El origen de la investigación de la financiación irregular del PP de Madrid fue la incautación en octubre de 2014 de una agenda a Francisco Granados en la que aparecían anotaciones de entradas y salidas de dinero. Allí aparecían las iniciales del gerente Beltrán Gutiérrez. Y las de un empresario afín al partido, Javier López Madrid. Ocho años después, esa agenda es papel mojado, al menos en lo que se refiere al empresario, que es exculpado por Anticorrupción con el argumento de que no hay más indicio contra él que ese.
López Madrid, yerno del fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, es uno de los cerca de cien investigados para los que Anticorrupción pide el archivo de las actuaciones en esta pieza 9 del caso Púnica. Y lo es con los mismos indicios que sirvieron para imputarle en su momento, hace ya cinco años, tras las investigaciones de la Guardia Civil y la petición de la propia Fiscalía especializada.
El criterio general de Anticorrupción es que el tiempo pasado entre unas elecciones autonómicas y otras (2007-2011), en las que Esperanza Aguirre arrasó con la ayuda de un delito electoral, elimina la posibilidad de que hubiera un delito continuado en el tiempo y por tanto se aplica la prescripción que sirve para archivar la causa contra decenas de investigados.
Respecto de López Madrid, el fiscal Alejandro Cabaleiro, el único de los tres del caso que ha firmado el escrito de conclusiones, afirma: “El único hecho presuntamente que no se encontraría prescrito [para López Madrid] es el vinculado con el delito electoral de las elecciones autonómicas del año 2011 y, respecto de las mismas, más allá de las anotaciones manuscritas de Francisco José Granados Lerena, en orden a sumas que entran, salen y cómo se reparten, no existe otro indicio que permite afirmar que Francisco Javier López Madrid hubiese realizado aportación irregular”.
Según aportaron de forma indiciaria la propia Fiscalía, la Guardia Civil y los dos jueces del caso, Granados y López Madrid se repartieron 500.000 euros de una partida de 2,1 millones de euros que la constructora OHL habría prestado a la financiación del PP madrileño en las elecciones autonómicas de 2011 o las europeas de 2014.
En la página 119 de la citada agenda aparecían dos columnas y debajo de cada una de ellas, anotaciones. En una se leía IN y en otra, OUT. La Guardia Civil concluyó que debajo de la primera había entregas de dinero negro para el partido. Bajo la segunda estarían las salidas de esas cantidades para los gastos del partido.
La relevancia de aquella agenda es vital para la causa. El hallazgo precedió a otro que permitió demostrar la caja B del partido porque provocó la autorización del registro de la casa del gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. En el suelo de un armario, como si se hubiera deslizado desde una prenda, los agentes de la UCO hallaron el pendrive que delataba el sistema de financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre.
La exculpación de López Madrid por Anticorrupción apunta a que el yerno seguirá el mismo camino que Juan Miguel Villar Mir, para quien la Sala de lo Penal dictó el archivo de la causa con la oposición de Anticorrupción. En realidad, con la oposición de las fiscales que llevaban el caso en aquel momento porque su compañero Cabaleiro se limita a repetir en su escrito de conclusiones las que presentaron los jueces de la segunda instancia: “Examinados los libros y archivos del órgano de gobierno de OHL, no consta que ninguna de las referidas operaciones mercantiles, por su escasa cuantía, fueran elevadas al conocimiento o consideración del Consejo de Administración de OHL ni de ninguna de sus comisiones”.
Contra López Madrid, escribe Cabaleiro, “lo cierto es que únicamente son dos hechos que le vincularon a la presente [pieza 9], a saber, las posibles existencias de entregas de dinero en efectivo de forma irregular para financiar las campañas electorales del Partido Popular de Madrid, así como aportaciones a a Fundescam a través de su hermano y de la empresa OHL”.
“Sin embargo, la única aportación que ha podido ser claramente constatada en cuanto que existió sin duda alguna, fue la realizada a la fundación Fundescam por Germán López Madrid (20.000 euros) en el año 2007”. A continuación añade que se desconoce por qué el hermano de Javier López Madrid hizo aquello y que tampoco se puede responsabilizar a los familiares de los actos de otros.
López Madrid e Ignacio González, también exculpado en la citada pieza 9, se sentarán en el banquillo por otra ramificación del caso Púnica, la del tren a Navalcarnero. La Fiscalía pide en este caso seis años de cárcel para López Madrid por el amaño de la adjudicación de las obras en beneficio de OHL. Se le atribuyen delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo y falsedad en documento mercantil.
En el escrito de Anticorrupción, de 860 páginas, aparece López Madrid mencionado en otros puntos no vinculados a los indicios contra él. Por ejemplo cuando dice que fue el exconsejero delegado de Indra, expresidente de PRISA y actual presidente de Openbank, Javier Monzón, quien le presentó a Alejandro de Pedro, el gurú informático de la trama. Se da la circunstancia de que el sumario de Púnica recoge conversaciones entre López Madrid y De Pedro en las que el primero le traslada al segundo la dirección exacta de la doctora Elisa Pinto. Por el acoso a la mujer y las lesiones que le produjeron, López Madrid será juzgado junto al comisario Villarejo.
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