La Fiscalía del Tribunal Supremo ha emitido informe solicitando que se reactiven las órdenes europeas e internacionales de detención contra los exconsellers del gobierno de Carles Puigdemont Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluis Puig, todos procesados en relación al 'procés' independentista y huidos de la justicia.
En el caso de Ponsatí y Comín, huidos a Escocia y Bélgica, respectivamente, la Fiscalía pide al instructor de la causa, Pablo Llarena, que emita nueva reclamación internacional por los delitos de sedición y malversación, en línea con la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a otros miembros del Govern por los hechos ocurridos en Cataluña en el otoño de 2017.
En el caso de Lluis Puig, el Ministerio Público pide que la detención se efectúe por delitos de desobediencia y malversación, en línea con la misma sentencia.
“La emisión de esta nueva reclamación, tras el dictado de la sentencia, permite ajustar de modo exacto la orden internacional de detención y la euroorden a los hechos y títulos de imputación que se han establecido en la sentencia firme del Tribunal Supremo”, dice el escrito de Fiscalía.
El Ministerio Público expone que en los tres casos “se cumplen los requisitos establecidos por la legislación de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la UE que permite a la autoridad judicial española dictar orden de detención y entrega”.
“En consecuencia, habiendo sido dictada sentencia firme y siendo esta condenatoria, resulta procedente que se acuerde por el Instructor la prisión, y consecuente busca y captura a tales efectos”, añade el escrito firmado por Javier Zaragoza y Fidel Cadena.
De acordar Llarena la decisión instada por Fiscalía serían ya 4 las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra de los procesados en relación a estos hechos fugados de la justicia, puesto que el mismo día en que se firmó la sentencia, el instructor reactivó la reclamación sobre Carles Puigdemont, quien ya ha comparecido ante la justicia belga.
Por el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre la situación de la secretaria general de ERC, Marta Rovira -huida en Suiza-, y cuyo caso, según avanzaron a Efe fuentes jurídicas, examinará con más detenimiento dado que en el país helvético no funciona la euroorden. En el caso de la exconsellera Meritxell Serret y la exdirigente de las CUP Anna Gabriel, las fuentes consultadas indicaron a Efe que la Fiscalía descartará pedir la euroorden contra ambas.