La Fiscalía considera “libertad de expresión” los bulos contra el Gobierno por la Covid-19 y archiva la denuncia de Unidas Podemos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia interpuesta por el grupo parlamentario de Unidas Podemos en relación con varios contenidos difundidos por las redes sociales durante el confinamiento en los que se manipulaban contenidos para acusar falsamente al Gobierno durante la gestión de la crisis sanitaria. El Ministerio Público enmarca la confección y difusión de esos bulos o “fake news” en plena pandemia en el ejercicio de la libertad de expresión. 

“No puede restringirse ni perseguirse penalmente una opinión solamente por ser contraria al Gobierno y por considerar que las imágenes que se acompañan a la misma no se ajustan a la realidad, y mucho menos cuando la conducta no encaja en la tipicidad de los delitos que se dicen cometidos”, zanja el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Unidas Podemos atribuía a los responsables de la difusión de los bulos los delitos de injurias y calumnias al Gobierno, desórdenes públicos y organización criminal.

Uno de los mensajes que incluía la denuncia reproducía un vídeo de un hospital de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil acompañado del siguiente texto: “Quieres ver la realidad que te oculta el Gobierno? Pues es ésta. Grabado hoy con cámara en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. No son 1000 muertos diarios. Son muchos más. Tirados por el suelo, en bolsas, como perros”. 

Según el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, “se trata de meras manifestaciones críticas contra la acción del Gobierno a raíz de su gestión ante la tragedia provocada por el virus Covid-19”. “Y aun cuando se acompañen de una infografía y de un vídeo que no obedecen a la realidad actual –prosigue–, lo cierto es que tales imágenes, en esencia, si responden a la realidad constatada oficialmente, y que es la de que en nuestro país están muriendo miles de ciudadanos como consecuencia del virus”.

El Ministerio Público concluye que no se puede considerar una injuria o calumnia contra el Gobierno el hecho de hacer pasar unas imágenes de otro país en otro momento por un hospital español para atacar la acción del Ejecutivo. “No es un dato relevante a la hora de considerar los hechos como constitutivos” de los citados delitos, escribe. La injurias, añade, suponen “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación” mientras que la calumnia se produce al imputar un delito “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

Jesús Alonso va más allá al afirmar: “La imagen (de Ecuador) sí obedece a la realidad, el enorme número de fallecimientos que diariamente tenían lugar en nuestro país (más de 800 personas al día durante una semana), que obligó a habilitar en la Comunidad de Madrid dos tanatorios provisionales en sendas pistas de hielo para poder tramitar todo lo relativo a la inhumación de los cadáveres debido al desbordamiento de los tanatorios de Madrid y ciudades limítrofes. De hecho, finalmente aparecieron imágenes en algunos medios de comunicación similares a la del tuit publicado (decenas de féretros alineados)”.

El fiscal asegura que no se informaba del número de muertos

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional opina además que “hubo un problema sobre la gestión del elevado número de fallecimientos que a causa del virus se estaban produciendo en nuestro país, dato que no era conocido con certeza y que motivó una lógica preocupación en la ciudadanía”.

Con independencia de la falsedad de las imágenes, Alonso recuerda que la jurisprudencia establece que “los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a un hombre político y, en definitiva, respecto a las actuaciones de un poder del Estado.

El fiscal jefe destaca además que en el mensaje “no hay improperios, insultos, expresiones malsonantes, sino una opinión sobre la responsabilidad del Gobierno en la gestión de la crisis del Covid-19 en el sentido de que se estaba ocultando el número real de fallecidos”.

Unidas Podemos ha ampliado su denuncia en varias ocasiones, pero en la que adjuntaba el vídeo falso del hospital madrileño incluía otro en el que sí se vierten insultos al Gobierno, pero que no es analizado en este escrito de la Fiscalía, de fecha 29 de junio. En ese otro vídeo, una persona que dice ser transportista muestra el contenido un supuesto material sanitario fabricado en España que va a ser enviado a otros países y que en realidad eran folios. Añade que hay para cargar “200 camiones” y añade que el español es un “Gobierno de hijos de puta”. Fiscalía tampoco hace referencia a al subinspector de Policía que lo amplificó en las redes sociales, Alfredo Perdiguero, identificado en su denuncia por Unidas Podemos y al que el Ministerio del Interior evitó expedientar.

Otro de los delitos que atribuía la denuncia de los diputados Enrique Santiago y Juantxo Uralde era el de desórdenes públicos al considerar que la difusión de estos contenidos simulaban una situación de alarma. Aquí, el fiscal asegura que el estado de alarma era tal porque así lo decretó el Gobierno y que una encuesta del CIS concluyó que el 96% de los encuestados manifestaron estar “bastante o muy preocupados” por la crisis de la Covid-19, por lo que los mensajes no provocaron ninguna preocupación adicional. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que durante el último Gobierno del PP impulsó la persecución penal de comentarios en redes sociales, incluyendo chistes, y formalizaba acusaciones por enaltecimiento del terrorismo, asegura ahora que mensajes con falsedades como los denunciados por Unidas Podemos es “un ejercicio de crítica esencial para la libertad de los individuos en una sociedad democrática” y que los ciudadanos, a través de ellos, “fiscalizan” y “controlan la acción del poder”.