relaciones. 

En un momento de la cita, el brigada recibe una llamada de alguien a quien llama “técnico”, una expresión militar para referirse al grado de teniente, su jefe directo. Este le informa presuntamente de que han detectado la moto de un investigado en un gimnasio de Madrid. Al colgar, el brigada aprovecha para explicarle a la mujer detalles de la investigación pese a que supuestamente sabía que la mujer era una enviada de los narcos. 

También le explica cómo funcionan estos instrumentos de geolocalización, que le envía los posicionamientos a su teléfono móvil. Termina asegurando que las colocan sin autorización judicial y remata: “Yo soy el más ilegal de los ilegales”. La Guardia Civil ha retirado al brigada del grupo investigador y le ha asignado temporalmente un puesto administrativo en la Comandancia de Madrid.