INVESTIGACIÓN

La Fiscalía cree que el marido de Esperanza Aguirre pudo evadir impuestos con la venta del Goya

Marcos Pinheiro

6 de septiembre de 2021 22:46 h

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La Fiscalía sospecha que Fernando Ramírez de Haro, marido de Esperanza Aguirre, pudo esquivar el pago de impuestos por el cuadro de Goya que el matrimonio vendió en 2012 al empresario Juan Miguel Villar Mir por más de cinco millones de euros. El Ministerio Público ha pedido a la jueza que investiga esa operación que reclame la declaración de la renta de Ramírez de Haro del año 2013 que, además de determinar el posible delito fiscal, aclarará si esa declaración se hizo de forma conjunta con la expresidenta madrileña, que también figura como querellada en este caso porque participó en la venta de la pintura.

El informe de la Fiscalía, al que ha tenido acceso elDiario.es, afirma que si Ramírez de Haro no declaró en 2013 la venta del cuadro, habría defraudado a la Hacienda Pública más de 600.000 euros. Eso “daría lugar a la aplicación del subtipo agravado previsto en el artículo 305 bis del Código Penal”; esto es, delito fiscal penado con entre dos y seis años de cárcel. Por ello, la fiscal del caso pide a la jueza que reclame a la Agencia Tributaria esa declaración de la renta.

La causa que investiga el juzgado de Instrucción número 26 de Madrid parte de la querella de Íñigo Ramírez de Haro, hermano de Fernando, y que sostiene que este último se apropió de un cuadro de Goya que pertenecía a la familia, lo vendió por su cuenta sin repartir los beneficios entre los seis hermanos y no tributó por ello. La venta se produjo cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid, administración competente para proteger el cuadro como Bien de Interés Cultural, cosa que no hizo.

El cuadro es un retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, marqués de Villanueva del Duero y uno de los antepasados de la aristocrática familia política de Esperanza Aguirre. La pintura se fue heredando dentro de la familia Ramírez de Haro: Ignacio, el suegro de la expresidenta madrileña, lo lucía en su salón, aunque sin conocer su auténtico valor. Ignacio Ramírez de Haro falleció en 2010 a los 92 años y es ahí cuando se origina la disputa familiar que ahora se dirime en los juzgados.

El cuadro debería haber formado parte de la herencia de Ignacio a sus hijos, pero no fue así. Fernando Ramírez de Haro se lo quedó para él. En 2012 se presentó en un notario donde firmó una declaración en la que aseguraba que su padre le había donado en exclusiva esa obra. No había documentación alguna que sostuviera esa afirmación: era una “donación verbal” que incluía la pintura de Goya, una cincuentena de cuadros y otras antigüedades. Su padre no podía negar la versión; había muerto año y medio antes.

Íñigo, hermano de Fernando y cuñado de Aguirre, denunció ante la justicia que esa presunta donación era falsa, una artimaña para hacerse con el Goya –y el resto de antigüedades– para luego venderlo. Y así fue: un mes después, la empresa de subastas Sotheby's avisó del importante valor del cuadro, confirmó que su autor había sido Francisco de Goya, que se trataba de una obra inédita y que su valor rondaba los siete millones de euros. Unos meses más tarde, el empresario Juan Miguel Villar Mir pagó por él 5.115.600 euros.

El cuñado de Aguirre defiende que la donación verbal de su padre a su hermano nunca se produjo y que el acuerdo familiar consistía en vender el cuadro para repartir los beneficios entre los herederos cuando muriera su madre. Asegura que su hermano trató de hacer pasar la donación por verdadera relatando ante notario que se produjo el 30 de mayo de 2006, el día de San Fernando, para dar la apariencia de que era un regalo por su santo. Íñigo sostiene que su hermano, en esa operación para apoderarse del cuadro y venderlo, cometió un delito fiscal al no declarar la donación y evitar pagar por ella.

La Fiscalía, sin embargo, cree que el delito fiscal pudo darse en la venta. En 2012 Villar Mir, el empresario dueño de OHL e inmerso en una operación urbanística con la Comunidad de Madrid, compra el cuadro por más de cinco millones de euros. En aquel momento Fernando Ramírez de Haro estaba al borde de la quiebra, una situación que afectaba a la propia Aguirre por su matrimonio en régimen de gananciales. El cheque por valor de cinco millones de euros se ingresó en una cuenta de la que son titulares ambos, tal y como reveló elDiario.es.

La fiscal María López Orejas sostiene en su escrito que, si como se desprende de la querella, Fernando Ramírez de Haro no incluyó en su declaración del IRPF de 2013 esa venta, se produjo efectivamente un delito fiscal penado con cárcel. Y por eso ha pedido a la jueza que reclame a la Agencia Tributaria esa declaración, algo que la magistrada tendrá que decidir en las próximas semanas. La defensa del cuñado de Aguirre sostiene que esa declaración permitirá saber si se hizo de manera conjunta con la expresidenta madrileña, y determinará su participación en los hechos.

Así, esa vía de investigación determinará quién tiene razón y si ha habido infracción fiscal con el cuadro de Goya. El marido de Aguirre sostiene que fue todo legal: se produjo una donación de un cuadro de cinco millones de euros, y al venderlo él por esa cantidad, su patrimonio no sufrió variación por lo que no tenía nada que declarar.

La defensa de su hermano Íñigo cree, por contra, que la donación de 2006 fue falsa, y se basan en que en un testamento de 2008 firmado por el padre de ambos, este hace constar que el cuadro sigue siendo de su propiedad y está colgado en el salón de su casa. Los abogados creen que o hubo delito en la donación, por no declararlo entonces, o hubo delito en la declaración del IRPF de 2013.

La Fiscalía rechaza el resto de diligencias

El informe de la Fiscalía, sin embargo, rechaza el resto de vías de investigación en las que había pedido profundizar el cuñado de Aguirre. Íñigo Ramírez de Haro presentó inicialmente una querella por la división y liquidación de la herencia de su padre, pero en el proceso han ido apareciendo otros indicios de delito que ha pedido investigar. Salvo el fiscal, el Ministerio Público rechaza ahondar en el resto.

Por ejemplo, Íñigo Ramírez de Haro había pedido investigar a su hermano Fernando por el delito societario y de administración desleal, blanqueo de capitales, quiebra fraudulenta y alzamiento de bienes. Los asocia todos a su papel como administrador único de las empresas familiares Salvias y Ganadera Borno. Afirma que impuso “acuerdos abusivos” en su perjuicio y se quedó con subvenciones agrícolas de la Unión Europea. Añade que despatrimonializó la sociedad familiar.

En cuanto a la venta del cuadro, además del fraude fiscal, Íñigo Ramírez de Haro sostiene que hubo delitos patrimoniales y falsedad. La Fiscalía no entra a valorar si hay delito o no en la venta de la pintura y la administración de las empresas, se limita a decir que no puede acceder a la diligencias de investigación por una simple razón: Íñigo y Fernando son hermanos. La ley dice que los “hermanos por naturaleza o adopción” no pueden ejercer acciones penales unos contra los otros.

Así, la Fiscalía sostiene que Íñigo no “está legitimado” para ir contra su hermano por esos delitos, pero sí por el fraude fiscal, que es un delito público, por tanto, apoya que se investigue la declaración del IRPF del marido de Esperanza Aguirre.